El lunes 20 de julio el ex presidente Alberto Fujimori recibió su tercera condena judicial.
Para mala suerte suya, se espera que la tercera no sea la vencida, como dice el dicho, puesto que en setiembre se iniciará el juicio por la compra de congresistas opositores. Esta vez, Fujimori fue condenado a siete años y medio de prisión por haber utilizado de manera ilegal 15 millones de dólares del fisco para financiar la salida del país de su asesor Vladimiro Montesinos. Si en abril Fujimori fue sentenciado, en lenguaje sencillo, por asesino, esta vez fue sentenciado por ladrón.
En términos jurídicos, Fujimori fue encontrado responsable de los delitos contra la administración pública, peculado doloso por aplicación y contra la fe pública, en la modalidad de falsedad ideológica en agravio del Estado. El vocal, César San Martín, dispuso también que Fujimori pague una reparación civil de tres millones de nuevos soles, cifra similar a la que se conminó a pagar a los ex ministros Carlos Boloña, Federico Salas y Carlos Bergamino, sentenciados por el mismo caso en febrero de 2005.
Si bien el acusado Fujimori y su abogado, César Nakazaki, aceptaron todos los hechos planteados por la fiscalía, negaron que se tratara de un delito pues el dinero extraído fue luego devuelto. En efecto, el dinero que había sido retirado del Banco de la Nación el 22 de setiembre de 2000 para ser entregado a Montesinos, fue devuelto el 2 de noviembre del mismo año por Fujimori. Sin embargo, como indica la sentencia a los ex ministros mencionados, el dinero que devolvió Fujimori al fisco no fue el mismo que entregó a su asesor (ver el artículo del último martes de Bernd Krehoff). El fiscal Avelino Guillén resumió el alegato de la defensa de la siguiente manera: “Eso supondría que si unos asaltantes roban un banco, depositan el dinero en Panamá, luego retornan al Perú, asaltan otro banco y regresan el dinero al primero, ya no hay delito, es un absurdo” (fuente: La República, 16/07/09).
El tercer juicio a Fujimori, y la condena por corrupción han dejado tres interrogantes para el debate. La primera se refiere a la relación Fujimori-Montesinos. Aún se recuerda cómo en el juicio que se le siguió al ex presidente por los suecesos de La Cantuta y Barrios Altos, la dupla que dirigió el país en la década pasada jugó en pared para no incriminarse mutuamente. Esta vez, en cambió, Fujimori defendió el pago millonario a Montesinos con la excusa de que el ex asesor planeaba un golpe de Estado que rompería el orden “democrático”. Si bien la tesis del golpe ya no tenía sustento en el momento en que se produjo el pago, luego de que Fujimori anunciara que abandonaría el poder, será interesante observar cómo se desarrolla la relación en el próximo juicio. Lo más probable es que Fujimori continúe incrimando al ‘doc’.
La segunda interrogante está relacionada con el origen del dinero que Fujimori devolvió al fisco en noviembre del 2000. Fujimori señaló en su exposición final el 17 de julio que el dinero que fue devuelto a las arcas del Estado pertenecía a Montesinos y fue hallado en las instalaciones del SIN (El Comercio, 18/07/09). Sin embargo, dos días antes Nakazaki había afirmado que Fujimori tenía 18 millones de dólares en Palacio de Gobierno y que de ese monto había salido la suma que fue entregada a Montesinos. El testimonio de Bergamino en el juicio que se le siguió sustenta la versión de Nakazaki, ya que según el ex ministro, Fujimori le entregó el dinero para ser devuelto el 2 de noviembre de 2000 en Palacio. Nakazaki puede haber dejado una bomba de tiempo, que podría perjudicar aún más a su cliente. Por lo pronto, la sentencia condenatoria del tribunal que preside el vocal César San Martín exige se investigue el origen del dinero devuelto por Fujimori.
La tercera interrogante está relacionada con el futuro político de la hija del ex presidente. En este juicio, Fujimori se acogió a la figura jurídica de la conclusión anticipada para acelerar el proceso. De esa manera evitó confrontar a los testigos que lo podrían haber hundido aún más. Pero sobre todo, evitó exponer a su hija a un juicio que, potencialmente, la podría haber perjudicado más que el proceso que se le siguió por violar derechos humanos ya que, frente a la corrupción, no hay excusas políticas que valgan. Keiko Fujimori no acudió a la lectura de la sentencia, quizá preveyendo que no le convenía estar en esa sala, ese día y a esa hora. Las encuestas, que seguro aparecerán en los próximos días, ayudarán a aclarar más el panorama.
Ignazio De Ferrari