La base de todas las sociedades grandes y duraderas ha consistido, no en la mutua voluntad que los hombres se tenían, sino en el recíproco temor. Thomas Hobbes
(1588-1679 Filósofo y tratadista político inglés)
El mundo no es el mismo luego de los ataques a los Estados Unidos en aquel fatídico 11 de?setiembre del 2001. Sus efectos y consecuencias alteraron no sólo las relaciones internacionales, sino también la gestión del Estado y la forma en la que este se relaciona con los ciudadanos cambiando desde entonces las vidas de millones de personas en el globo.
Hasta antes de esta fecha la búsqueda de la eficiencia era el valor más apreciado en el Estado, y durante las décadas de los ochenta y noventa se implementaron iniciativas inspiradas en la gestión empresarial para hacer que las entidades públicas sean más ágiles?en la prestación de los servicios públicos usando de mejor forma los recursos públicos, pues como decía el ex vicepresidente de los Estados Unidos Al Gore era necesario “Crear un Estado que trabaje mejor y cueste menos”.
Sin embargo, luego de estos dramáticos sucesos, la búsqueda de seguridad se convirtió en el nuevo valor a perseguir, y a partir de ello se produjeron cambios en la administración pública orientados a sustentar la ofensiva contra el enemigo terrorista.
Dentro de la Administración de los Estados Unidos se produjo una importante reflexión contenida en el “Informe 11 de Setiembre”, elaborado por una comisión especial de congresistas de todos los partidos, que entre otras cosas aconsejó mejorar la coordinación entre las entidades vinculadas con la seguridad y defensa nacional a través de una coordinación central y la mejora de la cooperación entre entidades.
Para ello se creó el Departamento de Seguridad Interior entidad que actualmente lidera las acciones de seguridad interior del gobierno federal, estatal, local, sector privado y de los propios ciudadanos mejorando la coordinación de agencias como la CIA, el FBI y el propio Departamento de Defensa que hasta entonces tenían mayor autonomía en sus funciones.
Cálculos conservadores estiman que en estos diez años de guerra permanente se han gastado alrededor de cuatro trillones de dólares lo cual ha llevado a prestar menor atención a políticas de desarrollo social y cooperación internacional, generando un déficit presupuestal que está trayendo problemas económicos en todo el mundo. Es sintomático que en el actual plan de ajuste presupuestal, planteado por el gobierno de Obama, se haya considerado limitar los salarios de todos los empleados públicos a excepción de los que trabajan en agencias de seguridad o el Departamento de Defensa.
Estos cambios también afectan el estilo de vida de la población quienes han tenido que acostumbrarse a vivir en un permanente “estado de alerta” que se muestra, por ejemplo, en el uso de escáneres humanos en los viajes internacionales, el cierre de calles y espacios públicos ante amenazas de bombas, la revisión exhaustiva de cada caja y contenedor que entra a los puertos estadounidenses, entre otras medidas –hasta entonces inusuales- de seguridad.
Pero también hoy se aplican medidas muy discutibles que han relativizado los derechos humanos, como por ejemplo la llamada “Ley Patriota” que permite interceptar las comunicaciones de las personas con la finalidad de prevenir ataques terroristas, el uso de la tortura para obtener información utilizada en Guantánamo, o la reciente muerte de Osama Bin Laden – vista por las principales autoridades de Estados Unidos en tiempo real- a quien se le dió muerte sin mediar un juicio de por medio.
A nivel internacional los diferentes países del mundo han privilegiado la discusión de aspectos relacionados con la seguridad, el tráfico de armas, la corrupción generándose nuevos instrumentos internacionales para mejorar la cooperación entre los países como la Convención de Naciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, entre otros.
Sin embargo, diez años después el mundo sigue siendo un lugar inseguro; y para muchos pueblos el origen de sus desgracias y pobreza tiene como única explicación las intervenciones militares de los Estados Unidos que se asumen como una imposición de los valores y estilos de vida norteamericanos sobre la realidad heterogénea y multicultural del mundo.
Quizás entonces cabe preguntarse si ha llegado la hora de enfrentar la amenaza terrorista desde una óptica mucho más amplia y menos confrontacional. En esa senda el papel de la administración pública debería cambiar en favor de un mayor reconocimiento de los múltiples intereses existentes en una sociedad, de un mayor respeto a los derechos de la ciudadanía y sobre todo de una profunda y sana convivencia democrática.