El pasado lunes 19 de abril, el Senado de Arizona aprobó una polémica ley para criminalizar la inmigración de indocumentados. Posteriormente, la gobernadora del Estado se encargó de promulgarla. Las reacciones en contra de la misma han sido masivas, desde marchas en diversas ciudades de Estados Unidos hasta comunicados de distintos gobiernos en América Latina condenando la ley e incluso palabras críticas del propio Presidente Barack Obama. La ley es en parte reflejo de la falta de una política migratoria a nivel Federal en los Estados Unidos, que ha dejado el espacio abierto para que los Estados empiecen a tomar decisiones radicales en la materia. Esta ley no solo bordea lo inconstitucional, si no que discrimina contra los cientos de miles de latinoamericanos en el Estado, y podría establecer precedentes que marquen el futuro de la política migratoria norteamericana.

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