El tema de los cultivos de coca es una de las grandes tareas pendientes para el actual gobierno. Hasta ahora, la apuesta ha sido por la pasividad. Se ha evitado criminalizar a los cocaleros y, a diferencia de Colombia, la erradición con químicos está prohibida en el Perú. Sin embargo, nada de esto ha evitado el surgimiento de serios conflictos entre cultivadores y erradicadores incluyendo asesinatos de estos últimos. El reciente levantamiento en Tocache muestra que nada está resuelto. En este artículo analizaremos brevemente las posibilidades del gobierno.

Hagamos un breve repaso. El martes, 13 de marzo, comienza un paro de dos días convocado por los cocaleros en la provincia de Tocache, zona del Alto Huallaga. El Alto Huallaga es, junto al Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE), foco de cultivos ilegales de coca en el Perú. El paro, que incluyó el bloqueo de la carretera Fernando Belaunde Terry y la suspensión de clases, tuvo como motivo protestar contra la erradicación de coca impulsada por el gobierno a través del Proyecto Especial de Control y Reducción de los Cultivos de Coca (CORAH).

El mismo martes 13, el flamante Ministro del Interior, Luis Alva Castro, convoca a una mesa de diálogo que culmina con el anuncio del Ministro de Agricultura, Juan José Salazar, de suspender la erradicación de coca en el Alto Huallaga por alrededor de diez días. Fue esta decisión la que levantó un torbellino de críticas exigiendo la renuncia de Salazar. Pero tanto el Primer Ministro, Jorge del Castillo, como el presidente García salieron en apoyo de Salazar. García dijo que la suspensión sería aprovechada para empadronar a los cocaleros y así lograr su formalización (fuente: El Comercio).

Según cálculos de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), más del 90 % de cultivos de coca van hacia el narcotráfico y sólo el pequeño porcentaje restante es utilizado para fines legales tales como el uso tradicional de la hoja de coca o su procesamiento para la elaboración de productos cosméticos.

Los cocaleros empadronados, que producen de manera legal están sobre todo en el Valle de la Convención, en el Cusco. Tanto los cocaleros del VRAE como los del Alto Huallaga afirman estar interesados en producir de manera legal, pero al mismo tiempo saben que el mercado legal es demasiado chico y poco rentable como para emplear a un número decente de cocaleros. Estamos, en otras palabras, frente a un doble discurso.

El gobierno, por su parte, cree poder enfrentar el problema con una mezcla de represión blanda (erradicación manual) y tibias propuestas de cultivo alternativo. Pero lo cierto es que, hasta la fecha, no ha habido un giro significativo. Mientras los cultivos han decrecido ligeramente en el Alto Huallaga, el VRAE ha visto una expansión de cocales incluyendo zonas agrestes en el norte de Ayacucho donde se han instalado narcosenderistas y el gobierno no ha sido visto en años.

Un empadronamiento podría servir para discriminar aunque sea vagamente entre cocaleros legales e ilegales, es decir, entre aquellos que producen para el mercado oficial y aquellos que producen para el narcotráfico. Pero en vista de que casi todos los cultivos actuales van hacia el narcotráfico, las únicas alternativas parecen ser el cambio forzado con gran potencial de conflictividad y resultado incierto, o la pasividad. Esta última ha sido la “estrategia” de los últimos tiempos, mientras que Fernando Rospigliosi está entre los más ardientes defensores de una “mano dura” contra los cocaleros.

Según Mirko Lauer, parte del problema está en que el gobierno no está verdaderamente interesado en comprarse el lío:

Se trata del típico problema que un gobierno no va a enfrentar si no está realmente obligado a hacerlo. En el caso de la coca y de la droga los factores que invitan a pensar que el problema es postergable son muchos: hay calma si no se actúa, está lejos de Lima, los cocaleros no la pasan mal, los alijos de cocaína dan la impresión de que se avanza. Hay otros argumentos que se esgrimen: los EEUU no aportan dinero suficiente, el problema es agrícola no policial, hay peligro de un rebrote de los grupos armados. Lo que no hay casi son argumentos para entender que el problema no se va a resolver, sino que seguirá creciendo con treguas e intentos truncos de erradicación (fuente: diario La República).

El gran peligro es que la situación se convierta, de acá a un tiempo, en una amenaza real para el Estado de derecho. Las inmensas cantidades de dinero que mueve el narcotráfico podrían llevar a la militarización del conflicto y dentro de algún tiempo podríamos estar frente a grupos guerrilleros. Colombia puede ser un caso único, pero el peligro de que algo medianamente similar ocurra en el Perú no puede ser descartado.

Por Bernd Krehoff

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Miki Gonzales: Vamos a Tocache (video musical en youtube.com)