Cuando en octubre pasado, la Comisión de Constitución aprobó su eliminación, se pensó que el voto preferencial pasaría a formar parte de nuestra historia electoral. Sin embargo, más de cinco meses después, los 61 votos necesarios para sepultar el voto preferencial en el pleno parecen inalcanzables. Más que insistir en su eliminación, la realidad política obliga a proponer una reforma del voto preferencial que corrija una deficiencia mayúscula: el hecho de que en la práctica, un porcentaje reducido del electorado decida qué candidatos de cada lista se adjudica un escaño en el Congreso.
El problema radica en la contradicción de que el uso del voto preferencial sea opcional – el votante puede marcar sólo el símbolo de un partido si así prefiere – y que, pese a ello, solamente la cantidad de votos preferenciales decidan qué candidatos de cada agrupación ingresan al Parlamento. Si bien no se puede determinar qué porcentaje del electorado utiliza al menos uno de sus voto preferenciales, ya que esa estadística no es recogida, sí es posible precisar el porcentaje máximo de votantes que hace uso de sus dos votos preferenciales. En la última elección legislativa no más del 43,93% de los electores utilizó sus dos votos preferenciales.
Puesto que el uso del voto preferencial es opcional, se ha tendido a creer, equivocadamente, que el orden de candidatos preestablecido por el partido cumple una función en la adjudicación de los escaños. A menudo se escucha a analistas políticos decir que con el voto preferencial el elector puede alterar el orden de las listas cuando, en la modalidad peruana, el voto preferencial no altera sino que es el único factor que define qué candidatos de cada partido entran al Parlamento.
Ante las escasas posibilidades de que los hijos del voto preferencial decidan eliminar este mecanismo, se abren dos caminos para reformarlo. La primera posibilidad es que se adopten listas flexibles en las que tanto el orden preestablecido por la agrupación política como el número de votos preferenciales decidan qué candidatos de cada lista ingresan al Parlamento. Por lo general, se establece que para entrar al Congreso a través del voto preferencial, el candidato debe superar una cuota determinada.
En la práctica, en los países que han introducido listas flexibles (países europeos como Austria, Bélgica u Holanda), han sido pocos los candidatos que han logrado sobreponerse a la configuración preestablecida por el aparato partidario. Sin embargo, el margen de influencia del votante en la selección de los candidatos de la lista se puede extender aplicando cuotas más permisivas que terminen por persuadir a aquellos legisladores que temen la dictadura de las cúpulas partidarias.
La segunda vía de reforma consiste, en vez, en perfeccionar el mecanismo existente, haciendo obligatorio el uso del voto preferencial. El elector haría efectivo su voto al marcar la preferencia dentro de la lista, de modo que todo el electorado participaría, efectivamente, no sólo de la adjudicación del número total de escaños de cada agrupación, sino también de la elección puntual de cada legislador. En la actualidad, cuando un votante marca solamente el símbolo del partido, delega, en la práctica, la elección de los legisladores a los electores que sí utilizan el voto preferencial.
Frente a las listas flexibles, el voto preferencial obligatorio tiene dos desventajas considerables. La primera es que el votante no puede delegar la elección del candidato a su propia agrupación si así desea. El sistema exige mayor información de parte del elector, pues para hacer efectivo su voto, éste debe tener un mejor conocimiento de la identidad de los postulantes. La segunda desventaja radica en que el dinero juega un papel más importante incluso que en la actualidad, ya que para resultar elegido, un candidato requiere de un número mayor de votos y, por lo tanto, de una inversión monetaria mayor.
Aún así, el voto preferencial obligatorio tiene la importante bondad de abordar uno de los grandes problemas de la democracia peruana: la escasa representatividad del cuerpo legislativo. En la actualidad, algunos congresistas son elegidos con menos del 0,24% de los votos válidos de su circunscripción. Esto alienta el clientelismo, sobre todo en los distritos electorales más pequeños, ya que un candidato puede ser elegido con sólo un puñado de votos. En cambio, al extender el uso del voto preferencial, el costo de cada voto se vuelve más alto, lo que obliga al candidato a apelar a un sector más amplio del electorado.
Esto último refuerza la que, a mi entender, es la mayor virtud del voto preferencial y que ha sido relegada equivocadamente a un segundo plano en el debate público de los últimos tiempos: la posibilidad del votante de sancionar directamente al legislador que no respondió a sus expectativas. En sistemas de listas cerradas, la sanción a un legislador implica necesariamente el cambio de partido, mientras que en sistemas de listas abiertas basta con cambiar de preferencia intrapartidaria. La democracia prospera cuando el ciudadano que, en definitiva, es el gran valedor del orden democrático, tiene las herramientas necesarias para otorgar un mandato claro. Por lo directo y transparente del mecanismo, el voto preferencial obligatorio permite avanzar en esa dirección.
Ignazio De Ferrari