En esta crónica semanal de Perú Político del 10 al 16 de mayo del 2009, tenemos como noticia central la radicalización del paro amazónico iniciado el 9 de abril.
El paro amazónico empezó el 9 de abril contra una serie de decretos legislativos que los nativos consideran atentatorios contra sus derechos ancestrales. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) exige la derogación de la Ley de Recursos Hídricos, la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre -aprobados después de la serie de artículos escritos por el presidente de la República, llamados `El perro del hortelano´ y dentro del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos- que son el origen del conflicto.
Entre el paquete de decretos piden derogar, destaca el 1064, que elimina el mecanismo de consulta previa a las comunidades indígenas que las empresas extractivas deben realizar antes de explotar los recursos naturales de sus territorios, pero también sobre la administración del agua. En agosto del 2008 el Congreso se comprometió a derogar los decretos pero no fueron votados en el pleno, quedándose en un limbo legal que hoy es motivo de la huelga. Durante este mes las comunidades selváticas organizadas han realizado una serie de medidas de fuerza para hacerse oír y han recibido la represión del Estado, pero también el apoyo de los obispos de las regiones amazónicas.
El gobierno ha declarado el estado de emergencia y la suspensión de las garantías constitucionales en ocho distritos de Amazonas, Cusco, Loreto y Ucayali por 60 días, aumentando la tensión. Para el primer ministro Yehude Simon los desórdenes son obra de algunos inescrupulosos que buscan crear conflictos para afectar a todo el país.
Previamente, tras un intenso debate, el Pleno del Congreso aprobó el informe final de la comisión multipartidaria que recomienda a la Comisión de Constitución que evalúe, y ya no dictamine como se planteó en un inicio, la derogatoria de los decretos legislativos 994, 1064, 1020, 1080, 1081, 1089, 1090, 1060 y 995, que atentarían contra los pueblos indígenas. Precisamente esta modificación fue cuestionada por el presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso, Róger Nájar, quien sostuvo que con esa decisión solo se dilata una solución al problema de las comunidades nativas. Por su parte, Alberto Pizango, presidente de Aidesep, calificó como una ofensa el acuerdo logrado en el Legislativo y que además evidencia que el gobierno no tiene voluntad de solucionar los problemas planteados.
Mientras miles de nativos están movilizados en toda la Amazonía, realizando paros y marchas de protesta, al jefe del gabinete ministerial, Yehude Simon, advirtió que el gobierno decretaría el Estado de Emergencia si los indígenas no deponían sus medidas. Dijo que el gobierno no puede permitir que pongan en peligro las instalaciones eléctricas, ni la exportación de petróleo y demandó a los nativos que acudan a una mesa de diálogo permanente. Simon acusó a Alberto Pizangode confundir y engañar a los nativos cuando dice que el gobierno intenta privatizar el agua, y aseguró que este punto le fue aclarado al dirigente en reuniones sostenidas en la Presidencia del Consejo de Ministros. Pizango señaló que la protesta continuaría pese a las amenazas.A un mes de iniciado el paro en la amazonía, los pueblos indígenas acordaron radicalizar sus medidas de protesta.
Lejos de que el estado de emergencia decretado por el Gobierno disuadiera su medida de fuerza, las comunidades indígenas radicalizaron su protesta tomando el puente Corral Quemado, ubicado en la provincia de Utcubamba, informaron autoridades de esta zona. Según se supo, un nutrido contingente de nativos pertenecientes a los pueblos aguarunas, awajún y wampis, con los rostros pintados y portando arcos y flechas, se apostaron en dicho viaducto a las 6 de la mañana reclamando la derogatoria de una serie de decretos legislativos que, según ellos, perjudican sus intereses. Por ello, un contingente policial de la Dinoes de Bagua Grande tuvo que dirigirse hacia la zona para restablecer el orden público. Sin embargo, ante la férrea oposición de los revoltosos, el puente recién fue despejado pasadas las dos de la tarde. Durante los enfrentamientos, tres nativos resultaron heridos. Ante esta situación, Cervando Puerta Peña, presidente de la Organización Regional de los Pueblos de la Amazonía Norte (Orpian), hizo un llamado a las autoridades para que no provoquen enfrentamientos, “La decisión de los pueblos amazónicos de protestar es legítima ante un Gobierno que intenta vender la Amazonía”, refirió. Por su parte, el premier Yehude Simon advirtió que existe una manipulación política detrás de las protestas de las comunidades amazónicas.
