Santa Anita y el principio de autoridad
Tuesday, 15 May 2007
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Desde la madrugada del cuatro de mayo, alrededor de diez mil comerciantes permanecen atrincherados en el mercado mayorista de Santa Anita. Armados con palos y piedras y acompañados por niños, rechazan la orden de desalojo emitida por el 31 Juzgado Penal de Lima. El propietario de Santa Anita es la Muncipalidad de Lima a través de su Empresa Municipal de Mercados. Ellos pretenden remodelar las 80 hectáreas que ocupa el mercado (por un costo aproximado de ocho millones de dólares) y, posteriormente, entregarlos en concesión. La Municipalidad ha dicho que los actuales comerciantes tendrán preferencia a la hora de otorgar concesiones, pero estos señalan que la Municipalidad pretende entregar el mercado a capitales chilenos. Hoy, 15 de mayo, los diarios sostienen que el desalojo es inminente. Un breve análisis de los actores y sus posiciones.
Los usuales intermediarios en este tipo de conflictos son la DefensorÃa del Pueblo y la Iglesia. La posición de ambos ha sido clara. Reconocen que el desalojo es cosa juzgada y que no se puede revertir un fallo judicial por el hecho de que una parte no esté de acuerdo. Pero ambos han pedido que el desalojo no desemboque en escenas violentas. Además, han llamada a los comerciantes a proteger la integridad de sus niños y dejarlos salir del mercado antes que se produzca la confrontación.
Los medios escritos no han podido darnos una clara imagen de lo que sucede al interior del mercado. Pero no es difÃcil imaginar los niveles de tensión y hastÃo que casi dos semanas de atrincheramiento deben haber producido. Los comerciantes entienden que se están jugando sus puestos de trabajo. Habiendo invadido el mercado hace cinco años ya no están dispuestos a dejarlo.
SerÃa interesante saber cuáles son los ingresos que el mercado de Santa Anita genera. La desesperación de los comerciantes parece indicar que se trata de un negocio lucrativo o al menos decente. Ellos saben que, aun teniendo preferencia cuando la Municipalidad entregue nuevas concesiones, las remodelaciones los tendrán fuera por un buen tiempo, augurando un futuro incierto.
El Estado ha mantenido su posición de no negociar con los comerciantes. Inicialmente, el Poder Judicial dio un plazo de tres dÃas a los comerciantes para que dejaran el mercado (ese plazo venció el 4 de mayo). La guerra psicológica se intensificó ayer, 14 de mayo, cuando la señal de los celulares de los comerciantes fue bloqueada. El Ministro del Interior, Luis Alva Castro, sobrevoló la zona en helicóptero y, desde el aire, se repartieron volantes instando a los comerciantes a cumplir la ley y no oponer resistencia.
Está claro que el Poder Judicial y la policÃa no deben ceder en sus pretensiones. Es necesario hacer valer la ley en un paÃs carcomido por una anomÃa crónica. Pero hay varias formas de hacerlo y no todas son adecuadas. Hasta donde sabemos, los comerciantes no poseen armas de fuego u otro tipo de explosivos. Exceptuando las declaraciones irresponsables de dirigentes como Fernando Nieto (”Sólo muertos nos podrán sacar”, fuente: Perú21), es de suponer que no estamos frente a un grupo de criminales dispuestos a morir en defensa del mercado, sino más bien frente a comerciantes comunes y corrientes que ven la resistencia como última medida para lograr un diálogo que hoy está más lejano que nunca.
Ojalá Luis Alva Castro sepa manejar el tema con ciudado. Ojalá la policÃa logre un desalojo sin heridos de gravedad o muertos. De lo contrario, serÃa un pésimo y triste debut para el sucesor de Pilar Mazzetti.
Por Bernd Krehoff
Imagen tomada de: http://www.barataria.com/
