La semana pasada estuvo repleta de noticias importantes. La muerte de “Raúl Reyes”, miembro del secretariado de las FARC, desató un conflicto no solamente entre Colombia y Ecuador, sino también y sobre todo con Venezuela. En la OEA se logró una resolución que dejó a todos satisfechos, pero una solución aún no está a la vista.

En el Perú, fueron dos los temas que dominaron la escena nacional. El militante aprista Víctor García Toma, ex presidente del Tribunal Constitucional, propuso dotar al gobierno central con facultades para desactivar a los gobiernos regionales en tanto estos se nieguen a acatar las normas emitidas desde Lima.

Por otro lado, el presidente Alan García se quejó de las supuestas intervenciones venezolanas en territorio peruano. Desde hace ya algún tiempo operan en el Perú las “Casas del ALBA” que son puestos de salud establecidos por la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA). Integran el ALBA Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y la isla Dominica, pero es Venezuela la que aporta los recursos financieros.

Según la Comisión de Defensa del Congreso, existen unas 300 Casas del ALBA en el Perú. La Comisión ve estas Casas con mucho escepticismo y hay planes para expulsarlas del país. El logro más sonado de estas Casas son las operaciones de cataratas que son ofrecidas de forma gratuita bajo el nombre de “Misión Milagro”. Este esquema ya ha tenido gran éxito en Venezuela, donde se lleva a cabo con la ayuda de médicos cubanos.

Desde hace ya algún tiempo el gobierno peruano viene mostrando su incomodidad con lo que considera una intromisión en la soberanía del Perú.

El nerviosismo va en aumento conforme se acerca la cumbre entre Latinoamérica y la Unión Europea, a realizarse en mayo de este año. Durante la última semana, los medios han dado cuenta de al menos dos manifestaciones que se llevarían a cabo en Lima durante la cumbre, una de ellas organizada por autoridades regionales de Ayacucho con supuesto apoyo de diplomáticos cubanos.

Eso no fue todo. El 29 de febrero se dio a conocer la captura de seis personas en la frontera con el Ecuador. Dos de ellas serían ex integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), mientras que los otros cuatro, todos peruanos, fueron presentados como miembros de la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB).

Según la Policía peruana, la CCB estaría planeando acciones subversivas en el ámbito latinoamericano, además de estar vinculada a las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC). El diario La República estuvo presente en la ceremonia de clausura de la CCB que, según este diario, contó con 400 asistentes de toda Latinoamérica, entre ellos 32 peruanos. Allí, no solamente se habría pedido la liberación de los integrantes presos del MRTA, sino también justificado la violencia como medida para obtener resultados políticos.

Lo que no queda claro es el vínculo entre la CCB y el gobierno venezolano. La policía ha dicho que no descarta algún vínculo, pero eso por supuesto no es un prueba, ni mucho menos. La confluencia de estas noticias ha bastado para que el gobierno exprese su protesta contra lo que considera una interferencia extranjera. José Antonio García Belaúnde, Ministro de Relaciones Exteriores, sostuvo que existe en las casas del ALBA “una clarísima presencia de elementos vinculados no a la democracia, sino gente cuya misión es desestabilizar al Gobierno, pero sobre todo al sistema democrático”.

Luis Alva Castro, Ministro del Interior, habló de indicios de que las protestas en el Cusco y el paro agrario hayan sido financiados con dinero del exterior. Alan García tampoco se quedó callado. Dijo tener la “casi certeza de que aquí estamos siendo sometidos a una intervención. Primero, ideológica; segundo, propagandística; y tercero, inevitablemente activa y material desde otros países”.

El tema da, sin duda, para mucha discusión. Desde la intervención colombiana en Ecuador, el principio de la soberanía territorial ha estado en boca de todos. Fue en virtud de este principio que la OEA criticó el accionar colombiano, y que el presidente del Colombia tuvo que ofrecer disculpas públicas al Ecuador.

Invocando el principio de la soberanía política, el presidente García pretende ahora rechazar cualquier intromisión en los problemas políticos y sociales del Perú. Pero, ¿qué hay de malo en aceptar la ayuda médica de un país vecino? En sus artículos contra el “perro del hortelano”, Alan García sigue resaltando los logros sociales de su gobierno. Pero no es un secreto que la pobreza es, aún, enorme, y que el sistema social sigue dejando a muchos peruanos desatendidos.

En ese sentido, la ayuda médica de las Casas del ALBA debería ser tomada como un sano incentivo para que el gobierno reconozca sus deficiencias y entre en competencia ofreciendo un servicio de salud integral. En parte, eso es lo que está sucediendo. La semana pasada, Alan García se reunió con 100 peruanos que han sido operados de cataratas – no por las Casas del ALBA, sino por ESSALUD. Bien por eso.

Es obvio que cualquier intento de desestabilizar el país mediante la violencia es inaceptable, venga de donde venga. Pero las cosas buenas hay que aceptarlas con humildad y el reconocimiento de que podemos ser mucho mejores.

Por Bernd Krehoff