Uno de los mitos más románticos de la transición democrática iniciada en 2001 afirmaba que la democracia “restablecería los derechos de los trabajadores conculcados por la dictadura”. Ese mito estaba presente en el discurso de la mayoría de políticos.

Diez años después y en plena campaña electoral, sólo el ex comandante Ollanta Humala seguía con lo mismo. Para el resto de los políticos, el mito parece haber desaparecido.

¿Los derechos de los trabajadores fueron “conculcados” durante la década de 1990? El objetivo principal de la reforma laboral de entonces fue flexibilizar el mercado de trabajo eliminando trabas legales y administrativas existentes. En ese camino, se empezó a desmontar la llamada “estabilidad absoluta” y se redujo el poder dominante de los sindicatos equilibrándose un poco la relación jurídica entre empleadores y empleados con un régimen de trabajo más acorde con los ciclos económicos.

Las primeras medidas fueron duramente combatidas. En 1992 el APRA demandó que el antiguo Tribunal de Garantías Constitucionales (dominado por magistrados apristas) declarara inconstitucional los decretos legislativos que reducían los aportes de empleadores y el Estado aumentaban los de empleados a la Seguridad Social. Asimismo, la reconversión laboral (era elocuente ver por TV obreros “encadenarse” dentro de las fábricas, rechazar que las máquinas los reemplazaran y gritar desesperados que “de allí sólo saldrían muertos”) y la implantación del “despido arbitrario” aprobados por el Congreso Constituyente Democrático (CCD) en 1993 causaron violentas protestas callejeras.

Sin embargo, en esos años subieron los costos por contratación y despido que, al final, revirtieron parcialmente la flexibilización. Por ejemplo, la indemnización por despido se elevó a una y media mensual por año trabajado en 1996 y se fortaleció la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) en 1991. Adicionalmente, se dispusieron depósitos semanales para un sueldo anual extra como CTS y para todos en la empresa. Antes era sólo el último sueldo, sin depósito y era restringido sólo a ciertos empleados.

También se reglamentó las “gratificaciones truncas”, que antes no se reconocían. Un trabajador se iba antes de terminar julio o diciembre y no recibía nada. Adicionalmente, se instituyó que tardanzas o faltas no afectan el pago dominical.

Por último, el seguro de vida se amplió a los obreros y se eliminó la restricción de haber laborado mínimo cuatro años para obtenerlo. Para la madre trabajadora se elevó de 40 a 45 días el descanso pre-natal y el post-natal, de 80 a 90 días.

A lo que digo puede dar fe la abogada Beatriz Alva Hart, el economista Carlos Paredes y varios técnicos más que trabajaron en el Estado durante esa época.

Actualmente, cuando el Perú tiene tasas de crecimiento semejantes a China, pero genera tanto o menos empleo que Brasil o Argentina, ese mito no sirve para nada.

Gian Carlo Orbezo Salas

Imagen tomada de: http://morgana-hastacuando.blogspot.com/