La situación de calma que se vive en estas horas en Bolivia es producto de una tregua concedida por los movimientos sociales al nuevo presidente. El flamante mandatario, Eduardo Rodríguez deberá convocar elecciones en un lapso de seis meses. Sin embargo, ni siquiera la elección de un nuevo jefe de estado asegura el fin de los conflictos sociales.
El jueves 9 de junio, cansado de ir contra la corriente, Carlos Mesa pudo finalmente abandonar la casa de gobierno en la capital. Esa noche, el Congreso reunido de emergencia en Sucre, había aceptado su renuncia. “Si algo me satisface es que podré caminar tranquilo por las calles de La Paz, estar en mi país sin remordimiento porque todos saben que soy un hombre de paz”, dijo antes de emprender rumbo en la noche paceña.
Pasadas las diez de la noche, en su discurso de investidura, el nuevo presidente, Eduardo Rodríguez, pedía una tregua a los movimientos sociales para que la ciudad de El Alto pudiese volver a la normalidad. Esa localidad es vía obligada de ingreso a la capital, de modo que los bloqueos habían dejado paralizada a La Paz.
A las pocas horas, Evo Morales (MAS) y Felipe Quispe del Movimiento Indigenista Pachakuti (MIP), cedían al pedido de Rodríguez. Faltaba solamente Abel Mamani, presidente de las 422 asociaciones vecinales de El Alto. Este, sin embargo, le dio la espalda al gobierno.
Pese a la negativa de Mamani, Rodríguez está dispuesto a utilizar el período de gracia para avanzar con la conformación de su gabinete. Se especula que éste será más técnico que político. La idea es convocar elecciones presidenciales y legislativas lo antes posible. Lo que aún no se sabe es cuándo se convocará la elección para la Asamblea Constituyente. Además, Rodríguez tampoco quiere tocar el tema de la ley de hidrocarburos y de las autonomías. Prefiere que sea el próximo gobierno democráticamente elegido el que decida.
Los cruceños no parecen tener mucha paciencia. Si sus demandas no son escuchadas, están dispuestos a convocar su referendo en agosto. Los movimientos sociales quieren que primero se convoque la constituyente y que sea justamente en esa instancia que se revisen las autonomías.
Las provincias del este demandan elegir sus propios gobernadores (actualmente son designados por el jefe de estado) y quedarse con los impuestos que ellos recaudan. De ser así, las provincias del altiplano serían las grandes perjudicadas. Santa Cruz sola produce el 30% del PBI boliviano.
Elecciones en seis meses. ¿Y?
El presidente Rodríguez debe convocar elecciones en un lapso de seis meses. Pese a que la campaña aún no se ha iniciado, se especula ya con la candidatura de Evo Morales por la izquierda, del ex presidente Jorge Quiroga por la derecha y de Samuel Doria Medina con su nuevo partido Unidad Nacional por el centro.
Es además prácticamente un hecho que los viejos y calcificados partidos bolivianos desaparecerán. El MNR y el MIR, que desde el retorno a la democracia en 1982 junto a ADN monopolizaron el poder, parecen ir hacia una derrota segura. Se espera que el MAS pelee la presidencia y el MIP aumente considerablemente el número de seis bancadas que obtuvo en 2002. Pero por sobre todas las cosas, Bolivia parece dirigirse a la regionalización total de sus partidos políticos. Lo que se ha visto en los últimos tiempos es que los parlamentarios votan de acuerdo a la región a la que pertenecen y no de acuerdo con una línea partidaria. Entonces, el lugar que dejen el MIR y el MNR, podría ser ocupado por un partido que represente los intereses de las provincias orientales.
Si esa previsión se llega a dar, la polarización del sistema político será total. En ese caso, el autogobierno será la única solución frente a las tendencias centrífugas. La nación colla frente al “oriente petrolero”. El sistema de partidos quedaría dividido en dos líneas estructurales fundamentales: el conflicto étnico-nacional, y el tradicional conflicto entre capital y trabajo.
Después de las próximas elecciones generales, el nuevo mandatario se encontrará frente a un paisaje absolutamente distinto al de 2002. Y Bolivia será aún más difícil de gobernar que en 2002.
Los perjudicados: los pobres
Desde el comienzo de las huelgas en El Alto, una de las ciudades más pobres del país, el 23 de mayo pasado, se calcula en más de 20 millones de dólares las pérdidas materiales. La ciudad que contaba con más de 120 mil desempleados entre sus 800 mil habitantes, ha sumado otros 3.500 parados en estos 20 días. Además, el ministerio de Hacienda ha informado que han dejado de ingresar alrededor de cinco millones de dólares diarios en concepto de impuestos aduaneros.
La sensación generalizada es que la relativa calma que se vive por estas horas es sólo producto de una tregua que no promete durar mucho. Las grandes batallas están aún por librarse en un país que parece ir directo a la desintegración.