En esta crónica semanal de Perú Político del 11 al 17 de marzo del 2009, las noticias nos vienen desde las relaciones del Perú con su vecino sureño.

Una semana después de que el canciller chileno Alejandro Foxley cuestionara a los políticos peruanos que criticaban el Acuerdo de Complementación Económica con su país, y a pocos días para que Perú presente los argumentos de la demanda por el diferendo de la frontera marítima ante la Corte Internacional de Justicia ubicada en La Haya, la presidenta Michelle Bachelet anunció su salida del gabinete, así como la del ministro de Defensa José Goñi. Tan inesperado fue el cambio que hasta los periodistas se sorprendieron cuando, de un momento a otro, ministros y altos funcionarios comenzaron a llegar al Palacio de La Moneda. Bachelet afirmó que la partida de Foxley respondía a razones personales. Lo cierto es que tanto él como Goñi han tenido más de una frase poco diplomática sobre la decisión del gobierno peruano de acudir a La Haya para resolver el diferendo marítimo, al punto que el canciller peruano José Antonio García Belaunde calificó las recientes críticas de Foxley como parte de una expresión “infeliz” y “desafortunada”.

Lo primero que hicieron autoridades e influyentes políticos chilenos al conocer la renuncia de los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa, fue advertir que Chile no cambiará su postura ni un milímetro frente a la demanda que Perú presentará la próxima semana ante La Haya. Foxley será reemplazado por el que fue embajador de Chile en Washington, Mariano Fernández Amunátegui. Al frente del Ministerio de Defensa está ahora el ex vocero de gobierno Francisco Vidal, quien la semana pasada se encargó de emitir un respaldo público al ex canciller Foxley por sus críticas a políticos peruanos. En ese momento aseguró que sus palabras en temas internacionales reflejaban la posición oficial del gobierno chileno.

Por otro lado, desde el Perú, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, consideró que los cambios en las carteras de Defensa y Relaciones Exteriores en Chile ayudarán a mejorar las relaciones entre ese país y el Perú. El canciller José Antonio García Belaunde prefirió no hacer mayores comentarios sobre la salida de Alejandro Foxley del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Sin embargo, fuentes de la cancillería peruana manifestaron que la salida de Foxley se debería a “un factor acumulativo”, pues desde hace mucho tiempo su relación con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se había deteriorado.

El presidente Alan García fue aún más rotundo: “No opino absolutamente nada sobre ningún cambio ministerial al interior de Chile”. Bachelet había exigido el último jueves respeto por sus decisiones, luego de que el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, afirmara que la salida de Foxley favorecería el diálogo entre el Perú y Chile porque tanto él como Goñi eran “dos personajes que con sus declaraciones, en vez de integrar a los pueblos, producían diferencias”. Estas afirmaciones motivaron la rápida respuesta de la flamante vocera oficial del Gobierno Chileno, Carolina Tohá, quien señaló que no corresponde a otros países como el Perú comentar sobre los relevos ministeriales porque son decisiones de política interna de su país.

Respecto a la demanda peruana ante La Haya por la delimitación marítima, el ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde, expresó su confianza en que la demanda de límites marítimos presentada por el Perú ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya será admitida aunque Chile presente un ‘recurso de excepción preliminar’. Sustentó su confianza en los precedentes del tribunal internacional que, normalmente, admite los casos. El canciller sostuvo que la posibilidad de que el país del sur presente esta excepción no implica que no se reconozca la competencia de la corte, sino que se recurre a un procedimiento dentro del ámbito del tribunal para intentar señalar que ya hay un tratado de límites y que, por lo tanto, no hay litigio. Agregó que Chile puede presentar esta excepción hasta tres meses después de que el Perú entregue su memoria a la corte (cuyo plazo vence el 20 de marzo), pero que lo único que este recurso conseguirá será dilatar por dos años todo el proceso. Consideró que el fallo de la Corte de La Haya se dictaría, aproximadamente, cuando el siguiente gobierno esté culminando sus funciones, en 2016. El canciller informó que la memoria que se presentará ante La Haya ya se encuentra lista, y que este documento incluye la cartografía y el sustento legal de la posición peruana. Adicionalmente, el ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde, señaló que la demanda que el Perú presentó ante la Corte Internacional de La Haya por el diferendo marítimo con el vecino país del sur no tiene por qué paralizar las relaciones entre ambas naciones.

Integrantes de la Comisión Consultiva que colabora con el Ministerio de Relaciones Exteriores en su estrategia para que se definan los límites marítimos con el vecino país sostuvieron que la mayor fortaleza de la memoria ante la Corte Internacional de Justicia, por el diferendo marítimo con Chile, reside en el principio de equidad, recogido de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y de la jurisprudencia internacional. La diferencia con Chile radica en que sostiene que ya existen límite marítimos en virtud a acuerdos bilaterales suscritos en 1952 y 1954.

Cuatro días después de tomar las riendas de la cancillería chilena, y en momentos previos a que el Perú presente la memoria de la demanda marítima ante la Corte de la Haya, el sucesor de Alejandro Foxley, Mariano Fernández, afirmó que su país espera que el tribunal internacional ratifique su posición, en el sentido de que el límite marítimo lo determina la línea paralela a las costas de ambas naciones. Fernández ratifica así la posición chilena basada en la existencia de simples acuerdos pesqueros entre los países.

Sin embargo, en relación con la demanda peruana presentada ante La Haya, intelectuales de diferentes filiaciones ideológicas recomendaron al gobierno dejar sin efecto el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) ampliado con Chile y llevarlo a debate en el Congreso de la República por considerar que el tratado, además de dividir a los peruanos, fortalece una relación de desigualdad en perjuicio del Perú. Esta posición fue expuesta en conferencia de prensa por Alberto Adrianzén, Félix Jiménez, Nicolás Lynch, José Oscátegui y Róger Rumrril. Además es respaldada, entre otros, por Humberto Campodónico, Pedro Francke, Ricardo Giesecke, Baldo Kresalja, Carlos Monge, Sinesio López, Jurgen Schuldt. Todos ellos firmaron un manifiesto público en el cual censuran al gobierno de Alan García por negarse a discutir el tema en el Congreso de la República. Al sustentar la inconveniencia de suscribir el ACE con Chile, una especie de Tratado de Libre Comercio, Adrianzén señaló que no solo no se han hecho los cambios al ACE de 1998, sino que además divide al país y “no defiende los intereses nacionales al consolidar el dominio de las grandes inversiones chilenas en sectores estratégicos de nuestra economía (puertos, energía, compra de tierras agrícolas, financieras, comercio, etc.)”. El experto insistió, contrariamente a la versión oficialista, en la desigualdad imperante en el rubro de protección de inversiones. “Lo que se hace es otorgarle a la inversión extranjera, en este caso chilena, el carácter nacional con todas las protecciones; en cambio, se deja la posibilidad de que Chile pueda discriminar las inversiones de acuerdo con su marco legal”, dijo.