En esta crónica semanal de Perú Polìtico del 26 de abril al 2 de mayo, la noticia central es la demora en la investigación del caso de los “chuponeadores” de la empresa Business Track (BTR).
En medio de un gran despliegue de seguridad y con la presencia de casi todos los detenidos por el Caso BTR, por fin comenzaron las diligencias de deslacrado y revisión del material incautado a los presuntos “chuponeadores”. Sin embargo, pese a que esa jornada inicial duró más de seis horas, el avance fue exiguo e incluso suspendieron la sesión reservada al no poder acreditar el certificado que autoriza el uso del software especial destinado para tal revisión. Según una fuente vinculada a uno de los acusados, existía el temor de que el programa informático pudiera ser pirata, lo cual invalidaría, más adelante, toda la revisión. Según se supo, el aludido software es fundamental pues permitirá saber si el material lacrado ha sido manipulado. También posibilitará recuperar archivos que podrían haber sido eliminados de las computadoras. La diligencia, hecha en una sala del tercer piso del edificio del Palacio de Justicia, estuvo dedicada a los bienes confiscados al marino Jesús Tirado Seguín. Es tanta la cantidad del material por examinar, que se calcula que solo la revisión de los bienes de Tirado podría demandar más de diez días y no los tres que la jueza Martínez programó. El chequeo de todo el material incautado podría durar varias semanas. Quizás por eso el Ministerio Público recomendó empezar la indagación con los bienes de los principales implicados y no con los de los acusados secundarios, cuyo material ya fue examinado por la fiscalía, la que no encontró nada relevante. Sin embargo la jueza no hizo caso.
Por su parte, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, exigió rapidez en el proceso penal contra los directivos y empleados de la empresa de seguridad Business Track (BTR), y demandó a la jueza del caso que actúe con la celeridad debida pues ya ha perdido mucho tiempo. Como se recuerda, el otro proceso vinculado al de BTR, es decir, el de los ‘petroaudios’ también camina a paso lento y el Poder Judicial no muestra avances significativos. Fernández insistió en que a la jueza Martínez no le corresponde encargarse del caso BTR. Recordó que una norma procesal dispuso recientemente que los procesos ordinarios sean vistos por jueces ordinarios. “Pero no es el caso de la doctora Martínez. Hay que conservar el principio constitucional del juez natural y, en este caso, es el juez Edwin Yalico”, quien vio esto en la etapa de investigación. No obstante, la ministra fue cauta y trató de evitar un entredicho con el Poder Judicial al asegurar que sus opiniones “no implican ningún enfrentamiento” con este poder del Estado.
La empresa de seguridad Business Track que tenía como directivos a los oficiales de la Marina Elías Ponce Feijoo y Carlos Tomasio, no solo se dedicaba a la interceptación telefónica ilícita, sino también al seguimiento de potenciales objetivos (políticos, empresarios y altos funcionarios de empresas privadas) para fines no del todo conocidos hasta el momento. Esto se desprende de la extensa declaración instructiva que Ponce brindó hace unas semanas ante la jueza María Martínez. Durante su reservada manifestación —en la que el ex sub jefe de inteligencia naval desplegó su capacidad en el arte de la negación y la amnesia selectiva— Ponce no soltó prenda sobre las actividades de seguimiento y negó conocer la procedencia y el contenido de tres de los siete USB que le incautaron el día de su captura (el 8 de enero), los que actualmente son la principal evidencia de los seguimientos que practicó la empresa BTR. Y es que los tres USB que Ponce rechaza contienen 22 audios sobre las conversaciones referidas al caso de los “petroaudios”, que lo incriminan directamente en la investigación por “chuponeo”. Sin embargo, lo más novedoso que descubrieron las autoridades judiciales, al ver el contenido de solo uno de los tres USB, fue que BTR también se dedicaba al negocio del seguimiento. En esta memoria portátil se encontraron archivos y fotografías de actividades de seguimiento que habría practicado BTR al congresista aprista Miguel Luis Guevara Trelles, quien el 2008 presidió una comisión para investigar los contratos petroleros y mineros firmados por el Estado con empresas privadas. También se encontró evidencia del seguimiento a Melissa Mendieta Fernández, apoderada de la cementera Latinamerican Trading (filial de la empresa mexicana Cemex en el Perú). Asimismo, se vigiló la cementera Quisqueya.
El congresista aprista Miguel Guevara Trelles manifestó que, probablemente, la empresa de seguridad Business Track (BTR) quería chantajearlo. “Al parecer, estas empresas querían chantajearme para de esta forma evitar que prosigan las investigaciones”, dijo Guevara. Petro-Tech, por ejemplo, fue puesta en la mira por este grupo de trabajo meses antes de que fuera sindicada (aunque sin ser incluida en juicio alguno) como la entidad que habría contratado al marino Elías Ponce Feijoo para el “chuponeo” telefónico.
Según la programación inicial, la revisión de los bienes de Jesús Ojeda estaba planificada para hacerse en tres días; sin embargo, fuentes del Ministerio Público indicaron que tomará unos 15 días como mínimo. Hasta ahora se ha abierto solo uno de los ocho paquetes pertenecientes a Ojeda. Dicho paquete contiene tres USB, una cámara fotográfica y dos disquet. Justo cuando se estaba sacando una copia de un USB con el aludido software, el implicado Carlos Tomasio pidió ver la licencia del programa y allí paralizaron el peritaje.
Por fin, tras muchas dilaciones y cuando parecía que el inicio de la revisión del material incautado a los presuntos “chuponeadores” iba a quedarse entrampado por la discusión de la legitimidad del software usado para el peritaje, la jueza María Martínez decidió no aceptar más suspensiones y continuar adelante con la diligencia.
La sesión reservada comenzó a las 9:30 a.m. en una sala del segundo piso del Palacio de Justicia. En esta oportunidad ya no participaron los detenidos, pues se concluyó que no era necesaria su presencia y que bastaba con la de sus abogados. La jornada duró más de ocho horas seguidas.
Todavía no habían podido visualizar ni escuchar nada de los bienes incautados al marino Jesús Ojeda, los cuales serían examinados primero. Lo que hicieron fue retirar los discos duros de las ochos computadoras del Poder Judicial con las que trabajarán y colocar nuevos discos duros para evitar cualquier posibilidad de contaminación informática. Igualmente instalaron el software y todo quedó listo para que a partir del jueves comience la visualización y escucha del primer paquete de los ocho que pertenecen a Ojeda.
Por otro lado, tras casi siete meses de trabajo, la comisión parlamentaria que investiga la supuesta existencia de una red de interceptación telefónica presentaría su informe final el 13 de mayo. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de pedir una ampliación de hasta 45 días para concluir la investigación. Así lo informó el congresista Rolando Sousa, miembro de esta comisión. Uno de los últimos invitados que desfiló por dicho grupo de trabajo fue el representante legal de Petro-Tech, Alberto Varillas. Varillas negó cualquier vínculo con la empresa Business Track. En diciembre pasado, el Congreso otorgó 90 días adicionales a la comisión que investiga la supuesta red de interceptaciones ilegales. Las conclusiones se esperaban para el 5 de enero, sin embargo se argumentó que había faltado tiempo para citar a más personas. Dicho grupo de trabajo está a la espera de revisar las copias de los discos duros de las computadoras de los investigados por “chuponeo”. Miembros de la comisión sostuvieron que la demora en la entrega de la información podría deberse a que se quiere impedir la participación del Parlamento en la investigación.
Mariana Olcese