Tras llegar a un acuerdo con la Presidencia del Consejo de Ministros, los dirigentes de las diferentes comunidades indígenas que viven en el oriente peruano emprendieron viaje hacia la capital del país a fin de que el miércoles por la tarde participen en lo que sería una reunión clave para superar el conflicto que los tiene en huelga general desde hace más de un mes. Sin embargo, ir camino al diálogo no implicaba que se haya levantado la medida de fuerza. Por el contrario, se informó que los nativos permanecen allí donde se han instalado con la amenaza de bloquear la circulación del transporte fluvial y en carreteras, así como cortar el bombeo hacia la costa del combustible que se extrae del subsuelo de la selva.
Juan Manuel Figueroa, de la Unidad de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros, garantizó que se empezaría por cumplir lo indicado en un acta firmada entre los nativos y la PCM el 20 de abril de 2009: la instalación de una mesa de diálogo. Igual, sostuvo que “la solución a la demanda de derogatoria de los Decretos Legislativos está en manos del Congreso, la tiene la Comisión de Constitución”, indicó. Lamentablemente, los nativos tienen razones para desconfiar del Congreso de la República, pues fue justamente allí donde se originó el conflicto, el provocó que el Gobierno decretara el sábado 9 de mayo el estado de emergencia por sesenta días.
El jueves 14, Pizango se reunió con el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén. El encuentro no fue fructífero: mientras los representantes del oficialismo decían a Pizango que la Comisión de Constitución debatiría la derogatoria de los decretos legislativos, para el dirigente nativo no existía la voluntad política de dar solución a sus demandas. “Se agotó el diálogo”, declaró el dirigente.
Finalmente, la posición de Alberto Pizango se radicalizó el viernes pese a que el jueves había asegurado ser consciente de que las demandas de los pueblos amazónicos no se iban a solucionar de un día para otro. Pizango anunció más bien que los pueblos amazónicos se declaran en insurgencia contra el gobierno, debido a “la poca voluntad demostrada para derogar” un conjunto de decretos legislativos que consideran lesivos para sus intereses.
Enterado de la sorpresiva proclama, Yehude Simon declaró que se adoptarán las medidas respectivas para mantener el orden. Simon aseguró que el gobierno ha actuado con mucha prudencia y paciencia y ha agotado todo lo que significa el diálogo. Simon dijo que si ocurren hechos de violencia habrá responsables y no serán ni la policía ni los soldados ni el Estado ni los nativos, sino “el señor Pizango y los que están detrás”.
Desde Chile, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, indicó que no hay argumentos legales para que los nativos se declaren en insurgencia. “Es absolutamente impertinente (porque) no hay ningún gobierno usurpador y nadie está asumiendo funciones públicas en contra de la Constitución”, comentó. Agregó que Pizango y quienes se sumen a su llamado estarían cometiendo delito de sedición al ponerse al margen de la ley.
Las reacciones en el Congreso tampoco se hicieron esperar. Por lo pronto, la bancada del Partido Nacionalista Peruano expresó su solidaridad con los nativos, aunque su vocero Fredy Otárola aclaró que no aprobaba el llamado a la insurgencia. Horas después, tras una junta de portavoces de bancadas, el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén dio a conocer un comunicado conjunto —al no se plegaron los humalistas— en el que se rechaza la medida del gremio nativo. Explicó que Aidesep no le ha alcanzado sus argumentos técnicos para modificar los decretos que cuestiona, y le pidió a la Comisión de Constitución que se pronuncie sobre su constitucionalidad.
Mariana Olcese