El gobierno peruano no quiere aceptar una donación de seis millones de soles del gobierno alemán. La razón: El dinero está destinado a la construcción de un “Museo de la Memoria” dedicado a las víctimas de la violencia interna. El Ministro de Defensa ha dicho que el aporte sería dinero mal gastado. En su opinión, es más importante construir escuelas, carreteras y postas médicas. El Primer Ministro, Yehude Simon, sostiene que el dinero debería ir a las manos de las víctimas de la violencia. Y el presidente García piensa que debemos esperar pues la nación aún “está plagada de ánimos de venganza” (fuente: CNR).
¿Por qué tanta fobia a recordar el pasado? Un breve análisis.
La propuesta del gobierno alemán se remonta a una visita al Perú de la socialdemócrata Heidemarie Wieczorek-Zeul, Ministra de Cooperación Económica y Desarrollo. En marzo del 2008, Wieczorek-Zeul visitó la exposición fotográfica “Yuyanapaq – para recordar”. La exposición muestra los rostros de la violencia interna. Fue durante esa visita que surgió la idea de erigir un museo permanente dedicado a las víctimas.
El rechazo del gobierno peruano no debería causar sorpresa. Desde el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), la postura oficial con respecto a nuestro pasado reciente ha sido ambigua. Salomón Lerner, quien presidió la CVR, nunca ocultó su decepción frente al gobierno de Alejandro Toledo. El Informe contiene una serie de recomendaciones, entre ellas la apertura de juicios contra los presuntos responsables de las masacres y un plan de reparaciones para las víctimas de la violencia.
Si bien Toledo invitó a Lerner a Palacio de Gobierno para hacer público el Informe Final, su voluntad por impulsar el seguimiento a las recomendaciones fue tibia en el mejor de los casos. Recién en julio del 2006, a pocos días de dejar la presidencia, Toledo promulgó la Ley N° 18592, mediante la cual se creó el Plan Integral de Reparaciones. El plan dispone la otorgación de una serie de beneficios a las víctimas, incluyendo reparaciones económicas (sin especificar el monto), acceso gratuito al Seguro Integral de Salud, un programa de becas para la educación superior, y la regularización gratuita de la situación jurídica de las víctimas (identidad civil, causas judiciales, propiedad).
La posición del gobierno de Alan García tampoco está exenta de contradicciones. Por un lado, el gobierno aprista dio pasos para la implementación de Plan Integral de Reparaciones. Se creó un Consejo de Reparaciones presidido por la ex integrante de la CVR, Sofía Macher. En noviembre del 2008, se comenzó con la entrega de acreditaciones para 17 mil personas dentro de un Registro Único de Víctimas. Éste incluye también a los familiares de las víctimas de asesinatos, torturas, abusos sexuales y desapariciones. Sin embargo, no incluye a las víctimas que pertenecieron a Sendero Luminoso o al MRTA. Además, se empezó con el programa de reparaciones colectivas (también previstas en la Ley 18592).
Estos primeros pasos son reconfortantes, pues demuestran la voluntad de no seguir actuando como si nada hubiese pasado. El rechazo de la donación alemana, sin embargo, va más allá de estas consideraciones. La pregunta que se plantea es cómo lidiar con el pasado.
El plan de reparaciones es una estrategia que consiste en mirar hacia adelante. Esto no implica que se olviden los hechos del pasado, pero en vez de enfocar el pasado se trata de cambiar el presente para que las víctimas tengan un futuro mejor.
Un museo, en cambio, tiene su horizonte temporal en el ayer. El objetivo de todo museo consiste en revivir el pasado para el observador del presente. Un museo nos cuenta una historia real del pasado. Lamentablemente, la historia reciente del Perú no es agradable ni fácil de contar. No es una lucha de buenos contra malos. Es mucho más fácil contar la historia de los aliados contra la Alemania nacionalsocialista que la del Estado peruano contra Sendero Luminoso.
El problema no está, por supuesto, en que ambos bandos hayan sido igual de malos. Fue Sendero Luminoso quien inició el conflicto, cuyo propósito fue “inducir al genocidio”, y quien causó la mayoría de muertes. Pero el papel del Estado peruano no fue impecable, ni mucho menos. He ahí la dificultad de lidiar con el pasado.
El presidente de hoy fue presidente en pleno conflicto. Ciertos sectores de las Fuerzas Armadas de hoy aún se niegan a reconocer una responsabilidad institucional, por los asesinatos y las masacres. Para ellos, las torturas y los asesinatos, la violencia sexual y las desparaciones fueron hechos “aislados”. Y la sociedad civil también está dividida entre aquellos que prefieren pasar la página, y aquellos que creen en la reconstrucción del pasado como una forma de forjar una identidad nacional. Así las cosas, se hace muy difícil contar una historia medianamente coherente.
Por Bernd Krehoff