Perú-Chile: De encontrón en encontrón
Las relaciones entre Perú y Chile se tornaron ásperas luego de que la cancillería peruana emitiera una nota de protesta en que reprocha a Chile la venta de armas a Ecuador en pleno conflicto del Cenepa. Chile no se demoró en responder. Calificó la protesta de “inaceptable”.
¿El capital no tiene nacionalidad?
El 3 de mayo, la Comisión de Transportes del Congreso aprobó el proyecto de ley que prohibe inversiones chilenas y ecuatorianas en puertos y aeropuertos peruanos. El proyecto – que fue aprobado por unanimidad – pretende salvaguardar la seguridad nacional. Los empresarios están en desacuerdo.
Yo acuso
La Comisión que investiga a Perú Posible (PP) por el caso de las firmas falsas presentó su informe final. En él se acusa a Toledo de diversos delitos por haber participado en la “fábrica de firmas” montada por Perú Posible para asegurar su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Perú-Chile: De encontrón en encontrón
Las relaciones entre Perú y Chile se tornaron ásperas luego de que la cancillería peruana emitiera una nota de protesta en que reprocha a Chile la venta de armas a Ecuador en pleno conflicto del Cenepa. Chile no se demoró en responder. Calificó la protesta de “inaceptable”.
La protesta peruana se basa en un informe interno elaborado por los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores. Según este informe estaría comprobado “que por lo menos se entregó, durante el conflicto armado, material militar consistente en municiones de 9 milímetros, en un número indeterminado”. Según el mismo informe, las municiones habrían sido transportados por aviones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Cabe remarcar que Chile es país garante del Protocolo de Río de Janeiro, firmado en 1942, y como tal está obligado a guardar neutralidad en caso de conflicto.
Chile, por su parte, no considera necesario volver a pronunciarse sobre hecho pasados. El portavoz del gobierno chileno, Francisco Vidal, dijo con respecto a la protesta peruana: “La nota señalada hace referencia a una situación que fue aclarada hace diez años y que ambos gobiernos dieron en su momento por superada, hecho fundamental que omite el comunicado oficial de Perú”.
El gobierno peruano tiene derecho a pedir explicaciones si nuevos indicios así lo ameritan. Pero la forma en que el asunto es manejado debería ser más prudente. Las declaraciones públicas del Primer Ministro, Carlos Ferrero, solo han servido para atizar los sentimientos en ambos lados. Ferrero se encargó de cancelar los encuentros programados entre Perú y Chile a nivel de ministros (el “2+2”) y a nivel militar. Además, Ferrero anunció la paralización de las negociaciones sobre un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile.
Si Chile no está dispuesto a disculparse, las pataletas de Ferrero menos lo van a conseguir. ¿Por qué no aceptar los canales de diálogo ya establecidos para allí discutir la situación con la tranquilidad y seriedad que el caso amerita?
¿El capital no tiene nacionalidad?
El 3 de mayo, la Comisión de Transportes del Congreso aprobó el proyecto de ley que prohibe inversiones chilenas y ecuatorianas en puertos y aeropuertos peruanos. El proyecto – que fue aprobado por unanimidad – pretende salvaguardar la seguridad nacional. Los empresarios están en desacuerdo.
El dirigente empresarial Arturo Woodman no dudó en comparar a Jacques Rodrich, principal impulsor del proyecto, con el etnocacerista Antauro Humala. Según Woodman, ambos personajes pretenden “aislarnos de un mundo que va hacia la integración total”.
Rodrich teme que la concesión de puertos y aeropuertos produzca una suerte de imperialismo económico. Sus declaraciones: “Cuando se trata de la seguridad nacional no podemos pensar solo en la integración. Chile y Ecuador tienen sus propios intereses y podrían convertir el Callao en un puerto secundario a los suyos”.
Tesis avezada la de Rodrich. Son empresas y no estados los que invierten en el Perú. Por lo tanto, responden a intereses empresariales. Además, el estado peruano, a través de sus órganos de supervisión, tiene todo el derecho de imponer reglas y límites al accionar de empresas privadas si la seguridad nacional así lo requiere. Por ejemplo, podría encargar la supervisión de los puertos a las Fuerzas Armadas, así como la Policía Nacional se encarga de custodiar el aeropuerto Jorge Chávez que, por cierto, es financiado por capital extranjero. ¿Dónde está el problema?
Yo acuso
La Comisión que investiga a Perú Posible (PP) por el caso de las firmas falsas presentó su informe final. En él se acusa a Toledo de diversos delitos por haber participado en la “fábrica de firmas” montada por Perú Posible para asegurar su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El informe fue aprobado con los votos de Édgar Villanueva, Víctor Velarde (ambos del APRA) y Xavier Barrón (Unidad Nacional). Marcial Ayaipoma (PP) y Heriberto Benítez del Frente Independiente Moralizador (FIM) no acudieron a la votación.
Aún está en disputa si la aprobación del informe es válida, pues el reglamento del Congreso estipula que se requiere la mitad de votos más uno. Al ser cinco los integrantes de la Comisión se habría requerido de 3,5 votos. No está claro si en casos como éste tres votos a favor son suficientes.
Al encontrar a Toledo culpable, el informe recomienda sanciones, aunque sin dar mayores especificaciones:
Todas las infracciones a la Constitución constituyen faltas políticas que disminuyen en grado sumo la confianza depositada por el pueblo en su persona [la del Presidente]. Por estas motivaciones, la comisión recomienda al Pleno la sanción que constitucionalmente corresponda.
¿Cómo seguir esta recomendación? Mientras que Xavier Barrón propone que Toledo sea inhabilitado de ejercer cargo público después de terminar su mandato presidencial, Víctor Velarde plantea que se destituya a Toledo por “incapacidad temporal”.
Al margen de estas declaraciones, la vacancia presidencial resulta poco probable a menos de un año de las próximas elecciones.
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