Aproximadamente a las tres y media de la mañana del 1ero de julio, después de largas horas de debate y de espera, la Asamblea General Extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos llamó al gobierno de facto de Honduras a ceder el poder en las próximas 72 horas, y dio instrucciones a su secretario general, José Miguel Insulza, para que “realice las gestiones diplomáticas dirigidas a […] la restitución del Presidente José Manuel Zelaya Rosales.”

Pasadas las 72 horas sin haberse cumplido esto, la Asamblea pasaría a aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, suspendiendo a Honduras del organismo internacional.

Esta resolución marca un nuevo capítulo en la historia del país centroamericano tras los eventos ocurridos el domingo 28 de junio, cuando Zelaya fue removido del poder y del territorio de Honduras por las fuerzas armadas, bajo órdenes del Congreso y de la Corte Suprema de dicho país.

Con el pronunciamiento de la OEA, que fue unánime entre los 34 países miembros, se consolidaron las líneas que ponen a Honduras contra la comunidad internacional casi en su totalidad. Antes de su aparición en la sede de la OEA en Washington, D.C., Zelaya había conseguido el apoyo de la Asamblea General de la ONU y, explícitamente, de su presidente, el nicaragüense Miguel D’Escoto.

Por otra parte, la venezolana Luz Patricia Mejía, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidió acceso a Honduras para evaluar la situación de 30 personas desaparecidas después de los eventos que se produjeron el domingo pasado.

Para la comunidad internacional, reponer a Zelaya en la presidencia de Honduras significa el regreso al orden constitucional interno y un fortalecimiento de la democracia en la región. La ironía de esto es que para una gran parte del pueblo hondureño, el haber sacado a Zelaya representa exactamente lo mismo.

¿Hubo golpe de estado?

El artículo principal del diario La Prensa de Honduras del lunes 29 comienza de la siguiente manera: “Los hondureños dijeron sí a la paz, a la democracia, a la Constitución y al nuevo Gobierno,” después de que el hasta entonces presidente del Congreso Nacional de Honduras, Roberto Micheletti, asuma la presidencia de la República por sucesión constitucional. El argumento principal del gobierno de facto es que no hubo un golpe de Estado, sino una destitución de la figura presidencial dentro del marco constitucional. Este argumento tiene cierta validez ya que el “golpe” en Honduras no cumple con dos rasgos fundamentales de dicho fenómeno político: toma del poder por parte del estamento militar y quebrantamiento del Estado de Derecho.

Si bien fueron las fuerzas armadas los que removieron a Zelaya, el argumento principal del gobierno de Micheletti es de que estos actuaron basada en una orden judicial y su propósito fue restablecer el Imperio de la Ley (rule of law), el cual, se dice, estaba siendo violentado consistentemente por el propio Presidente del Poder Ejecutivo, al desconocer las disposiciones del Poder Judicial y del Poder Legislativo (checks and balances). Luego de la intervención de las Fuerzas Armadas, la Constitución Política sigue vigente ya que se respetó plenamente la sucesión de poder establecida por la Carta Magna, según el punto de vista del gobierno de Micheletti.

¿Si no hubo golpe de estado, por qué no asumió el poder el vicepresidente? La respuesta a esto en gran parte explica las motivaciones del gobierno de facto para destituir a Zelaya: si bien existe un “comisionado vicepresidente” en Honduras, esta posición fue creada por Zelaya sin consultar al Congreso después de que el vicepresidente electo, Elvin Santos, renunciara para tentar la presidencia en las elecciones de noviembre próximo. Tanto la figura del comisionado vicepresidente como quien asumió las funciones fueron cuestionados por la Corte Suprema y por la sociedad civil de Honduras, arguyendo que la selección “a dedo” era inconstitucional.

El artículo 242 de la Constitución hondureña dice lo siguiente: “Si la falta del Presidente fuera absoluta, el Vicepresidente ejercerá la titularidad del Poder Ejecutivo por el tiempo que le falte para terminar el período constitucional. Pero si también faltare de modo absoluto el Vicepresidente de la República, el Poder Ejecutivo será ejercido por el Presidente del Congreso Nacional.” Con Zelaya removido y sin tener a un vicepresidente avalado por la Constitución, Micheletti como presidente del Congreso asume funciones.

Sin embargo, la presencia militar y la remoción de Zelaya del territorio nacional de Honduras previo a ser destituido por el Congreso hacen que el cambio de gobierno en Honduras sea diferente al que ocurrió en el Perú en el 2001, cuando Alberto Fujimori fue vacado por el Congreso y reemplazado por Valentín Paniagua sin intervención militar alguna.

Decidir si hubo o no hubo un golpe de estado militar en Honduras es más que un simple tecnicismo: es la razón detrás de la intervención de la OEA a través de la Carta Democrática. Si se decide, como dice Micheletti, que no hubo golpe de estado, todo lo que ha transcurrido en Honduras pasa a ser un problema interno del país, y cualquier intervención de la OEA atentaría contra la soberanía nacional.

Por otro lado, si se mantiene la posición que ha adoptado la comunidad internacional y los hechos ocurridos en Honduras se definen como un golpe de Estado, la situación podría descarrilarse, enfrentando naciones en un complicado juego de ajedrez y creando retos difíciles para el modelo democrático y la fortaleza institucional de los países del hemisferio.

¿Qué ocurre ahora?

Los próximos días son fundamentales para el futuro de Honduras y según lo que ocurra, se empezaran a trazar nuevos paradigmas en la política de la región.

Insulza, acompañado de los presidentes de Argentina, Ecuador, y el presidente D’Escoto, irá pronto a Honduras a tratar de facilitar el retorno de Zelaya a la presidencia. Si son exitosos, los hondureños tendrán de vuelta a su presidente democráticamente elegido pero limitado en sus funciones por las otras fuerzas políticas que, seguramente, pondrían como condición de su retorno una amnistía general para evitar persecuciones políticas y juicios masivos. Hay que notar que el regreso de Zelaya implicaría, irónicamente, revocar las direcciones tomadas por el Congreso y la Corte Suprema de Honduras en los últimos días.

Por otro lado, si Insulza y compañía no son exitosos y la situación se mantiene igual, entonces la presidencia de Honduras se vería limitada por la suspensión del país en la OEA y la falta de apoyo internacional, tanto moral como monetaria, que esta traería consigo. En ambos casos, un gran porcentaje de la población hondureña pierde.

Sería irónico que, a falta de una solución permanente, se suspenda en el día de independencia de los Estados Unidos al país en el cual, hace tres semanas, se derogó la suspensión de 47 años a Cuba; un país que ha tenido una larga batalla por la democracia y que, en los próximos días, se decidirá tanto en las calles de sus ciudades como en los centros de poder de las Américas.

Emil Caillaux
Columnista Invitado