El martes 28 de abril, dos disparos de lanzagranadas RPG contra el helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea, le pudieron haber costado la vida al general EP Francisco Contreras Rivas, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El atentado se produjo en la zona de Vizcatán, ubicada en el Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), cerca del lugar donde el 9 de abril pasado murieron 15 soldados víctimas de un ataque narcoterrorista. Días antes del atentado, el premier Yehude Simon y el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, habían asegurado que esa zona del Vizcatán estaba plenamente controlada por el ejército.

El miércoles 29 de abril, el ministro de Defensa de Chile, Francisco Vidal, anunció una nueva adquisición de 18 cazabombarderos F-16 por un total de 270 millones de dólares. Vidal señaló que la nueva compra no está relacionada con la demanda marítima que el Perú planteó ante la Corte de La Haya y obedece solamente a la necesidad de renovar material bélico. Trascendió que en los próximos días, el gobierno chileno gastará otros 450 millones de dólares en nuevas compras militares (fuente: El Comercio, 03/05/2009).

Estos dos episodios han despertado los apetitos presupuestales del ministro de defensa. Esta semana, Flores-Aráoz ha hecho eco del proyecto de ley del vicepresidente Luis Giampietri, que propone destinar un fondo equivalente al 5% del canon minero a las instituciones castrenses (El Comercio, 03/05/2009). El presidente García, a su vez, ha criticado las nuevas compras chilenas – al señalar que algunos países de la región “se dan el gusto de gastar igual que Estados Unidos en la compra de armas” – pero ha calificado de interesante la propuesta de Giampietri.

Para Flores-Aráoz, los 650 millones de dólares del Núcleo Básico para la Defensa que el Perú prevé invertir hasta el año 2011 para reforzar las fuerzas armadas, son insuficientes (Perú.21, 01/05/2009). En los últimos días, el ministro ha obtenido un triunfo político al lograr comprometer más de 400 millones de soles en nuevas inversiones para los institutos armados (El Comercio, 07/05/08).

Lamentablemente, el debate que se ha generado esta semana en torno a la necesidad de repotenciar las fuerzas armadas ha carecido, una vez más, de todo rigor. En los últimos tiempos, los pedidos de ampliación del gasto militar se han producido de forma desordenada, siempre como reacción desesperada a las acciones del adversario. El narcoterrorismo ataca en el VRAE o Chile compra armamento y se siembra el pánico en los círculos gobiernistas. Esto, a su vez, le da pie a los sectores militaristas para exigir más dinero.

En medio de la confusión, sigue faltando una estrategia clara para los institutos armados, y ningún político ha puesto énfasis en ese aspecto. Para Flores-Aráoz, que como ministro de defensa necesita solidarizarse con las autoridades castrenses, es más fácil hechar la culpa de la fallida estrategia de defensa a las carencias presupuestales. Es probable que las fuerzas armadas necesiten más recursos, pero ¿qué portafolio no se encuentra en una situación similar? Gobernar en el Perú significa hacer virtud de la escasez.

Lo que sí parece estar claro es que el sector defensa carece de prioridades bien definidas en el manejo de su presupuesto. Este año, el gobierno ha asignado más de 4500 millones de soles al ministerio de defensa (Ley de Presupuesto Público No. 29289). No será mucho comparado al presupuesto de defensa chileno, pero tampoco es tan poco. En ese contexto, no queda claro por qué el ministro Flores-Aráoz y la plana mayor del Ejército no han sido capaces de destinar los recursos humanos y monetarios necesarios a la lucha contra el narcoterrorismo en el VRAE, cuando se sabe desde hace mucho tiempo que ese es el último gran bastión de Sendero Luminoso. Nadie duda de la complejidad de la lucha contra el terrorismo, pero no hay excusa para que lo soldados que salen a patrullar la zona estén mal alimentados o mal armados.

Aún así, los terribles sucesos acontecidos en el VRAE en la últimas semanas no han sido una llamada de atención suficiente para que el gobierno se decida, de una vez, a reformar las fuerzas armadas de acuerdo a las necesidades, fundamentalmente internas, de nuestro país. En vez, se habla de mantener “la capacidad disuasiva” frente a Chile, lo que en la práctica significa adquirir el tipo de armamento que nos defendería en caso de conflicto externo. La búsqueda por alcanzar un nuevo “balance” en material bélico, nos conduciría a una carrera armamentista que dificilmente podríamos ganar.

Ignazio De Ferrari