Una vez más, el Congreso y el Ejecutivo han sorprendido a la opinión pública. Una vez más, se trata de malas noticias. La Ley 28568, que establece que el tiempo de detención preliminar, preventiva y domiciliaria, que haya sufrido un imputado, se abonará para el cómputo de la pena impuesta, ha entrado en vigor.
Funcionarios ligados a la lucha anticorrupción han advertido que la norma traerá serias consecuencias. Según el procurador ad hoc para el caso Montesinos-Fujimori, Antonio Maldonado, la norma recientemente promulgada es negativa, deliberada, inconsistente y con nombre propio. Por eso ha anunciado que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).
Para el congresista Natale Amprimo, sin embargo, Maldonado no está facultado para presentar tal demanda ante el TC. El ex integrante de Somos Perú y el PPC incluso le recomendó a Maldonado releer la Constitución. Vale recordar que Amprimo es uno de los principales defensores de la ley.
Como se recuerda, la norma fue aprobada el 8 de junio con 57 votos a favor y sólo cinco abstenciones. Inmediatamente, los ojos apuntaron al ejecutivo de quien se esperaba revisara la ley. Pero el Ejecutivo no hizo nada, de modo que el presidente del Congreso, Ántero Flores-Aráoz, se vio obligado a aprobar la norma.
Sin embargo, horas antes de que el jefe del Parlamento estampara su rubrica en la norma, recibió una carta de Anel Townsend y Heriberto Benítez en la que le pedían no firmar la ley. Argumentaban que la Constitución no establece ningún plazo para que el presidente del Congreso firme una ley que no ha sido revisada por el Ejecutivo.
Ahora, todos se echan la culpa de lo sucedido. El FIM critica al Ejecutivo, en especial a los ministros. Para el ministro de Trabajo, Juan Sheput, la culpa es compartida. Carlos Ferrero anuncia que el presidente no tenía ninguna intención de revisar la ley.
Por lo pronto, el congresista Henry Pease (PP), quien votó a favor de la norma, indicó que para debatirla y derogarla viene gestionando una reunión de la Junta de Portavoces del Legislativo, que determine en el más breve plazo posible dicha sesión extraordinaria. Igualmente, el APRA anuncia que pedirá una modificación de la ley. Sin embargo, para el ex procurador adjunto, Ivan Meini, por más que ésta se derogue, los condenados podrán sostener que ya adquirieron un derecho cuando esa ley entró en vigencia y que su derogación luego no tiene por qué perjudicarlos.
Intereses oscuros
Salvo honrosas excepciones, la gran mayoría de los políticos peruanos, parecen estar interesados en que no se sancione a los corruptos. “Hoy por ti, mañana por mí”, parece ser el lema de nuestros representantes.
En el Ejecutivo, la situación parece ser clara. Toledo tiene a su hermana, Margarita Toledo, con arresto domiciliario. Se dice también, que la posibilidad de ser llevado a tribunales una vez finalizado su mandato, cuando ya no tenga la inmunidad que lo protege, lo habría llevado a desentenderse de la norma.
Por el lado del APRA, la ex mano derecha de Alan García, Agustín Mantilla, podría beneficiarse de la nueva ley. Los fujimoristas tienen a gran parte de sus referentes con arresto domiciliario o en prisión efectiva.
En 2001, la campaña de Alejandro Toledo por la presidencia se realizó con una plataforma clara de lucha anticorrupción. En esa materia, su gobierno ha ido perdiendo fuerza con el correr del tiempo. Para muchos, la estocada final fue la no renovación de los contratos del equipo que dirigía Vargas Valdivia en la Procuraduría ad hoc. Además, los casos en los que se ha visto envuelto el propio Toledo no han sido pocos. Las coimas del grupo Bavaria, la falsificación de firmas…
A su vez, una encuesta de la Universidad de Lima realizada en Lima y Callao el 21 y 22 de mayo, revela que el Poder Judicial es la institución del estado considerada más corrupta, con el 21% de las preferencias. Le siguen de lejos las municipalidades y el Congreso con 6,8 y 5,6% respectivamente.
En el Perú, parece que de la corrupción no se salva nadie. Repito: “Hoy por ti, mañana por mí”.