Pedro Pablo Kuczynski, después de múltiples especulaciones sobre si participará o no en la contienda electoral a llevarse a cabo el 9 de abril próximo, ha demostrado claramente, a través de controvertidas declaraciones sobre las mineras y la inversión que éstas deberían hacer en las zonas donde ejercen actividades extractivas, que no sólo estaría interesado en una eventual candidatura, sino que, a 10 meses de las elecciones, la campaña ya habría comenzado.

La gestión de PPK en el ministerio de Economía se ha caracterizado por mantener políticas ortodoxas, lo que se traduciría en, por un lado, buscar la disminución del déficit fiscal y la estabilización de la política monetaria, entre otros puntos y, por otro lado, una economía de mercado en la que se respeten sobre todo los derechos de propiedad como principio para asegurar, proteger e impulsar la inversión de la empresa privada. Por lo tanto -aunque, como posteriormente ha comentado, sus declaraciones se referían específicamente a la mina Tintaya-, este quiebre radical en la línea tradicional del ministro lanza advertencias a las empresas mineras, las cuales se encuentran alertas especialmente si consideramos que las palabras de PPK pueden convertirse en consigna de posteriores invasiones y ataques contra las instalaciones mineras para lograr que se destinen mayores fondos al desarrollo de las comunidades donde se encuentran dichas minas.

Resulta obvio que el desarrollo de las regiones donde realizan las explotaciones las empresas mineras no coincide en lo más mínimo con las utilidades obtenidas por la actividad extractiva, y que, al contrario, podría resultar un mal chiste si tomamos en cuenta el índice de pobreza en Pasco, la región minera del Perú más importante durante siglos, que bordea el 87% en el año 2002 (Cifras del INEI). Incluso la actividad minera no se enraíza en el mercado nacional como se esperaría considerando las utilidades que se obtienen, ya que generar puestos de trabajo en la minería resulta bastante más costoso que en otras actividades económicas. De esto se deduce que las declaraciones de PPK no se encuentran desfasadas respecto a la realidad nacional y a la situación de las comunidades en las que se instalan las mineras, sin embargo, también puede derivarse que, al final, no es responsabilidad de las empresas mineras velar por el desarrollo de las regiones en las que se encuentran los yacimientos mineros, esto es tarea del Estado. Las empresas mineras ya cumplen con su parte del trato establecido con el Estado mediante los impuestos que están obligadas a pagar, y de los que se deduce el canon minero – 50% del impuesto a la renta que se recauda por explotación de los recursos. Respecto al canon minero, debe recalcarse que la entrega de este dinero se encuentra sujeto a la presentación de proyectos de inversión por parte de los gobiernos locales, los cuales demandan más tiempo y conocimientos técnicos para asegurar el uso apropiado de este dinero. Por lo visto, este dinero del canon se encuentra depositado en alguna cuenta en espera de proyectos viables mientras que los pobladores no tienen ni agua potable.

No obstante, a pesar que no es una responsabilidad establecida formalmente en los acuerdos entre mineras y Estado, no es una idea descabellada la inversión de parte de las mineras de las utilidades en las comunidades en las que se encuentran, pero antes de aplaudir los comentarios de PPK y celebrar el crecimiento económico una vez sea presidente, es necesario considerar los hechos: en el caso de Tintaya, la empresa australiana BHT Billiton había llegado a un acuerdo con la comunidad para entregar 1,5 millones de dólares anuales de las utilidades obtenidas, lo que no resulta un porcentaje significativo de éstas, pero lo que sí lo es cuando la empresa en realidad no se encuentra obligada a hacerlo. Sin embargo, la irrupción violenta de los pobladores en las instalaciones y la destrucción de la propiedad privada obligan a tomar en cuenta, más que a agrupaciones de izquierda interesadas en fomentar la violencia siguiendo una estrategia política, a la pobreza y a las condiciones de vida – incluyendo a que las mineras no sólo no fomentan el desarrollo, sino que dejan detrás los relaves tóxicos que matan la tierra productiva e imposibilitan la pesca – como causas primordiales de la violencia suscitada en Espinar. Primero debemos mirar hacia el Estado y su inexistencia en la zona, y en segundo lugar a las mineras para explicarnos por qué los pobladores de Espinar se han visto obligados a tomar medidas drásticas como la violencia y a hacer pedidos inalcanzables – 20 millones de dólares – para buscar la atención de un Estado que ha dejado de considerarlos.

Volviendo a las declaraciones de PPK, no se trataría tanto de una explicación de las acciones de los pobladores, que no sólo se opone a la línea tradicional de nuestro ministro de Economía sino que además se opone a un acuerdo formal establecido de antemano entre la minera, que no se encuentra realmente obligada a aceptar un acuerdo de esta índole, y la comunidad. Al contrario, sería la búsqueda de una respuesta de parte de los sectores socioeconómicos que en este momento se encuentran más alejados del ministro debido a su política ortodoxa y que implica establecer relaciones favorables con aquellos actores, empresa privada y extranjera, que no se encuentran entre los favoritos de los estratos rurales más pobres. Se trata, ahora, de observar la reacción de estos sectores: es posible que PPK obtenga resultados exitosos con estos comentarios que pueden traducirse en un giro y acercamiento a aquellos a los que su discurso tradicional no apela – queda ver el barómetro político de la Universidad de Lima en julio -, pero también es posible que PPK no sólo no obtenga resultados con esta tentativa de campaña electoral, sino que además pierda el apoyo de los sectores socioeconómicos más altos que en este momento, deben estar preguntándose que sucede con Kuczynski y su orientación populachera, parafraseando al presidente del Congreso, Ántero Flores-Aráoz.

Por Mariana Olcese

Ver también “Tintaya y el problema de la redistribución”