En esta crónica semanal de Perú Político del 28 de junio al 4 de julio, seguimos viendo las repercusiones y consecuencias de lo ocurrido en el “Baguazo” iniciado el 5 de junio, incluyendo las potenciales censuras al Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, y a la Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas.
El Congreso desestimó por poco la votación de censura presentada contra el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, y la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, en medio de un intenso debate y el recuerdo de los siete nacionalistas suspendidos, ya que si hubieran estado aptos para votar, la intención de la oposición se hubiera hecho realidad. Con 56 votos a favor, 32 en contra y 11 abstenciones, no prosperó la moción presentada para pedir la salida de Yehude Simon por los hechos violentos acontecidos en Bagua, Amazonas, que dejó 34 muertos, entre policías y civiles. Por el mismo motivo, la oposición buscaba el alejamiento de Cabanillas, cuya votación llegó a 55 votos a favor, 32 en contra y 9 abstenciones. El reglamento del Congreso estipula que para que una moción de censura progrese se necesitan 61 votos de los 120 miembros del Poder Legislativo. Hubo una asistencia de 101 congresistas. Por un espacio de tres horas, las bancadas parlamentarias debatieron sobre el futuro político del Gobierno, puesto que la censura a Simon hubiera significado la caída del Gabinete.
Por su parte, el presidente de la República, Alan García, retomó el domingo la senda de los artículos periodísticos que inició el 28 de octubre del 2007 con “El síndrome del perro del hortelano” para analizar los últimos conflictos sociales en el país. “A la fe de la inmensa mayoría” es el título del artículo publicado en el diario Expreso, en el cual el jefe del Estado esta vez insiste en la teoría de la conspiración internacional como explicación a la tensión social que vive nuestro país. Más de veinte días después de los trágicos sucesos de Bagua, García Pérez sostiene que lo sucedido en es parte de un conflicto continental, pero va más allá al afirmar que “ahora vivimos en una guerra fría en la que participan gobernantes extranjeros”. Recuerda que el 2006, dos modelos políticos y económicos pugnaban por el poder: “De un lado, la democracia política y económica que aprovecha el avance del mundo y, de otro, el estatismo económico y la demagogia que detiene a los países. Nuestra nación estuvo a punto de caer en el sendero equivocado que conduce a la pobreza y a la crisis”, señala. En aquella oportunidad, subraya García, el Perú ganó la batalla y escogió un camino comprobado para el crecimiento, lo cual está reflejado en las cifras del crecimiento económico. Sin embargo, lamenta el jefe del Estado, la “conciencia política no marcha tan rápido como el crecimiento material”. Esta situación, indica, es aprovechada por grupos antisistema que, en su opinión, “son una minoría” que moviliza un máximo de 50 mil personas. Asegura que esos grupos no pasarán, pues a ellos se antepone la mayoría demócrata y racional que está silenciosa por dejarse atemorizar por radicales. A la mayoría García le invocó a usar más la radio, los blogs o el internet para exponer sus ideas.
Durante su interpelación, la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, evitó asumir directamente su responsabilidad por los sucesos ocurridos el 5 de junio en Bagua. En su explicación ante el Pleno del Congreso de la República, Cabanillas informó que la orden para el desalojo partió del director de la Policía Nacional, José Sánchez Farfán, y que fue ejecutada por el general PNP Javier Uribe, jefe del comando de operaciones en dicha zona. Asimismo, indicó que dicha orden fue previamente decidida en el Consejo de Ministros. Cabanillas reiteró que no fue su función supervisar los detalles del operativo y que, como una funcionaria civil, respetó las atribuciones especializadas de la Policía. Por su parte, el premier Yehude Simon sostuvo que en el incidente de Bagua se inmolaron efectivos policiales “para evitar una masacre que los intereses desestabilizadores querían provocar”. Al término de su exposición, que duró siete horas, el primer ministro planteó que una comisión independiente, formada por miembros de la sociedad civil, investigue las responsabilidades políticas y administrativas del ‘Baguazo’. Las explicaciones de ambos, sin embargo, no impidieron que la oposición suscribiera dos mociones de censura pidiendo la cabeza de los dos integrantes del gabinete ministerial. Las firmaron legisladores del Partido Nacionalista, del fujimorismo, de Alianza Parlamentaria, del Bloque Popular y de Unidad Nacional. Por la mañana, el primer ministro respondió a los cuestionamientos por la intervención de la Sunat en Panamericana Televisión y por la utilización indebida de la señal de Canal 7. Ante la representación parlamentaria, Simon descartó la intervención gubernamental en la medida cautelar adoptada sobre el Canal 5, y aseguró que esta fue una decisión autónoma de la Sunat y de la cual –dijo– tanto él como su gabinete tomaron conocimiento a través de los medios de comunicación.
