Cuando parecía que el gobierno y las ONGs habían superado su impasse y que las ansias de intervención del Ejecutivo se habían aplacado, esta semana nos enteramos que la tensa calma de los últimos meses había sido sólo una tregua. El conflicto entre el gobierno y las ONGs estalló nuevamente pero, en esta ocasión, fueron las segundas las que desataron las tempestades. Concretamente, fue una ONG, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), la que provocó la furia del Ejecutivo. Y éste último arremetió.

El 24 de abril, el Parlamento Europeo debía poner a votación la propuesta de un grupo de eurodiputados encabezados por el conservador español José Ignacio Salafranca (Partido Popular Europeo) de incluir al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en la lista de organizaciones terroristas. Según Salafranca, los votos necesarios para aprobar la iniciativa ya estaban asegurados. Sin embargo, la votación arrojó un resultado diferente al esperado. El Parlamento Europeo rechazó la moción por 275 votos en contra, 271 a favor y 16 abstenciones. Según el canciller José Antonio García Belaunde, una carta enviada por Aprodeh a los europarlamentarios “hizo que esa mayoría se quebrara”.

En efecto, según lo confirmado por Aprodeh, la organización envió una carta a 20 representantes de partidos verdes y de izquierda el 22 de abril. La misiva señala, ante todo, su clara posición de rechazo y condena a los actos de terror de Sendero Luminoso y del MRTA. Luego informa que desde hace ocho años no se conocen actividades del grupo que fuera liderado por Víctor Polay. Sus principales dirigentes se encuentran presos, algunos han cumplido ya sus penas y otros están en diferentes lugares del mundo. A continuación, Aprodeh recuerda que la sanción a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales tras la recuperación de la Embajada de Japón en 1997 está aún pendiente. Finalmente, para justificar la no inclusión del MRTA en la lista negra, Aprodeh estima que “no se debe sobre dimensionar la existencia y actividad de un grupo como el MRTA, que puede servir para perseguir activistas sociales y opositores políticos, acusándolos injustamente del delito de terrorismo”.

El canciller García Belaúnde eligió asumir el papel de víctima para explicar la mala noticia ante los medios de comunicación, exclamando que “la intervención de un organismo no gubernamental ha sido capaz de robarnos los pocos votos que necesitábamos”. De esa manera, el canciller buscaba esconder las falencias de las gestiones de la cancillería ante la Unión Europea. Desde el 2004, el Perú venía intentando, sin éxito, que se incluyera al MRTA en la lista junto a Sendero Luminoso. García Belaúnde aduce que las diligencias peruanas se centraban en el Consejo de la Unión Europea, ya que el Parlamento Europeo sólo podía realizar recomendaciones en esta materia. Sin embargo, el propio embajador del Perú en Bélgica, Jorge Valdez, reconoció esta semana en una entrevista a Correo que Salafranca le había comentado de la iniciativa dos meses atrás.

Las excusas del Ministro de Relaciones Exteriores no resultan satisfactorias. Aún cuando el Parlamento Europeo sólo emitiera una recomendación al Consejo, ¿no era acaso importante contar con una opinión favorable en ese foro, el de más representación en la Unión Europea? Y más aún, ¿no era importante contar con una opinión favorable holgada? Como lo ha reconocido el propio canciller, la carta de Aprodeh le quitó a la moción de Salafranca unos pocos votos. ¿Qué paso con los más de 200 legisladores ante los cuales no se hizo gestiones?

Que el gobierno no haya puesto más atención al proceso que se seguía en el Parlamento Europeo no exime de críticas a Aprodeh. El pedido de no incluir al MRTA en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea es inaceptable puesto que esa agrupación nunca hizo un deslinde definitivo con la violencia. Además, el hecho de que sus células hayan estado inactivas en los últimos años no significa que la organización haya renunciado definitivamente a la lucha armada. Esa es la posición del Ministro del Interior, Luis Alva Castro, quien esta semana aseguró que el MRTA mantiene actividades proselitistas y que la militancia en ese movimiento es ilegal.

