La situación en el VRAE es muy preocupante. En los últimos once meses se han producido 17 ataques del narcoterrorismo en los que han muerto 52. Entre las víctimas figuran 38 militares, diez policías y cuatro civiles. Las acciones han dejado asimismo 43 militares heridos (fuente: El Comercio, 05/09/2009). Lo más lamentable es que aún no se avizora una solución a un problema que empieza a cobrar dimensiones considerables.

Por años se pensó que el tema del terrorismo era un tema superado, y que los rezagos no constituían peligro alguno, al menos en un marco mayor. Esto llevó a que, como ha indicado el ministro de Defensa Rafael Rey, se desactivaran bases contra subversivas en la zona durante el gobierno de Toledo. Sin embargo, la intensificación del conflicto en el VRAE ha hecho que se active el sentido de urgencia. En la medida en que los brazos del narcotráfico se han seguido extendiendo en el Perú (se espera que nuestro país se convierta en el principal productor de hoja de coca el 2010 o 2011), el flagelo de la violencia política ha vuelto a figurar en la agenda de la opinión pública.

Pese a que el debate ha vuelto al primer plano y que, con excepción de algún candidato presidencial de fuste, los políticos han tomado conciencia del problema que se enfrenta, los avances en la lucha en el VRAE han sido incipientes, sino nulos. Esto pese a la decisión del gobierno de enfrentar el problema desde el 2007, cuando se creó el Comando Especial VRAE. En agosto de 2008 se dio inicio a la operación “Excelencia” para ocupar Vizcatán, lo que llevó a la instalación de cuatro nuevos campamentos antiterroristas. En enero de este año se creó la región militar del VRAE (El Comercio, 08/09/2009).

La versión de ciertos sectores de las Fuerzas Armadas es que la situación no ha empeorado. Argumentan, en vez, que a raíz del aumento del patrullaje en la zona se han producido más emboscadas (El Comercio, 07/09/2009). Eso generaría la sensación de que se está retrocediendo, cuando no es el caso. Los remanentes estarían “enganchados”, lo que en jerga militar significa que están circunscritos a un ámbito reducido (El Comercio, 06/09/2009).

Avances o no, lo cierto es que el ministro Rey ha anunciado en los últimos días un cambio en la estrategia militar aplicada en el VRAE, pero no ha dado indicios claros de por dónde irán los cambios, pues considera ilógico revelarlos. Ha puesto algunas generalidades sobre la mesa: incremento de recursos para la compra de equipos de combate, refinamiento del trabajo de inteligencia y mejora de las condiciones en las bases.

Lo que aún no queda claro, y eso se arrastra por lo menos desde la gestión del ministro Flores Aráoz, es qué sucede con el dinero que el gobierno ha asignado o se ha comprometido a asignar al VRAE. En 2006 se asignaron 142 millones de soles para mejoras socioeconómicas, cifra que ascendió a 400 millones este año (El Comercio, 08/09/2009). El gobierno debería aclarar si la estrategia de promover el desarrollo social de esas zonas ha traído beneficios. Todo indica que no es mucho lo que se ha avanzado en ese aspecto, que el Estado no ha logrado aliarse con los pobladores de esos valles. Si es así, ¿significa eso que sólo se debe atender la estrategia militar? ¿Es acaso iluso hablar de una estrategia social en un área de difícil acceso en la que el Estado debe garantizar ante todo el fin de la violencia?

La disyuntiva entre promoción social y estrategia militar implica dos formas distintas de ver el problema. Los que consideran que se trata meramente de un conflicto armado sostienen, como el vicepresidente Luis Giampietri, que hay que declarar el VRAE, o al menos ciertas partes, zona de combate, de modo que se despeje el área de población civil. En vez, los que defienden la idea de que se trata también de un conflicto social, recuerdan la importancia de que la población esté involucrada en la lucha contra el narcoterrorismo. En un artículo reciente (El Comercio, 04/09/2009), Jaime de Althaus propone recuperar las rondas campesinas para que sus líderes encabecen la modernización tecnológica de sus comunidades:

Hay que recuperar a estas rondas, comenzando por las de las partes altas del VRAE, de la sierra contigua a ese extenso valle, que es donde salen los brazos para la cosecha de la coca y para el transporte de la droga. En esta ocasión, en lugar de darles armas, habría que proporcionarles instrumentos tecnológicos para que puedan salir de la pobreza, conectarse al mercado y romper la dependencia de la economía de la coca.

El sentido común diría que, pese a las dificultades de competir en el terreno económico con el narcotráfico, cualquier estrategia estatal debería incluir el plano social. En ese sentido, iniciativas como las de Althaus merecen atención. Donde parece faltar más creatividad es en el ámbito militar. El ministro Rey tiene la palabra.

Ignazio De Ferrari