Mucho se ha hablado y escrito en las semanas que siguieron al escándalo de corrupción en el Poder Judicial. Todos coincidimos en que una reforma profunda es necesaria. Pero los tres actores centrales, Poder Judicial, Congreso y Ejecutivo parecen estar entrampados. Mientras el Poder Judicial resalta su independencia, el Ejecutivo y el Congreso buscan ejercer presión, pero no dan en el blanco.
Ayer, viernes, el presidente saliente del Poder Judicial, Walter Vásquez Vejarano, se volvió a reunir con el presidente Alan García. La reunión se dió luego de que surgieran discrepancias por el tema de la reducción de sueldos. El Ejecutivo había pedido que la ley de reducción de sueldos para servidores públicos también se aplique los jueces. Con esta ley, un juez de la Corte Suprema pasaría a ganar 15 600 soles mensuales en vez de los 26 mil que gana en la actualidad (fuente: Radio Programas del Perú.)
La noche del jueves 28 el Congreso aprobó, con 72 votos a favor, uno en contra y 16 abstenciones, una modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial (fuente: Perú 21) que permite esta reducción. La modificación era necesaria porque, en el artículo 186, esta ley confiere a los magistrados el derecho a “percibir una remuneración acorde con su función, dignidad y jerarquía la que no puede ser disminuída de manera alguna”.
Al respecto, Vásquez Vejarano había declarado que la rebaja es inconstitucional y que, de concretarse a partir del primero de enero próximo, acudiría a los tribunales internacionales. Estas declaraciones se sustentan en la Constitución que confiere de alguna manera autonomía al Poder Judicial (artículo 145).
En medio de esta discusión parece haberse perdido de vista el tema de fondo, el de la reforma judicial. En vez de discutir el sueldo de los magistrados deberíamos estar viendo cuáles son las estructuras necesarias para hacer del Poder Judicial un órgano más eficaz y justo.
Una de las propuestas que se venían comentando es la de disminuir la carga procesal de la Corte Suprema. La idea es que solamente los casos de mayor relevancia e interés lleguen hasta la Corte Suprema.
Sólo así será posible que la Corte Suprema se dedique a sus principales funciones: Resolver cuestiones de fondo, aquellas que requieren un profundo trabajo argumentativo y conducen a un fallo que sirve como orientación a los demás jueces confrontados con casos similares. La otra función de la Corte Suprema consiste en conducir al Poder Judicial y reformarlo ahí donde sea necesario.
El actuar del Ejecutivo y del Congreso se debe, al menos en parte, a que existe la sensación de que es poco lo que la Corte Suprema ha hecho en este sentido.
Hay que reconocer que algo se está moviendo en el Poder Judicial: La Corte Suprema ha instalado siete comisiones de trabajo para trabajar en el tema de la reforma. Además, ha dictado 41 medidas inmediatas que, lamentablemente, no están disponibles en la página web del Poder Judicial ni en los medios de comunicación.
La página web del Poder Judicial solamente informa que las medidas “están referidas a cuestiones administrativas, agilización de los trámites jurisdiccionales e impulso de la lucha contra la corrupción” (fuente: presione acá).
Parece, pues, que tendremos que esperar hasta que los servidores del Estado decidan contarnos qué es lo que se está haciendo.
Enlaces de interés:
Ley Orgánica del Poder Judicial (documento en formato DOC).
Imagen tomada de la página web de la universidad de Erlangen-Nürnberg, Alemania (http://www.precht.wiso.uni-erlangen.de/startseite/)