La semana que pasó estuvo cargada de exabruptos políticos. Como nos tiene acostumbrados desde hace un tiempo, una vez más, fue el partido de gobierno el que se salió de tono.
La semana empezó con una pelea infraterna entre los rivales internos Mercedes Cabanillas y Jorge del Castillo por la presidencia de la comisión de Constitución del Congreso. Pese a que la bancada había decidido que la presidencia recaería en el ex premier, a última hora fue Cabanillas la que tomó la posta. Esto generó malestar entre algunos congresistas apristas, que veían como se rompía el acuerdo de bancada de que cada legislador no sería presidente de comisión más de una vez durante los cinco años de mandato legislativo (la ex ministra del Interior había presidido la comisión de Defensa en el período 2007-2008).
Al percatarse del daño que se había infligido a la imágen del partido al dar la impresión de una lucha excesiva por una pequeña parcela de poder, los rivales negaron cualquier desencuentro. Todo habría quedado ahí, como una rencilla más de las tantas que se dan una organización política si no hubiera sido por el segundo exabrupto. Esta vez fue Cabanillas la que, en pared con el colega de bancada José Vargas, se encargó de enlodar aún más la imágen del partido de la estrella y, peor aún, del gobierno de Alan García. Apenas asumida la presidencia de Constitución, Cabanillas puso como prioridad en la agenda un proyecto de ley de Vargas que regulaba el derecho a rectificación en los medios de comunicación. Tanto la oposición como la prensa interpretó el proyecto como un intento departe del gobierno de recortar la libertad de prensa.
El proyecto de ley 2971 que generó tanta discordia había sido presentado por Vargas y otros cinco legisladores apristas el 14 de enero de este año, pero no había sido atendido hasta ahora. Tres eran los puntos polémicos en el proyecto. En primer lugar, se planteaba reducir de 15 a siete días el período para que una persona que se sintiera agraviada por un medio demandara una rectificación. A su vez, el proyecto reducía de siete a tres días el período para que el medio se rectificara, lo que reducía las posibilidades de evaluar con detenimiento la necesidad de rectificarse. Finalmente, el punto más polémico pasaba por el tratamiento que se le daba a una posible acción legal. Si este último decidía no rectificarse, y el agraviado optaba por iniciar una demanda, el medio sería tercero civil responsible y estaría forzado a pagar la indemnización. En la actualidad la ley contempla que el periodista y el director del medio pagan la indemnización.
Según los expertos, se teme que el proyecto haga que los medios se autocensuren por temor a pagar indemnizaciones. La consecuencia sería un periodismo que renunciara a la investigación, lo que sería nefasto para el avance de la democracia y la calidad de los servicios estatales. O, peor aún, podría darse el caso de que la justicia decidiera embargar a un medio que no estuviese en condición de pagar una indemnización muy elevada. El medio tendría que dejar de funcionar.
El presidente de la República y el premier Velásquez han mostrado reflejos rápidos al desmarcarse de los desatinos de la dupla Cabanillas-Vargas. Velásquez ha dicho que el gobierno no ha presentado la iniciativa y que ésta es inncesaria e inoportuna. García ha remarcado su compromiso de respetar la libertad de prensa de manera irrestricta (fuente: El Comercio, 20/08/09). Sin embargo, hay quienes dudan de la inocencia del presidente. Para el periodista de La República, Augusto Alvarez Rodrich, quien perdió su puesto como director de Perú 21 a raíz del escándalo de los petroaudios, la consigna venía claramente desde palacio.
Ignazio De Ferrari