Los desaciertos de Aprodeh no fueron solamente de fondo al pedir que no se condene como terroristas a los emerretistas, sino también de cálculo político. Resulta difícil de entender cómo una institución tan curtida en las luchas políticas no haya previsto el efecto negativo que semejante pedido tendría sobre ellos mismos. Si como ellos denuncian, el gobierno acusa indiscriminadamente de terroristas a los dirigentes sociales, no queda claro en qué medida la absolución del Parlamento Europeo a los emerretistas habría de influir en las críticas que el gobierno ejerce contra los líderes sociales. En el Perú existe un consenso en que el MRTA realizaba prácticas terroristas indefendibles, de modo que el hecho de que algunos legisladores europeos no lo vean de esa manera, no cambia la figura en nada.

En definitiva, con su comunicado, Aprodeh abrió una caja de Pandora que será difícil cerrar. Los principales perjudicados han sido los organismos que hacen una labor encomiable en defensa de los derechos humanos, ya que han sido satanizados como pro terroristas por la derecha dura. Para paliar los efectos negativos del desliz de Aprodeh, algunas ONGs como el Instituto de Defensa Legal (IDL), han marcado distancia del comunicado emitido esta semana. Pero el daño parece ya estar hecho.

Representantes del campo gobiernista y, en general, todos los que tienen cuentas pendientes con la justicia por casos de violación de derechos humanos, han sido implacables en sus ataques a Aprodeh esta semana. El presidente y el vicepresidente de la República, que no han terminado de responder por las matanzas de El Frontón, dijeron, respectivamente, que la carta a los eurodiputados constituía una “traición a la patria” y que Francisco Soberón, cabeza visible de Aprodeh, era “un conspicuo agitador de masas, a quien un día el Estado tendrá que pasarle la cuenta”. El congresista fujimorista Rolando Sousa advirtió que Aprodeh podría estar sirviendo como fachada para el lavado de dinero proveniente de la subversión.

Las cosas se complicaron aún más el 29 de abril cuando el gobierno decidió expulsar a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Aprodeh, junto a otras 63 ONGs de derechos humanos y a la Iglesia formaban parte de la Comisión, un órgano consultivo dependiente del Ministerio de Justicia. Miguel Facundo Chinguel, secretario ejecutivo del Consejo y militante aprista, alega que la Coordinadora patrocina el 70% de los litigios en contra del Estado peruano en instancias supranacionales, algo incompatible con su labor como observadora en las sesiones del Consejo, pues supuestamente en las mismas obtenían datos de la estrategia jurídica del gobierno que luego usaban a su favor para ganar. Se trataría de un caso de conflicto de intereses. Sin embargo, la coyuntura en que se produce la sanción contra la Coordinadora hace suponer que el gobierno buscaba la coartada perfecta para deshacerse de las molestas ONGs.

Como tantas otras veces, el debate en torno a los derechos humanos ha estado dominado esta semana por las pasiones y por las agendas personales o gremiales. El gobierno y sus aliados coyunturales del fujimorismo luchan por la absolución, mientras que sus rivales de Aprodeh no parecen ser del todo objetivos cuando se trata de sancionar al terrorismo emerretista. La democracia, tan maltrecha ya, recibe un nuevo golpe. Representaría un gran avance que todas las partes se pusieran de acuerdo en que los derechos humanos son verdaderamente universales y no exclusividad de los que comparten la causa propia. Persiste aún la concepción de que el vencedor escribe la historia y de que suyos son todos los privilegios. Pero un verdadero discurso de derechos humanos no debe aceptar la perversa dicotomía entre vencedores y vencidos, porque cuando los derechos de alguien son violados, por más difícil de entender que sea su causa, perdemos todos.

Ignazio De Ferrari