Es probable que la intención de Pablo Escobar, vocal de una sala penal, sea buena. Faltando tres días para que salgan de prisión por exceso de carcelería, Escobar decidió ayer prorrogar por 20 meses adicionales el plazo de detención para 25 personas. Ellas son acusadas de pertenecer al cártel de Tijuana. La justificación de Escobar: El bien común (seguridad pública) está por encima del derecho individual (a no estar en cárcel sin condena por más de tres años).
No es difícil imaginar el escándalo mediático que la excarcelación de los presuntos narcotraficantes habría producido. Previendo la situación, el vocal Escobar decidió ir contra la ley, suponiendo que su medida contaría con el beneplácito de la ciudadanía. Sus propias palabras fueron: “Éste es un fallo trascendental reivindicativo de los jueces, a quienes siempre se nos acusa de corruptos o cobardes.”
Quizá haya acertado con su estrategia. Al menos el diario La República se manda con un titular que respalda tácitamente a Escobar: “Bloquean liberación de 25 narcos”.
Pero más allá de las circunstancias, el actuar de Escobar reviste un problema fundamental: El bien común no puede estar por encima de derechos individuales. Imagínese, estimado lector, una ley según la cual todos los ciudadanos sospechosos de cometer algún crimen en el futuro deben ser encarcelados a modo de prevención. Incluyamos en este grupo a todos los mendigos y a todos aquellos que no pueden demostrar fehacientemente que cuentan con un trabajo decente. Sin duda, con este medida estaríamos reduciendo significativamente la cantidad de potenciales hampones.
Por otro lado, existe un derecho individual según el cual un acusado no puede ser encarcelado de no existir pruebas suficientes para presumir que existe un delito. Del mismo modo, una persona encarcelada deberá ser puesta en libertad de no existir pruebas suficientes para probar el delito del cual se le acusa. Estas medidas salvaguardan la libertad individual que se traduce en la sentencia latina: in dubio pro reo (en caso de duda, a favor del acusado).
¿Es legítimo ser injusto frente a un individuo si es que el bien común así lo exige? No, pues el bien común no beneficia a un orden superior o divino. Beneficia a un grupo de individuos. Bajo la premisa de que todos somos iguales en tanto tenemos los mismo derechos, la justicia debe velar por todos y cada uno de los ciudadanos. De lo contrario estaríamos volviendo a las épocas en que un grupo – ya sea por color de piel, sexo o estátus social – tenía más derechos que otros.
36 meses de cárcel sin sentencia es un plazo bastante largo. Hasta un acusado de narcotráfico tiene derecho a que su culpabilidad o inocencia sea determinada lo antes posible. La solución, entonces, no puede estar en ampliar selectivamente los plazos de carcelería en pos de un bien común, sino en hacer todo los posible por acelerar los juicios. Mejor equipamiento, mejor formación, mejores sueldos. Los diarios harían bien en resaltar ese problema en vez de respaldar implícitamente el hecho de que nuestras cárceles estén repletas de personas sin sentencia.
Ver también: La cuestión de los derechos humanos
Considero que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos, y me preocupa hondamente el saber que en nuestro país para variar siempre son vulnerados de una u otra forma. Estoy interesada en saber más con respecto a este caso. Me gustaría poder recibir información jurídica al respecto. Saludos.