Dos noticias del Perú y una del mundo: Lourdes Flores acepta su derrota frente a Alan García, pero habla de irregularidades que, según ella, podrían haberle costado el triunfo. Alan García, por su parte, está en plena campaña electoral lanzando promesas por doquier. La noticia del exterior proviene de las Naciones Unidas: El martes 9 se eligió al flamante Consejo de Derechos Humanos de la ONU que reemplaza a la Comisión de Derechos Humanos. El nuevo Consejo es más democrático y tiene mayores facultades, pero la elección de países como Cuba y la China le resta credibilidad.
La amarga despedida de Lourdes
Lourdes admitió su derrota el miércoles 3, día en que la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) proclamó el resultado final: Ollanta Humala obtuvo 30,6 % de votos válidos, Alan García se llevó 24,3 % y Lourdes Flores 23,8 %. Son 62 578 votos de diferencia entre García y Lourdes.
Flores puso en tela de juicio el resultado final sin ofrecer mayores detalles o pruebas. Criticó a la Cancillería peruana por la forma en que las elecciones fueron conducidas en el extranjero y la demora en la llegada de las actas extranjeras al Perú. También criticó a la ONPE por haber dado a conocer los resultados parciales de forma “tendenciosa” y al Jurado Nacional de Elecciones por la anulación – según Flores injustificada – de “miles de votos, especialmente de Lima y del exterior”.
Las palabras finales de Lourdes:
Siento señalar que al despedirme de esta contienda no lo hago con la certeza de haber sido derrotada en las urnas, sino con la percepción de que mi eliminación se ha labrado en las mesas.
Si bien Lourdes Flores aceptó la derrota, sus palabras finales son la implícita denuncia de un fraude. Denuncia que debería estar mejor sustentada que con una simple “percepción”. Dejar en el aire una denuncia de tal magnitud no hace sino restarle credibilidad al sistema democrático.
Al respecto, Augusto Álvarez Rodrich escribe en Perú21:
Los argumentos ofrecidos por Flores son débiles y significan, en primer lugar, que su sistema de personeros electorales no funcionó pues no presentaron los reclamos en el momento en que se debieron realizar, o no se preocuparon oportunamente por contribuir a la corrección de los problemas de la votación en el extranjero que finalmente se presentaron.
El carnaval de promesas de Alan
Durante sus presentaciones en los distritos limeños de San Martín de Porres y Villa el Salvador, Alan García apuntó hacia la clase media. Prometió la creación de “Mi Empresa” cuya principal función sería el otorgamiento de créditos, a través del Banco de la Nación, a las pequeñas y medianas empresas (PYMES).
Pero no se quedó ahí. Para los taxistas y transportistas ofreció “Mi Pensión”. La idea: Por cada sol de gasolina que compren, los conductores pagarían 50 céntimos adicionales a la caja de pensiones. El Estado, por su parte, pondría 50 céntimos adicionales. Según García, los conductores afiliados a “Mi Pensión” podrían cobrar una pensión de 500 soles mensuales después de haber contribuido por 20 años (informaciones del diario La República).
Está muy bien que Alan se interese por fomentar, con préstamos, modelos viables dentro de la pujante clase media. Tampoco está mal que se preocupe por el nivel de vida de los conductores jubilados. Pero también es cierto que en épocas de campaña los candidatos son propensos a lanzar promesas sin haber consultado la calculadora. Una vez elegidos, se dan cuenta de la inviabilidad de sus proyectos.
Por supuesto, Alan no es el único. Basta con recordar los 5 mil millones de soles que Humala pretende gastar anualmente para el agro, según su plan de gobierno. Hasta ahora no sabemos de dónde piensa sacar tanto dinero.
El nuevo Consejo de Derechos Humanos
Varias son las novedades del Consejo en comparación con su antecesora, la Comisión de Derechos Humanos: Mientras que la Comisión integraba a 53 países elegidos por los 54 miembros del Consejo Ecónomico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC, por las siglas en inglés), el nuevo Consejo de DD.HH. tiene solo 47 vacantes y la elección es más democrática.
Los países que quieran obtener una de esas vacantes deben recibir más de la mitad de votos en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea está conformada por todos los 191 países miembros, cada uno con un voto.
Para esta primera elección postularon 64 países. Entre los que no lograron pasar el mínimo de votos se encuentran Venezuela e Irán. Pero China, Rusia, Cuba y Arabia Saudita, todos países con evidentes deficiencias democráticas y un historial de violaciones de derechos humanos, sí consiguieron los votos necesarios.
Los 47 asientos del Consejo se reparten de forma regional. Así, Africa y Asia recibieron 13 asientos mientras que Latinoamérica y los países del Caribe juntos ocho asientos. Europa Occidental y Norteamérica tienen siete, mientras que los países de Europa del Este (incluyendo Rusia) tienen seis asientos.
Por Latinoamérica y el Caribe fueron elegidos Brasil (165 votos), Argentina (158), México (154), Perú (145), Guatemala (142), Uruguay (141), Cuba (135) y Ecuador (128).
Mientras que la antigua Comisión solamente sesionaba algunas semanas al año, el flamante Consejo se compromete a reuniones periódicas y un monitoreo constante de las violaciones de derechos humanos. Antes, se necesitaba una mayoría entre los países miembros para proceder al monitoreo.
Además, un país miembro puede ser destituido por violaciones de derechos humanos con dos tercios de los votos del Consejo.
El nuevo Consejo es rechazado por los EE.UU., pues lo consideran insuficiente. Es cierto: El Consejo, al igual que la antigua Comisión, no puede ir más allá de recomendaciones a la Asamblea General, el envío de misiones de observadores, la asistencia técnica y resoluciones críticas. Pero en materia de justicia internacional parece que los avances son siempre así, de poco en poco.