El debate sobre el aborto en el Perú
Tuesday, 27 October 2009
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En el Perú y el resto del mundo, pocos temas son tan controversiales como el aborto. Nuestro país tiene un código penal que prohíbe el aborto salvo cuando la vida de la madre corre peligro. Europa, Rusia, China, Norteamérica y países latinoamericanos como Brasil, Argentina y Uruguay tienen una posición más liberal.
A pesar de la oposición radical de la Iglesia Católica, el Perú podría dar un pequeño paso hacia la liberalización del aborto. En el Congreso, la Comisión Revisora del Código Penal ha recomendado permitir el aborto en casos de violación y cuando el feto sufre serias malformaciones.
El debate ha dividido no solamente al gobierno. Una reciente encuesta de la Universidad de Lima arroja un empate técnico cuando la pregunta es si se debe permitir el aborto por violación. Sin embargo, hay una marcada diferencia de opinión entre los estratos sociales.
Según la encuesta, el sector con ingresos económicos más altos muestra un claro respaldo a la despenalización del aborto por violación: un 61,5% está a favor. Otro es el resultado en el sector con los ingresos más bajos. Aquí, solamente el 22% de los encuestados aprueba la despenalización mientras que un 73% se muestra en contra de cambiar la ley (fuente: El Comercio).
La encuesta también plantea el aborto por malformación del feto. En este caso, un 60% de los encuestados con los ingresos más altos se muestra a favor de esta posibilidad, mientras que en el sector con menos ingresos el respaldo solamente alcanza el 39%.
Los encuestadores de la Universidad de Lima vienen planteando ambas preguntas desde el año 2002. Desde entonces, el respaldo general a la despenalización del aborto en casos de violación y de malformación se ha incrementado notablemente: En el primer caso, de 38,1% (2002) a 47,5% (2009) y, en el segundo, de 33,4% (2002) a 51,5% (2009). También es interesante notar que el porcentaje de hombres y mujeres a favor y en contra del aborto no varía de forma significativa.
La enmienda del Código Penal aprobada por la Comisión Revisora sostiene lo siguiente:
No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal en los casos siguientes:
1) Cuando constituye el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave o permanente.
2) Cuando es probable que el ser en formación obedezca o desarrolle graves malformaciones o tareas físicas o psíquicas, siempre que exista al respecto el diagnóstico médico especializado.
3) Cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual, siempre que los hechos hubiesen sido denunciados penalmente, así como de la inseminación artificial o transferencia de un óvulo fecundado no consentidas (fuente: El Comercio).
En el debate público, las acusaciones han predominado por sobre los argumentos. El cardenal Juan Luis Cipriani no dudó en comparar a los defensores de una posición más liberal con el rey Herodes quien, según el envangelio de Mateo, mandó a matar a todos los niños de dos años y menos en Belén.
Pero esta diatriba no debería impresionar a los legisladores ni al Ejecutivo. Como señala Gian Carlo Orbezo Salas en su última columna, “el Estado no puede elaborar políticas públicas ni legislar en función de creencias religiosas o dogmas de fe”. Lo que debe importar es la integridad física, mental y moral de los ciuadanos habidos y por haber.
El debate sobre el aborto está lleno de preguntas irresueltas, difíciles y casi metafísicas. ¿Cuándo empieza la vida humana? ¿Desde la concepción? ¿Desde el anidamiento del óvulo fecundado en el útero? ¿En el momento en que el embrión se convierte en feto? ¿Durante el nacimiento? ¿A los dos o tres años de nacido? ¿O acaso es imposible determinar el momento preciso?
Todas estas preguntas conllevan posibles respuestas que tienen sus defensores. Ninguna posición parece totalmente jalada de los pelos. Es por ello que, en vez de insultar al estilo del cardinal Cipriani, debemos aprender a respetar opiniones divergentes por más que no estemos de acuerdo.
Más allá del plano normativo y moral, sin embargo, está un asunto pragmático y palpable: El bien de las mujeres embarazadas que deciden abortar. En la crónica semanal, Ignazio De Ferrari hace notar que la actual prohibición del aborto engendra una terrible discriminación hacia las mujeres que no tienen recursos suficientes para pagar un aborto en condiciones médicas aceptables (o para obtener la píldora del día siguiente, cuya distribución pública acaba de ser vetada por el Tribunal Constitucional).
En vez de reducir la cantidad de abortos, la prohibición legal lleva a muchas mujeres desesperadas a terminar el embarazo en condiciones absolutamente espeluznantes. Según un reciente artículo del diario El Mundo de España, el aborto clandestino es la tercera causa de mortalidad materna en el Perú:
Cada día llegan decenas de mujeres de escasos recursos económicos a emergencias con infecciones, hemorragias y perforaciones causadas en abortos clandestinos, confirma el decano del Colegio Médico, quien explica que la Maternidad de Lima ha sido testigo de dramáticos casos en los que mujeres desesperadas se han lanzado por escaleras, se han golpeado el vientre con objetos contundentes e incluso han utilizado agujas de tejer y palitos de anticucho para autoinducirse un aborto. Por la penalización del aborto, las mujeres temer acudir de inmediato a urgencias y finalmente van cuando las infecciones están en estado muy avanzado, lo que convierte al aborto clandestino en un problema de salud pública (fuente: El Mundo).
Las autoridades políticas no pueden cerrar los ojos frente a esta realidad. Según un estudio de la ONG Flora Tristán (fuente: El Mundo), los abortos clandestinos en el Perú sumarían más 370 mil por año. Es una cifra muy alta, sobre todo si la comparamos con países que tienen una posición bastante más liberal frente al aborto. Alemania, por ejemplo, permite el aborto cuando el embarazo afecta la integridad psíquica de la mujer, lo cual hace que la cantidad de abortos clandestinos, o aquellos realizados en el extranjero, sea relativamente baja.
Las estadísticas oficiales alemanas hablan de 114 mil abortos durante el año 2008 (fuente: presione aquí). Tomando en cuenta que Alemania tiene 82 millones de habitantes, la mitad de ellos mujeres, podemos hablar de un aborto por cada 360 mujeres. En el Perú, con alrededor de 28 millones de habitantes, tendríamos como mínimo un aborto por cada 38 mujeres.
Estos números muestran la urgencia de repensar las políticas de salud reproductiva en el Perú. Un buen gobierno es aquel que contribuye al bienestar de sus ciudadanos – ricos y pobres, hombres y mujeres. Los argumentos morales son, sin duda, importantes, pero no deberían servir como pretexto para mantener leyes que, en vez de mejorar la situación de las mujeres embarazadas, tan sólo agravan la tragedia.
Por Bernd Krehoff
Imagen tomada de: http://www.perudefiendelavida.com/
