En 1988, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Armando Villanueva, anuncia al país la intención del gobierno del APRA de expropiar por causa de “interés social” (porque así lo permitía la vigente Constitución de 1979) los terrenos donde se ubica el Lima Golf Club en San Isidro para que el Estado construyese allí una “Biblioteca del Pueblo”.
El anuncio causó revuelo entre la ciudadanía y los políticos de distintas tendencias. De inmediato surgieron posiciones a favor como en contra de la iniciativa (para vergüenza histórica del Perú, la amenaza de violación de la propiedad privada no indignó a mucha gente). Durante varios días los medios de comunicación no se ocuparon de tema político distinto a la anunciada expropiación. Sin embargo, el tiempo pasa y tanto la Cámara de Diputados como el Senado jamás votan el proyecto de ley para la expropiación. Pronto, radio, televisión y prensa escrita ocuparon sus titulares con nuevas noticias. El anuncio (felizmente) fue olvidado.
Por desgracia, poca gente se percató de las intenciones detrás del debate público sobre la expropiación. Tiempo antes que Villanueva hiciera su anuncio al país, el gobierno aprista había ordenado a la entonces Guardia Republicana ingresar a los recintos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para sofocar la agitación estudiantil marxista presente en el campus y acabar con la infiltración de Sendero Luminoso. Una incursión policial violenta que resultó desastrosa. Rápidamente las responsabilidades políticas y penales fueron evadidas al no haber mayores cuestionamientos por parte de la opinión pública y la ciudadanía, porque ambas se distrajeron con una anunciada expropiación que jamás ocurrió.
¿Por qué el relato histórico? Simple, si bien las operaciones de distracción pública de carácter temporal y mediático (“psicosociales” o “cortinas de humo”, en el lenguaje popular) desde hace tiempo son comunes en el quehacer político peruano (el ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos puede dar fe de ello), esas “mañas políticas” –como distraer a la opinión pública y la ciudadanía concentradas en un tema- no son propias de la política entendida como debate de ideas y doctrinas, elaboración de planes de gobierno y ejecución de programas. Ellas son un rasgo típico de la llamada “política tradicional”, esa actividad llena de sordidez y corrupción que la mayoría de ciudadanos desprecia, y motivo para que el Perú sea la burla en Chile, España, China o los Estados Unidos.
Si en política no hay casualidades, un congresista independiente lanzando en público una grave acusación (sin respaldo legal, además) en contra del ex presidente de la República, Alejandro Toledo (los conocidos vicios masculinos de este político no son delito penal), en víspera de la votación de una moción de censura en el Congreso contra el Ministro del Interior, no es coincidencia.
El Perú puede –como en el pasado- caer en el juego de los mañosos de la política o evitar el entretenimiento barato por aquello que es realmente importante. Dios quiera no ocurra lo primero.
Por Gian Carlo Orbezo Salas, columnista invitado
Por desgracia, el APRA no hace nada distinto que el PRI mexicano, el Partido Justicialista argentino o el PSOE español: psicosociales. En ese juego caen los medios de comunicación y gran parte de la población.
En este caso en particular, el APRA se salió con la suya: el ministro Luis Alva Castro no fue censurado cuando todo parecía pensar que sí. ¿Qué paso con la denuncia de la señorita Diana Arévalo contra el ex presidente Alejandro Toledo?. Aparentemente, nada. El psicosocial tuvo éxito.
Y mientras los psicosociales sigan teniendo éxito seguirán siendo utilizados.