Nuevos rumbos en el caso Fujimori. El canciller Manuel Rodríguez Cuadros anuncia que en junio se estaría presentando acusación contra el ex presidente ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Holanda. Mientras, el pedido de extradición sustentado con un extenso cuaderno de extradición enviado hace año y medio al gobierno del Japón, sigue sin respuesta. De nada parece haber servido el trabajo hecho por el entonces procurador especial José Ugaz (ver foto).
Lo único que, en el campo de lo jurídico, podría salvar a Fujimori de la extradición es su doble nacionalidad. El gobierno japonés ha alegado, en más de una oportunidad, que no puede entregar a sus propios ciudadanos. No obstante, las acusaciones sustentadas en el cuaderno de extradición se refieren a violaciones de derechos humanos. De hecho, existe más de un testimonio que probaría la autoría intelectual de Fujimori en los crímenes del Grupo Colina que, por encargo del Ejército Peruano, cometiera una serie de matanzas en los años 90. Está, además, la muerte de terroristas rendidos del MRTA durante la liberación de la Embajada Japonesa, en 1997.
Frente a esta acusación la cuestión de la doble nacionalidad pasa a un segundo plano. Fujimori podría ser juzgado como ciudadano japonés en el Japón. La misma Corte Internacional de La Haya podría juzgarlo u ordenar que la jurisdicción del caso se traslade al Perú.
Las opciones son múltiples. Las posible desilusiones también. En temas de derechos humanos aún no existe una institución ni una base jurídica reconocida por todos los países. Por otro lado, los cambios están y se dan. Un caso como la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en Inglaterra por orden de un juez español habría sido impensable hasta hace poco tiempo. Quizá la Corte Internacional de La Haya sea, finalmente, el instrumento más adecuado para ejercer presión internacional a fin de que Japón ponga a derecho al ex presidente que renunció a su cargo vía fax para no volver… ¿jamás?
Por: Evaristo Pentierra
Foto de El Comercio (www.elcomercioperu.com)
Me parece que la actual detención de Alberto Fujimori en Chile responde a una maniobra del ex profugo por presentar y reafirmar su caso como el de perseguido político, no obstante, esto no quitaría su otro objetivo primordial: su detención en Lima sería solo un pretexto para estar presente como un candidato a quién no se le ha suspendido derechos (en Perú no se suspenden derechos de candidatura hasta ser condenado formalmente) lo que le daría una posibilidad de entrometerse en la vida política del país, negociando su caudal electoral con cualquier otro candidadto presidenciable para obtener su exención, remisión, liberación o cualquier otra cosa parecida y de paso retornar triunfalmente a la arena política peruana. ¿Serán los peruanos suficientemente tontos para caer en este astuto juego? solo el tiempo lo dirá.