Parece el título de una comedia, pero la situación que se vive actualmente en el país no es cómica por donde se le mire. La incapacidad del Estado para hacerse presente en la totalidad del territorio nacional y para promover el bienestar ciudadano se ha hecho trágicamente patente en los últimos días. Ya se escuchan las demandas de cambio del gabinete Simon, pero, como la experiencia ha demostrado ya demasiadas veces, cualquier cambio ministerial no significa cambios estructurales en las relaciones del Estado con los ciudadanos. Los cambios más profundos todavía están pendientes.
Conforme las noticias de los niños muertos en Puno por la ola de frío y de la imposibilidad para establecer un diálogo con las comunidades nativas liderados por la AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) llegaron a los medios masivos –y a los blogs-, comenzó a percibirse el tan conocido olor a desigualdad que invade cada vez que el Estado demuestra su incapacidad para responder a las necesidades más urgentes de la población. La semana pasada, este olor ha llegado a ser un hedor insoportable en un país que, según el gobierno aprista, está atravesando la crisis financiera internacional mejor que muchas economías desarrolladas y que se desvive asegurando que “El Perú avanza”.
El juego parece ser el de pasar la papa caliente a quien esté más cerca, como vienen haciendo el Ejecutivo y el Congreso de la República en Bagua, y el Ejecutivo y el gobierno regional en Puno. El trágico desenlace del bloqueo de la carretera Fernando Belaúnde Terry en Bagua muestra que la tolerancia de los sectores olvidados de la población tiene un límite, y este suele traducirse en el apoyo a acciones violentas que, en muchos casos, parecen ser la única forma de llamar la atención del Estado.
Ya se ha movilizado personal del Ministerio de Salud a Juliaca para atender a los enfermos por infecciones respiratorias agudas (IRA), además de personal del Instituto de Defensa Civil para entregar ropa gruesa, frazadas y alimentos. No obstante, no es la primera vez que ocurre, y probablemente tampoco será la última. Por otro lado, el conflicto que se desencadenó en Bagua había sido precedido por más de 50 días de intentos de comunicación frustrados entre manifestantes y el gobierno de Alan García. Son dos situaciones que a primera vista han tenido causas muy distintas, pero son síntomas indiscutibles del abismo que separa al Estado de la población que no puede disfrutar de los canales de expresión de sus demandas como lo haría la población de mayores recursos y de ubicación más geográficamente apropiada.
La presencia del Estado se difumina alarmantemente conforme nos alejamos de Lima, y no sólo para quienes protestan por proteger sus legítimos intereses, sino también para quienes son enviados a proteger los intereses de quienes se encuentran en la capital. No es gratuito que mueran tanto policías como nativos en violentos enfrentamientos que podrían haberse resuelto con más interés por parte del Estado en generar un diálogo constructivo. Asimismo, no es irrelevante que quienes son enviados a proveer servicios de salud no tengan los suministros médicos básicos para permitir que los niños con IRA puedan llegar a las ciudades mejor aprovisionadas para recibir tratamiento integral.
Obviamente, el diálogo puede convertirse fácilmente en monólogo sin interlocutores dispuestos a encontrar salidas concertadas, pero el primer paso para demostrar la disposición al diálogo debe provenir del Estado invariablemente. ¿Por qué? Porque nos encontramos frente a una diferencia descomunal en la institucionalización de canales de diálogo y medios para transmisión de demandas cuando lo analizamos desde el extremo del Estado y del extremo de los ciudadanos con menores recursos. Si no hay los suficientes recursos humanos ni económicos para generar capacidades en la población de forma que puedan complementar la inexistencia de un Estado más ocupado en concretar tratados de libre comercio, no demorarán mucho en llegar los siguientes capítulos de esta tragedia humana.
Mariana Olcese
Muy buen articulo Mariana. Esta es una señal de alarma de que si para nuestros gobernantes, el Perú sigue siendo Lima, el progreso que tanto necesitamos todos tardará mucho más de lo esperado en llegar. La descentralización, la creación de nuevos canales de comunicación entre la población y la clase política, y el acercamiento del gobierno al Perú, y no solo a Lima, son necesidades inminentes si no queremos que lo ocurrido en Bagua se vuelva noticia de todos los días.
SUSPENDER LA LEY DE LA SELVA
Suspender la Ley de la Selva indefinida, significa que que se duerma en el olvido,? y cuando se calmen las aguas, volveremos a despertar la Ley?. Es como tomarse una anfetamina, para dormir y cuando despertemos tomarse otra, me puden explicar los polítilogos que pretende el Estado con esta estrajegia, o es que está tanteando ls coyuntura. En tal sentido que esta fórmula ya se planteo; pero con difernte color , o acaso no se dan cuenta? ¡’por favor ¡. Cuando Del Castillo dice es un triunfo a tantos polícias muertos, esto parece mas bien revanchismo, terquedad obstinado a no querer derogar la ley de la Selva, es que como el no está en el campo de la acción que le importa que los demas se maten, que sufran de hambre.