Gobierno espera fallo del Tribunal Constitucional

El gobierno decidió no retirar la demanda de inconstitucionalidad contra la ordenanza Cuaresma. Se espera el fallo del TC, que podría abrir un nuevo frente de conflicto en la alianza de gobierno PP-FIM.

Referéndum en compás de espera

El 5 de agosto, los presidentes regionales de todo el país amenazaron al gobierno con suspender la realización del referéndum para las macroregiones previsto para el 30 de octubre. Las autoridades buscan de esa manera presionar al ejecutivo para que apure la transferencia de recursos a sus circunscripciones.

Un muerto y 19 heridos en enfrentamientos en minera Majaz

Nuevos enfrentamientos entre mineras y campesinos. Esta vez, el choque entre un millar de ronderos y alrededor de cuatrocientos policías dejó como trágico saldo un muerto y 19 heridos.

Gobierno espera fallo del Tribunal Constitucional

El presidente del Consejo de Ministros lo había adelantado: el gobierno no retiraría la demanda de inconstitucionalidad contra la ordenanza Cuaresma presentada ante el Tribunal Constitucional (TC). Es que luego de que el presidente Toledo no saliera en defensa del desairado Carlos Bruce, algunos llegaron a pensar que el gobierno daba marcha atrás.

Días después, el 5 de agosto, 31 congresistas de diferentes bancadas se sumaron a Ferrero y presentaron una nueva demanda ante el TC. De los 34 congresistas de Perú Posible (PP), sólo 15 se sumaron al pedido, lo que demuestra las divisiones en el partido de gobierno en torno a la legalización del cultivo de la hoja de coca en los tres valles cuzqueños.

Las dos demandas de inconstitucionalidad se basan en argumentos similares. Consideran que el gobierno regional del Cuzco carece de competencias para emitir una ordenanza de ese tipo, que la ordenanza es, a su vez, ambigua y que podría sentar precedente y abrir el paso para el cultivo generalizado de la hoja de coca.

Mientras se espera el fallo del TC, parece haberse declarado una tregua entre el gobierno y su aliado el FIM, principal defensor de la ordenanza. Si lo que finalmente el TC dictamine no favorece al FIM, entonces se verá si la alianza continúa.

Referéndum en compás de espera

El 5 de agosto, los presidentes regionales de todo el país amenazaron al gobierno con suspender la realización del referéndum para las macroregiones previsto para el 30 de octubre. Las autoridades buscan de esa manera presionar al ejecutivo para que apure la transferencia de recursos a sus circunscripciones.

Concretamente, los presidentes regionales exigen el cumplimiento de la Ley de Incentivos Tributarios y la reglamentación de la Ley de Descentralización Fiscal, la adecuación de la legislación a la nueva estructura orgánica de las regiones y la aprobación del programa de transferencias de competencias, funciones y proyectos.

Ante la incertidumbre por el desconocimiento de los montos exactos que transferirá el gobierno como incentivo para la formación de las macroregiones, el APRA propuso retrasar un año la celebración del referéndum. El líder de ese partido, Alan García, manifestó además que las macroregiones no se han formado siguiendo criterios técnicos.

El premier Carlos Ferrero intervino rápidamente para anunciar que los presidentes regionales no están facultados para decidir la suspensión o no de la consulta popular, puesto que se trata de una decisión tomada por el Congreso.

Como se recuerda, el 30 de octubre están llamados a votar siete millones de peruanos que decidirán la conformación de las primeras cinco macroregiones.

Un muerto y 19 heridos en enfrentamientos en minera Majaz

Los conflictos entre las mineras y sus poblaciones aledañas siguen tiñendo de sangre la sierra peruana. Los habitantes de las zonas próximas tienen una visión distinta en torno a los beneficios que traen la extracción de los minerales. A su vez, las mineras no han sido capaces de elaborar una estrategia de comunicación que les permita llegar a los comuneros.

Esta vez el conflicto se inició el 31 de julio en la población de Majaz, provincia de Huancabamba, Piura. El enfrentamiento entre un millar de ronderos y alrededor de cuatrocientos policías dejó como trágico saldo un muerto y 19 heridos. Los ronderos de zonas cercanas a Río Blanco, donde se encuentra el campamento, acusan a la minera de contaminar las aguas de los ríos que los abastecen con sus actividades de exploración de cobre.

Según el viceministro de Minas, Rómulo Mucho, detrás de los enfrentamientos hay intereses políticos. El funcionario responsabilizó a Patria Roja de incitar a la población a revelarse contra la minera.

El proyecto de Majaz presenta defectos de nacimiento. En enero del 2003, Majaz presentó su Evaluación Ambiental (EA) al Ministerio de Energía y Minas (MEM), pero ese organismo se lo devolvió con observaciones. La principal observación era que Majaz no se había acercado a la población para que ésta conociera los detalles del proyecto. Tampoco había acuerdo entre ambos para realizar el proyecto.

Ignazio De Ferrari