El escándalo de los petroaudios parece ser un tema de nunca acabar.

Los primeros en caer fueron los personajes que aparecían en los audios haciendo gestiones a favor de la empresa petrolera noruega Discover Petroleum, sobre todo el empresario Rómulo León y el dominicano Fortunato Canaán. Luego, la atención se centró en Business Track, la empresa conformada por miembros de la Marina cuyas interceptaciones de teléfonos, celulares y correos electrónicos hicieron estallar el escándalo.

Ahora le tocó el turno a la empresa petrolera Petro Tech, la cual competía con Discover Petroleum por la concesión de cinco lotes petroleros. Discover Petroleum había recibido la concesión en setiembre. Con la aparición de los audios, sin embargo, Discover Petroleum decidió retirarse del Perú, mientras que Petro Tech recibió finalmente la concesión.

En vista de este resultado, es plausible suponer que Petro Tech podría haber sido la empresa que encargara a Business Track realizar las interceptaciones de su rival. Hasta ahora, sin embargo, no se han encontrado indicios que sustenten esta tesis, y los implicados por parte de Business Track no han involucrado a Petro Tech por el momento. A pesar de esto, el gobierno de Alan García propuso la creación de una nueva comisión investigadora del Congreso. El jueves 12, con el apoyo de la bancada fujimorista y la del oficialismo, se acordó la formación de tal comisión para el día martes.

¿Qué es lo que la comisión pretende investigar? A partir de aquí, las cosas se complican aún más y, francamente, se hace difícil no perder la orientación. El viernes, 6 de febrero, se anunció la venta de Petro Tech. Los nuevos accionistas son una empresa surcoreana llamada KNOC y Ecopetrol, empresa petrolera del Estado colombiano. La moción del Congreso a favor de la creación de la comisión investigadora sostiene (fuente: Reuters):

Recientemente se ha producido la transferencia de la empresa Petro Tech a un consorcio colombiano-coreano, lo cual podría significar una voluntad de entorpecer las acciones de investigación y permitir que los presuntos responsables eludan sus responsabilidades por los actos antes señalados [es decir, el escándalo de los petroaudios].

No queda claro cuál es el objetivo de esta nueva comisión investigadora. ¿Se trata acaso de investigar si la venta de Petro Tech fue legal? Eso no tendría mucho sentido, pues el domicilio legal del dueño de Petro Tech, una compañía llamada Offshore Inc., está en Delaware, Estados Unidos, a pesar de que Petro Tech opera exclusivamente en el Perú. Según ha señalado el semanario Caretas en su última edición (presione aquí), las leyes peruanas estipulan que ese tipo de ventas no están sujetas a la jurisdicción del Perú. El Congreso, por lo tanto, no tiene nada que investigar en lo referente a la venta.

Lo que más sorprende es que la iniciativa haya provenido por parte del gobierno, cuando Alan García estuvo al tanto de la venta de Petro Tech antes de que se concretara. La misma edición de Caretas señala que García sostuvo reuniones con los funcionarios de KNOC y Ecopetrol en las cuales habría dado su visto bueno a la venta.

Así las cosas, queda la impresión de que el gobierno no pretende investigar la venta de Petro Tech, sino colocar en el ojo de la tormenta a una empresa que estuvo implicada en más de un escándalo en el pasado. Hacerlo tendría el efecto de crear una sensación de corrupción generalizada: “lo que ocurre ahora bajo el gobierno de García no es mucho si lo comparamos con los años anteriores”. No cabe duda de que Petro Tech tiene un pasado oscuro.

Hace poco tiempo, y luego de muchos años en los cuales el organismo oficial Perú Petro prefirió hacerse de la vista gorda, Petro Tech fue obligada a pagar más de 34 millones de dólares por concepto de alquiler y regalías no pagadas. Además, y según informa Caretas, el Organismo Supervisor en Energía y Minería estaría a punto de multar a Petro Tech con 50 millones de dólares por deficiencias en el mantenimiento de las plataformas – daños ambientales incluídos.

Puede que el gobierno tenga razón al señalar que los niveles de corrupción evidenciados hasta el momento no guardan relación con los destapes de los años 90. Pero es ilusorio pensar que la instalación de otra comisión investigadora ayudará a recuperar el prestigio perdido del Ejecutivo y el Legislativo. Todo lo contrario. El naufragio de la comisión anterior muestra que este tipo de acciones solamente contribuyen a aumentar la sensación de mal gobierno.

Se trata, pues, de un regalo para todos aquellos que desean un quiebre radical con el sistema político establecido.

Por Bernd Krehoff