El informe final de la CVR se hizo público el 28 de agosto del 2003. Más de dos años después, ¿cuál es el balance de la implementación de las recomendaciones de la Comisión? Los cuatro candidatos con mayores posibilidades de ganar la presidencia han asegurado que harán el seguimiento –a su manera- a dichas recomendaciones. ¿Qué significa esto en un país que sufrió una guerra interna que ocasionó más de 60,000 víctimas?

El jueves 9 y viernes 10 de marzo se llevó a cabo el VIII Foro Público para la Construcción de la Paz y de la Democracia “Diálogo programático: ¿Qué proponen los partidos?” organizado por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica del Perú. El último panel de la segunda jornada del foro tenía como tema central “Derechos Humanos”. Los representantes de UN, UPP, APRA y Frente de Centro coincidieron en que implementarían las recomendaciones de la CVR de llegar al poder.

Antes que cualquier otra cosa, cabe hacer una revisión de las recomendaciones de la CVR, especialmente lo referido a las reparaciones. Las recomendaciones fueron formuladas con el objetivo de, mediante el reconocimiento de lo ocurrido y de quienes fueron las víctimas, lograr la reconciliación de la sociedad peruana. Esta reconciliación debe ser entendida como el cierre de brechas, como aquellas que permitieron que se creyera que las víctimas bordeaban 35,000 personas, dejando casi otras 35,000 víctimas en el olvido.

Las recomendaciones giran alrededor de cuatro ejes: reformas institucionales para lograr un Estado de Derecho real y prevenir la violencia; Programa Integral de Reparaciones; Plan Nacional de Sitios de Entierro; y los mecanismos de seguimiento de las recomendaciones. Dentro del Programa Integral de Reparaciones, se encuentran el programa de reparaciones simbólicas (actos de reconocimiento y recordatorios, entre otros); el programa de reparaciones en salud y el programa de reparaciones en educación. Asimismo, se encuentra el programa de restitución de derechos ciudadanos, que incluye la regularización de la situación jurídica de los desaparecidos y requisitoriados, además de anulación de antecedentes penales, policiales y judiciales para los injustamente acusados y encarcelados; y la regularización de los indocumentados, entre otros.

El Programa Integral de Reparaciones se encuentran a las reparaciones individuales, en forma de pensiones o indemnizaciones. Mientras tanto, el programa de reparaciones colectivas está orientado a promover la consolidación institucional, la recuperación de infraestructura y servicios básicos, y la generación de empleo.

Los representantes del APRA y UPP afirmaron que llevarían a cabo reparaciones individuales a las víctimas de la violencia interna. A su vez, el representante de UN propuso el fortalecimiento de la cultura de los DDHH, y la representante del Frente de Centro planteó que no permitirá la impunidad. Sin embargo, desgraciadamente, el gobierno actual ya sentó el precedente para el incumplimiento de las recomendaciones, y el contexto de campaña aumenta las posibilidades de que estas promesas queden “en el aire” después del 9 de abril.

Como puede verse en los análisis de los planes de gobierno de los diferentes partidos que postulan a la presidencia publicados anteriormente en Perú Político, el tema de los derechos humanos no es de gran importancia para los partidos políticos. Al menos, no tiene la importancia suficiente para ser mencionado explícitamente (salvo en escasas ocasiones) dentro de lo que piensan hacer los partidos si sus candidatos presidenciales llegan a jurar como presidentes el próximo 28 de julio.

Además, no debe olvidarse el nuevo bolsón de votos que representan los miembros de las Fuerzas Armadas que votarán por primera vez en este proceso electoral. Después de la publicación del Informe Final de la CVR, que estipulaba que el 30% de las víctimas fueron producto de las acciones de Agentes del Estado, los reclamos y las acusaciones (y las amenazas) contra los miembros de la CVR no se hicieron esperar. El “espíritu de cuerpo” de las Fuerzas Armadas probablemente será más importante para los candidatos (y para el futuro presidente) que las reparaciones a las víctimas del conflicto interno. Especialmente, si consideramos que fueron entre 60,000 y 70,000 los peruanos que murieron con su país de espaldas a ellos. Si no tuvieron voces en ese momento, ¿qué garantiza que ahora sean lo suficientemente fuertes como para llamar la atención de los candidatos a la presidencia?

Ver también “Protección, señores, para que no continúe la impunidad”.

Mariana Olcese