Crónica Semanal (11 al 17 de febrero)

Esta semana comentaremos las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre el Perú, Ecuador y Colombia y la Unión Europea. Además comentaremos las medidas del gobierno para enfrentar la crisis económica y el impacto que empieza a tener en nuestra sociedad.

La Primera Ronda de Negociaciones para concretar un acuerdo comercial entre Perú, Colombia, Ecuador y la Unión Europea (UE) concluyó en Bogotá luego de cinco días de conversaciones donde las primeras informaciones daban a conocer las exigencias del bloque europeo. En este ámbito, la propuesta de la Unión Europea en materia de propiedad intelectual supone niveles de protección mayores a los que Perú aceptó con Estados Unidos e incluso superiores a los que existen dentro del bloque europeo. La propuesta de la UE en la negociación fue extender los plazos para patentes de 20 a 25 años y los datos de prueba en 11 años. Aceptar dicha propuesta no solo afectaría el acceso de la población de los países andinos a medicamentos genéricos sino que implicaría otorgar los mismos beneficios a los Estados Unidos.

Moisés Méndez, responsable nacional de la Mesa de Medicamentos de Foro Salud explicó que atendiendo la propuesta europea, entre patentes y datos de prueba, una empresa farmacéutica tendría el derecho de comercializar un producto durante 36 años de manera exclusiva.

Sobre el tema, la ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, afirmó que la posición del Perú en ese capítulo será en favor de salvaguardar a la población. “El equipo negociador de Perú no aceptará la propuesta de la Unión Europea de extender los plazos para patentes y protección de datos de prueba”, sostuvo Aráoz. Agregó que la Unión Europea puede proponer lo que quiera, pero Perú no está dispuesto a aceptar ese planteamiento. “Seremos prudentes y vamos a negociar”, acotó.

Eduardo Brandes, jefe del equipo peruano para la negociación informó que nuestro país presentará sus solicitudes de oferta en la última semana de febrero, tanto para los bienes agrícolas como para los no agrícolas.
Si bien estamos en la etapa inicial de negociación y muchas cosas pueden cambiar todavía, la UE tendrá que ceder considerablemente en estos temas para lograr un acuerdo que sea viable para los países de la Comunidad Andina.

La firma de este TLC es parte del esfuerzo del gobierno peruano por estrechar nuestros lazos comerciales a largo plazo para continuar fortaleciendo nuestra economía. Si bien los Tratados de Libre Comercio son una medida que apoya el crecimiento de la economía a través de las exportaciones, dada la depresión financiera que actualmente se vive mundialmente el sector exportador no será suficiente insular nuestra economía. Es por esto que en el corto plazo, el gobierno viene implementando un Plan Anticrisis que a través de inversiones en sectores muy puntuales esperan proteger al Perú del impacto de la crisis. Recientemente, el Ejecutivo lanzó el sexto paquete de normas destinadas a mitigar el impacto de la crisis.

Entre las normas adoptadas por el Ejecutivo como parte del Plan Anticrisis se han tomado diferentes medidas para redireccionar la inversión. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) otorgará a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) US$ 100 millones para constituir fondos de inversión en infraestructura vía las asociaciones público privadas. El MEF también transfirió S/.100 millones a 835 gobiernos locales, inversión que será destinada al desarrollo de infraestructura. Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones recibirá S/.300 millones para el mantenimiento de 3,861 kilómetros de carreteras de la red vial nacional. Otra norma entrega al Ministerio de la Producción el monto de S/. 5,444 millones a fin de fortalecer el desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas (Mypes).

Para el ex presidente del Banco Central de Reserva (BCR) Kurt Burneo, el nuevo paquete de normas lanzado por el gobierno no podrá proteger realmente de la crisis a la economía peruana, mientras que no se mejore la capacidad de gasto tanto de los gobiernos locales como del propio gobierno nacional. “Hay una serie de recursos que se van a quedar en el papel porque tenemos una debilidad muy fuerte en lo que es la capacidad de gestión en los recursos del Estado, y el tema es que no hay ninguna acción tomada por esta administración para revertir tal cosa”, indicó (La República, 13-02-2009).

Efectivamente, uno de los principales problemas experimentado por los gobiernos regionales en los últimos años yace en su incapacidad de implementación de los fondos obtenidos. El canon minero ha representado en los últimos años altos ingresos para muchos gobiernos regionales, y los resultados han sido muy pocos. Si la inversión que harán estos gobiernos espera minimizar el impacto de la crisis entonces deberá estar bien dirigida y asesorada. De lo contrario, será en vano y como suele pasar cuando hay dinero mal gastado, no tarda en aparecer la corrupción.

En conclusión, por un lado el Perú deberá negociar firmemente el TLC con la Unión Europea para que sea un acuerdo justo que pueda beneficiarnos en el futuro. Entre tanto, los planes para mitigar el impacto de la crisis deben estar bien implementados y requieren de un seguimiento continuo para que alcancen el efecto que verdaderamente se necesita.

Mariana Costa