Esta semana, así como casi todas las semanas en los últimos años, los paros y las protestas han sido titulares de las noticias nacionales. Los transportistas, los mineros, los profesores, los indígenas, entre otros grupos sociales y gremios, protestan por diversas razones. Algunas válidas, otras no, algunas con éxito, otras con muy poco. Los recientes conflictos ya empiezan a cobrar víctimas políticas (las humanas, lamentablemente, se pierden primero), Simon siendo el más claro ejemplo de ello. La necesidad de enfrentar este gigantesco problema que atrapa al Perú desde sus primeros días como nación es tal vez más inminente que nunca.

Si algo queda claro tras la serie de protestas y conflictos sociales de los que hemos sido testigos en los últimos meses es que en el Perú, la paralización parece haberse convertido en el recurso principal para hacerse escuchar por parte de sectores de la población tradicionalmente excluidos, y también algunos otros no precisamente excluidos. Esto es consecuencia de diversos factores, pero principalmente resaltan dos: la ausencia de mecanismos establecidos para fortalecer la comunicación entre el Estado peruano y los grupos sociales que intentan trasmitir un mensaje; y el abuso del poder colectivo de ciertos grupos sociales al presionar al gobierno sin importar el impacto negativo que esto puede tener en una sociedad. Como parte del primer problema se encuentra también la falta de entendimiento de parte del gobierno central, cuya conexión con muchos de los sectores del Perú es mínima.

En conflictos desde locales hasta sindicales, socioambientales, regionales y estudiantiles, el gobierno culpa a los gremios y los revoltosos, mientras estos últimos no dejan de culpar al gobierno. El diálogo se quiebra, el respeto se pierde y se abre paso a la violencia. Los hechos en Bagua son un reflejo de este círculo vicioso negativo, dónde la falta de entendimiento de un gobierno centralista desencadenó en la violencia de un pueblo cuyas irresponsables acciones terminaron en más daños para ellos mismos que beneficios. ¿Se trata entonces de un gobierno sordo y arbitrario, o de un pueblo que ha decidido que la institucionalidad no vale más y la protesta callejera es el camino?

No hay una clara respuesta a estas preguntas. Lo que si es claro, sin embargo, es que la manera en que se han manejado los problemas sociales del Perú, tanto de parte del Estado como de la población, no ha sido nada parecida a la correcta. La población exige sin asumir responsabilidad alguna. El gobierno reacciona como si fuese un actor más en el panorama, no la organización elegida democráticamente para gobernar a favor de todos los peruanos.

Esta no es una realidad nueva en el Perú, si no más bien, lamentablemente, es la historia de nuestra vida. Nuestra estructura social que todavía arrastra legados de la colonia, la inmensa desigualdad económica, la discriminación racial, entre otros factores, han hecho del conflicto social un enorme fantasma que el Perú carga en la espalda. En los últimos años, el boom económico y la democracia, aunque pueda parecer irónico, han contribuido a acentuar el problema social. Como lo explica un excelente análisis del sociólogo Aldo Panfichi: La desigualdad que antes se soportaba por el miedo al autoritarismo o por la esperanza de un futuro mejor, hoy resulta menos tolerable. Más aun, cuando la menor tolerancia se combina con la rebeldía y la exasperación, la acción reivindicativa de los pueblos desborda las vías institucionales de canalización y resolución de conflictos, y se orienta hacia la protesta callejera y el conflicto social. Decepcionadas las expectativas redistributivas y con un sistema político inoperante, el conflicto resulta casi el único instrumento de negociación disponible.
La reciente intensificación de los conflictos en nuestro país continúa trayendo consecuencias políticas para el gobierno de García. Yehude Simon, quien inició como Primer Ministro hace tan solo nueve meses como un político que venía de fuera de Lima y que podría favorecer la conciliación, hoy sale como consecuencia de la crisis social en el Perú. Si bien aún preservamos la democracia y un modelo económico neoliberal, la cuestión social es un riesgo constante a esta estabilidad, y sin duda alguna, como ya empezamos a notar, el Perú no podrá continuar mucho tiempo más dándole la espalda a este reto.

La economía crece, la desigualdad también. Con ella, nuestra compleja realidad social se hace aún más espinosa. Necesitamos empezar a generar cambios estructurales, dónde la raza y el color no sean impedimentos al desarrollo, dónde el gobierno no sea sólo de Lima, dónde las instituciones consoliden su valor y las calles no sean más para la protesta. ¿Cómo hacerlo? Ahí yace nuestro mayor reto.

Mariana Costa

Fuentes:
http://www.eldiplo.com.pe/desigualdad_conflicto_social_en_el_peru
Imagen:
noticialocal.blogspot.com/2008_07_09_archive.html