Hemos escuchado del caso FONAVI y el conflicto entre el Tribunal Constitucional y el Jurado Nacional de Elecciones por la convocatoria a un referéndum para la devolución de aportes realizados. No obstante, no todos conocen qué era el FONAVI y por qué existe ese conflicto.
En 1979 la “dictablanda” del general Francisco Morales Bermúdez creó por decreto-ley el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) como un fondo de capitalización solidaria a través de aportes “obligatorios” de empleados y empleadores con el fin de destinar lo recolectado a la construcción de viviendas sociales por la Empresa Nacional de Construcciones y Edificaciones (ENACE). El Estado le exigía a los trabajadores sin vivienda propia aportar al FONAVI con la promesa de construirles casas, mientras a trabajadores con casa propia y empresarios les imponía la aportación como “solidaridad” con quienes no tenían vivienda.
No obstante, el propio decreto-ley dejó abierta la puerta para que el Estado pudiera utilizar los aportes del fondo para financiar obras públicas ajenas a la construcción de viviendas sociales. El dinero del FONAVI terminó mal usado en construir carreteras, cañerías de agua potable, colegios estatales o centrales hidroeléctricas y no viviendas sociales. El gobierno de Acción Popular, al menos, rindió cuentas de qué hizo con el dinero. El gobierno del APRA y la dictadura posterior no rindieron cuentas de nada.
En 1992 se liquidó ENACE y desaparece la política de viviendas sociales. En 1998 se desactivó el FONAVI, su poco dinero pasó a formar el capital del Fondo Mivivienda y el aporte se convirtió en el Impuesto Extraordinario de Solidaridad. Finalmente en 2003, el nuevo impuesto fue eliminado.
Varios ex fonavistas no se quedan tranquilos y recaban firmas para presentar un proyecto de ley a través del Jurado Nacional de Elecciones para la devolución de aportes. Cuando el Congreso rechaza debatirlo, empezaron a recoger firmas para convocar un referéndum que someta a votación su propuesta. No cayeron –o no quisieron caer- en la cuenta que la Constitución de 1993 prohíbe el referéndum para materias tributaria y presupuestal y que el Tribunal Constitucional en fallos anteriores reconoció los aportes al FONAVI como tributos.
Cuando, tras cumplir el número legal de firmas, el Jurado Nacional de Elecciones declara improcedente el referéndum, los ex fonavistas se van al Tribunal Constitucional que antepone el Código Procesal Constitucional de 2004 a la Constitución de 1993 y anula el fallo del Jurado, autorizando el referéndum. Desconociendo su jurisprudencia, el Tribunal ahora dice que los aportes al FONAVI no eran tributos. Los ex fonavistas se han llenado de esperanza e impaciencia.
Desde 2002 el Tribunal Constitucional delibera como si la Constitución de 1979 estuviese vigente e interpreta “antojadizamente” las normas del país: basta ver sus sentencias en materia laboral. ¿Cómo salir ahora de ese lío institucional? Si el Tribunal no cede y sigue considerándose el ser y la encarnación del “imperio de la ley”, definitivamente no habrá salida.
Por Gian Carlo Orbezo Salas, columnista invitado
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