Esta semana Alan García anunció que el Estado asumiría los costos de la defensa de los miembros de las Fuerzas Armadas por las acusaciones de violación de derechos humanos durante la lucha antisubversiva. Por otro lado, como se había comentado la semana pasada, “de donde comen dos, comen tres”: se presentó el tercer proyecto de ley que extendería la aplicación de la pena de muerte a violadores de menores de edad. Finalmente, la de nunca acabar: otorongo no come otorongo y el tema sin fin de la inmunidad (¿o impunidad?) parlamentaria.

El 22 de setiembre, en una ceremonia de homenaje a las Fuerzas Armadas, Alan García dio detalles del decreto referente a que el Estado peruano asumiría el costo de la defensa de los militares y policías acusados por violación de derechos humanos durante la lucha antisubversiva. El financiamiento provendría de los presupuestos del sector Defensa e Interior. Además, la recuperación de la dignidad de las Fuerzas Armadas incluye la inversión inicial de 650 millones de dólares para devolverles su capacidad operativa y la garantía de sus pensiones.

Sin embargo, se hizo una importantísima aclaración: la defensa financiada por el Estado no será para todos los militares y políticas acusados. Se formará una comisión de abogados que revisaría cada caso y determinaría si se aplica la defensa pagada por el Estado. El ministro de Defensa, Allan Wagner, aclaró que, por ejemplo, el grupo Colina no recibirá la defensa pagada por el Estado al ser violadores confesos de derechos humanos. Aseguró que el espíritu de la ley es apoyar a los más pobres, que no pueden pagar su propia defensa legal, y que el reconocimiento del heroísmo de los miembros de las Fuerzas Armadas es oportuno.

En opinión de José Robles, especialista en temas militares, no hay que olvidarse cuándo hizo García el anuncio. El contexto estaba determinado por ser el día de las Fuerzas Armadas, además de que es una demanda hecha por el ministro Wagner desde ya hace un tiempo. Por lo tanto, habría que estar pendientes de que no sean más fuegos artificiales del gobierno aprista.

Pero hay una gran pregunta que ha quedado sin respuesta desde la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con el Plan de Reparaciones? ¿Qué pasa con el Registro Único de Víctimas? Que no quede en noticias y notas de prensa. Que la justicia llegue para todos.

Carrera de caracoles para algunos temas como las víctimas de la violencia interna, carrera de caballos para otros temas como es el caso de la ampliación de la pena de muerte para violadores de menores de edad. Con la presentación de este proyecto de ley suman tres los proyectos relacionados con el tema: uno de la bancada de Unidad Nacional (UN), uno desde el Ejecutivo y uno de la bancada del APRA. El proyecto del la Célula Parlamentaria Aprista es menos severo que el propuesto por UN, (ver Crónica semanal (13 al 19 de setiembre) además de que no incluye la denuncia del Pacto de San José, manteniéndose nuestro país dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así comenzó esta semana el debate sobre los proyectos de ley, tema espinoso que promete fungir de cortina de humo.

El otorongo Carlos Raffo se escudó con lo que prefirió escuchar de lo que se decidió en la Comisión de Constitución del Congreso. La comisión se pronunció a favor de la inmunidad de arresto pero no de proceso para los parlamentarios, lo que implica que éstos no pueden ser detenidos, pero el proceso en el Poder Judicial sigue su curso. Por lo tanto, ningún juez puede ordenar la detención del congresista Carlos Raffo sin la autorización del Pleno del Congreso. Pero Raffo escuchó otra cosa: el congresista no asistió a la segunda audiencia del proceso que se le sigue por el delito de atentado contra seguridad nacional y revelación de secretos de Estado. La excusa: no puede dejar de cumplir con sus funciones de legislador.

Según el presidente del Poder Judicial, Walter Vásquez Bejarano, Raffo se está escudando tras una argucia política para no responder a la justicia. La Comisión de Constitución del Congreso también ayudó a dejar suelto en plaza al congresista: otorongo tampoco detiene otorongo.

Este tema ha levantado la supuesta inconstitucionalidad del artículo 16 del reglamento del Congreso. Este artículo, modificado por el anterior Congreso, estipula que los procesos penales que enfrentan los legisladores, con anterioridad a su elección, no se paralizan ni se suspenden. Sin embargo, el artículo 93º de la Constitución Peruana de 1993, sostiene que:

“no puede ser procesados ni presos sin autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante”.

Beatriz Merino, defensora del pueblo, presentó una iniciativa legislativa ante el pleno que busca reducir la inmunidad del jefe del Estado y de los congresistas, además de los magistrados del TC e incluso para el defensor del pueblo. En esta iniciativa legislativa, específicamente en el título tercero, se sostiene que la inmunidad parlamentaria no debe ser aplicada a las investigaciones de los presuntos delitos cometidos antes de la elección del cargo. Así, veríamos cada vez menos casos como los del congresista Raffo, de Alianza para el Futuro. Mientras tanto, Raffo ha pedido que la sala de Reos Libres solicite el levantamiento de su inmunidad al Congreso para afrontar el juicio oral que se le sigue. Todo lo posible para salirse con la suya.

Mariana Olcese