No obstante, dos días antes de debatirse en el Congreso la moción de censura al primer ministro Yehude Simon —planteada por la oposición tras los sucesos de Bagua—, parecía que el primer ministro ya se había resignado a dejar el cargo, pues señaló que “seguramente en las próximas semanas” se retiraría del Gobierno. Así las cosas, Simon pidió apostar por un Gabinete de concertación. “Apuesto por un primer ministro dialogante, pero debe tener el respaldo de todas las fuerzas políticas porque si solo lo elige el Gobierno será un Gabinete que dure muy poco. Apostemos por un Gabinete de concertación”, dijo en RPP. Sin embargo, destacó la labor de algunos ministros que —consideró— deben mantenerse en sus cargos. Asimismo, el jefe del Gabinete volvió a asumir su responsabilidad política por los hechos de violencia en Bagua, pero juzgó desproporcionado que la oposición exija su renuncia. No obstante, Simon ratificó su decisión de someterse a una censura, pues consideró una cobardía abandonar el Gabinete en etapa de crisis. Simon también adelantó que no se retirará de la política y que, por el contrario, se abocará a la formación de alianzas liderando el Partido Humanista de cara a las próximas elecciones regionales y presidenciales.
Respecto a lo que habría ocurrido antes de que se desate el “Baguazo”, documentos militares rotulados como “secretos” confirmaron que la Policía Nacional del Perú se apresuró en dar inicio al operativo policial de desalojo de la llamada Curva del Diablo, en Bagua, el pasado 5 de junio. Según los mismos, un día antes de la intervención policial, es decir, el 4 de junio, se llevó a cabo una reunión de alto nivel en la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para planificar un operativo coordinado. Estuvieron el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz; la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas; el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, y el jefe del Comando Conjunto, Francisco Contreras. Sin embargo, en la reunión no se determinó que la operación debía empezar el 5 de junio, como al final ocurrió. En realidad, no se fijó ni el día ni la hora del operativo, pues se entiendía que primero tenían que llegar a la zona –para auxiliar a los efectivos ya presentes– 800 hombres, entre militares y policías, provenientes de Lima, Tumbes y Chiclayo. Pero, lejos de esperar a que se concretara este despliegue, al día siguiente, muy temprano, la Policía inició el desalojo de la carretera con los pocos hombres que tenía, con los resultados ya conocidos.
Las conclusiones de la Junta Especial de Investigación Operativa de los sucesos de Bagua evidencian que el mismo careció de una planificación idónea. De acuerdo con el informe, para la operación “no se llevó a cabo un planeamiento conjunto desde el momento en el cual se autoriza el apoyo de las FF.AA., hecho que produjo vacíos operacionales y descoordinación, como el presentado al desconocerse el día y la hora de inicio del operativo policial”. Además, la operación careció de “un puesto de comando único con las facilidades y comunicaciones para el comando y control de las operaciones, motivo por el cual no se tuvo una comunicación y coordinación fluidas entre los comandos involucrados”. Incluso, agrega, “no se implementaron los canales de información e Inteligencia adecuados, originando que los comandos involucrados tuvieran diferentes apreciaciones sobre una misma situación existente, como se ha podido evidenciar en el caso de la Estación 6”. En otro momento del informe secreto se lee que “el comando policial responsable de la conducción del desalojo inició el operativo sin tener en cuenta el término del despliegue del personal de las FF.AA. solicitado en apoyo”.
El lunes 29, el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos acordó conformar cuatro grupos de trabajo, y uno de ellos será precisamente una comisión investigadora sobre los hechos ocurridos en el “Baguazo”. Los coordinadores del grupo detallaron que la Conferencia Episcopal, la Defensoría del Pueblo, el Gobierno Regional y los dirigentes de los grupos indígenas deben proponer quiénes la integrarán. Cabe resaltar que el grupo de la comisión investigadora decidió invitar al sacerdote Gastón Garatea para que exponga su experiencia en la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Además de una comisión investigadora, se formarán tres mesas de trabajo más: la primera analizará los decretos legislativos cuestionados por las comunidades indígenas y propondrá nuevas leyes, la segunda tiene por misión presentar los mecanismos de consulta, y la tercera se denomina propuesta nacional de desarrollo amazónico. Esta última debe elaborar un mapa de propiedad de la selva y realizar un diagnóstico de la misma. Las mesas de trabajo tienen 40 días para elaborar propuestas al grupo, el que luego tendrá dos meses para consultar a las comunidades y presentar un documento final y vinculante al Ejecutivo. Las mesas serán abiertas y podrán invitar a los expertos e instituciones que crean convenientes.
Mariana Olcese