En un intento de contrarrestar críticas de la izquierda, el presidente Alan García condonó deudas en el Banco de Materiales. Las críticas no se hicieron esperar.
En un mitin en San Juan de Lurigancho, celebrado el domingo, 8 de marzo, García anunció que condonaría las deudas por un monto de 570 millones de soles. Para ello promulgó la Ley de Saneamiento Financiero de los Prestatarios del Banco de Materiales (N° 29231). Entre los beneficiados figuran las personas en situación de extrema pobreza, aquellas cuyas viviendas fueron destruidas por terremotos y desastres naturales, los adultos mayores y las personas con incapacidad física o mental. Según las estimaciones de Nilda Vílchez, Ministra de Vivienda, la ley beneficiará a casi 300 mil familias.
El Banco de Materiales fue creado en 1980 bajo la presidencia de Fernando Belaunde. Su propósito fue la reducción del déficit habitacional en las zonas urbanas y rurales. Hoy en día, el BANMAT otorga préstamos hasta un máximo de 15 mil soles para la construcción y el mejoramiento de viviendas. La tasa de interés es de 9% anual. Además, existe el programa Mi Mercado destinado a la construcción y el mejoramiento de los puestos en mercados de abastos y centros comerciales.
Un día después de su anuncio, ahora en Chimbote, García se defendió de sus críticos, a quienes calificó de “termocéfalos” (personas con cabezas calientes). El argumento esgrimido en defensa de la medida hace hincapié en errores del pasado. Desde el año 1991, los afectados por terremotos y el Fenómeno del Niño no recibieron donaciones, sino préstamos del BANMAT. Según García, es injusto que estas víctimas de desastres naturales tengan que seguir pagando cuotas e intereses por préstamos que nunca debieron ser préstamos.
Pero las voces críticas señalan que García se ha aprovechado de la ocasión para decretar una amnistía mucho más amplia, incluyendo no solamente a las víctimas de desastres naturales, sino también a los adultos mayores, las personas en situación de extrema pobreza, etc. En su editorial del día jueves, 13 de marzo, el diario El Comercio considera que la medida del gobierno termina por agravar la dependencia de muchos peruanos:
Con estas medidas, el Estado no contribuye a que más peruanos aspiren a ser sujetos de crédito; más bien alienta la dependencia en “papá gobierno” y el incumplimiento. En una espiral peligrosa, otros grupos también podrían exigir la misma flexibilidad a la hora de honrar sus compromisos con la banca de fomento.
En una entrevista concedida a Perú Político hace tres años, el filósofo Fidel Tubino dijo que la sociedad peruana estaba afectada por una estado “anomia crónica”. La anomia es caracterizada por Tubino como la “ausencia de creencia o de credibilidad en las normas y en las instituciones”. Desde esta perspectiva, la medida del gobierno podría reforzar la sensación de una sociedad fracasada, incapaz hora de honrar sus compromisos.
Yehude Simon ha defendido la Ley aduciendo razones de estabilidad social. Según el Primero Ministro, las condonaciones son necesarias para apaciguar el descontento de aquellos que en el 2006 apostaron por desestabilizar el sistema votando por Ollanta Humala. Cabe preguntarse, sin embargo, si esta es la mejor forma de lograr el propósito. La Ley N° 29231 sabe más a populismo que a paz social.