Prensa chicha: cinco años de cárcel para los Wolfenson
Los hermanos Wolfenson, ex propietarios del diario amarillo El Chino, fueron condenados el miércoles 26 a cinco años de prisión efectiva y al pago de S/. 3 millones por vender las líneas editoriales de sus medios al gobierno de Fujimori. La misma pena recayó en el ex director del diario El Tío, José Olaya, quien con todo el desparpajo del mundo se atrevió a vociferar “viva la libertad de prensa” para expresar así su disconformidad con la sentencia.
Complot Parte II
El supuesto complot para tumbarse a la democracia y al gobierno sigue dando que hablar. El mismo miércoles 26 los dos partidos de la alianza de gobierno, PP y FIM, se pusieron tercos y anunciaron que si no se formaba una comisión que investigase el complot, no votarían la reforma constitucional para el retorno a la bicameralidad, la designación del nuevo Defensor del Pueblo y de un nuevo miembro del Tribunal Constitucional.
¿Ferrero férreo? Parte II
Luego de sobrevivir la semana pasada un intento de censura, el presidente Toledo estaría dispuesto a mantener en su cargo, por lo menos hasta julio, al jefe del gabinete, Carlos Ferrero. El temor a que un nuevo premier no alcance los votos necesarios en el momento de pedir la confianza del Parlamento sería la principal razón detrás de la decisión.
Puno autonómico
Al igual que en la provincia boliviana de Santa Cruz, los pedidos de autonomía empiezan a escucharse en el Perú. El presidente de la Región Puno, David Jiménez Sardón, anunció que se convocará a una asamblea dentro de 60 días para tratar la posible formación de un gobierno autónomo en Puno. El líder del Movimiento por la Autonomía Regional Quechua y Aymara (MARQA) asegura que Puno es una zona socialmente distinta dentro del Perú, que se ha desarrollado casi a espaldas del Estado y que el suyo es un pueblo quechua y aymara.
Prensa chicha: cinco años de cárcel para los Wolfenson
Los hermanos Wolfenson, ex propietarios del diario amarillo El Chino, fueron condenados el miércoles 26 a cinco años de prisión efectiva y al pago de S/. 3 millones por vender las líneas editoriales de sus medios al gobierno de Fujimori. La misma pena recayó en el ex director del diario El Tío, José Olaya, quien con todo el desparpajo del mundo se atrevió a vociferar “viva la libertad de prensa” para expresar así su disconformidad con la sentencia.
Además de Olaya y los Wolfenson, los empresarios periodísticos Jorge Rivera Schroeder, Alejandro Estenos Sepúlveda, José y Fernando Oliveri Agurto y Pablo Documet Silva también recibieron condenas de cinco años de prisión.
Por el mismo caso, Vladimiro Montesinos fue sentenciado a ocho años de cárcel, pero al ya tener condenas similares, ésta última carece de mayor importancia. Como se recuerda, en nuestro sistema judicial sólo se cumple la pena más alta.
Lamentablemente, los Wolfenson siguen siendo propietarios de un diario en el que calumnian de la misma manera que lo hacían en los años de impunidad fujimorista. Se trata de La Razón, claro está.
Complot Parte II
El supuesto complot para tumbarse a la democracia y al gobierno sigue dando que hablar. El mismo miércoles 26 los dos partidos de la alianza de gobierno, PP y FIM, se pusieron tercos y anunciaron que si no se formaba una comisión que investigase el complot, no votarían la reforma constitucional para el retorno a la bicameralidad, la designación del nuevo Defensor del Pueblo y de un nuevo miembro del Tribunal Constitucional.
Al parecer, la voz de alerta la dio el fimista Fausto Alvarado cuando en la junta de portavoces dijo a tono de amenaza: “Si no se pone en debate y se aprueba la comisión (investigadora), Perú Posible y el FIM no darán su voto para aprobar los otros temas”.
Ante esto, Jorge del Castillo protesto diciendo que Perú Posible quiere chantajear al Congreso. Heriberto Benítez le respondió que para hablar de corrupción había que tener la cara limpia. Salhuana (PP), por su parte, calificó a del Castillo como “el ex alcalde de Lima experto en vaso de leche con gorgojo”.
Ante la insistencia de la alianza gobiernista, el presidente del Congreso, Antero Florez-Aráoz, propuso suspender el debate de la reforma constitucional y de los demás temas en la agenda hasta la próxima legislatura, el 1 de marzo. La oposición apoyó la propuesta con lo que la teoría del complot quedó una vez más en nada.
¿Ferrero férreo? Parte II
Luego de sobrevivir la semana pasada un intento de censura, el presidente Toledo estaría dispuesto a mantener en su cargo, por lo menos hasta julio, al jefe del gabinete, Carlos Ferrero. El temor a que un nuevo premier no alcance los votos necesarios en el momento de pedir la confianza del Parlamento sería la principal razón detrás de la decisión.
Sin embargo, siete ministros no correrían la misma suerte. De salida estarían José Ortiz, de Transportes; Ana María Romero, de la Mujer; Alfonso Velásquez, de Producción; Javier Neves, de Trabajo; Glodomiro Sánchez, de Energía y Minas, Carlos Gamarra, de Justicia, y Álvaro Quijandría, de Agricultura. La continuidad de Pedro Pablo Kuczynski en Economía estaría en duda, puesto que al interior de la chúcara bancada oficialista hay quienes no lo ven con buenos ojos.
Mientras tanto, el pedido de parte de distintos sectores de la opinión de formar un gabinete de consenso se escucha cada vez con más fuerza.
Puno autonómico
Al igual que en la provincia boliviana de Santa Cruz, los pedidos de autonomía empiezan a escucharse en el Perú. El presidente de la Región Puno, David Jiménez Sardón, anunció que se convocará a una asamblea dentro de 60 días para tratar la posible formación de un gobierno autónomo en Puno. El líder del Movimiento por la Autonomía Regional Quechua y Aymara (MARQA) asegura que Puno es una zona socialmente distinta dentro del Perú, que se ha desarrollado casi a espaldas del Estado y que el suyo es un pueblo quechua y aymara.
Razón no le falta. La tesis de la ausencia de un Estado eficaz tiene ya larga data y sirve para explicar, en parte, por qué en las zonas más alejadas del centro limeño florecen movimientos subversivos (Sendero Luminoso) o la gente tiende a hacer justicia con sus propias manos (Ilave).
Sin embargo, esa ausencia estatal no se ha dado solamente en Puno. Por otro lado, si cada región argumenta que en base a sus diferencias históricas tiene derecho al autogobierno, podríamos enfrentarnos a una posible desintegración nacional.