¿Leyeron alguna vez los artículos de opinión que Nadine Heredia escribía de vez en cuando en los diarios Perú21 y La República? Eran comiquísimos, por la falta de ideas originales y la repetición sistemática de conceptos y teorías refutados por la realidad.

La esposa del ex comandante Ollanta Humala, por ejemplo, afirmaba que el Estado ha dejado “desprotegido” al empresariado nacional frente a los “capitalistas extranjeros”. Ojalá Doña Nadine visite una biblioteca y consulte algunos libros de historia peruana para que vea el resultado de la política “mercantilista” que reclama.

Le ahorraré el trabajo con tres ejemplos: en 1961 el Ministerio de Fomento y Obras Públicas envió a la Cámara de Diputados un proyecto de resolución legislativa, con visto bueno del Ministerio de Guerra, para autorizar a la empresa minera estadounidense Natomas Company la explotación de minas de oro puneñas en los cincuenta kilómetros fronterizos con Bolivia. Yacimientos mineros de oro cercanos ya eran explotados por la Sociedad Aurífera San Antonio de Poto (propiedad de la familia Peña Prado) y el ministerio dijo a Puno que era “patriótica” su asociación con inversionistas extranjeros.

El proyecto recibe dictamen favorable en la Comisión de Minas, la mayoría en la Cámara de Diputados lo aprueba, el Senado lo ratifica y el Poder Ejecutivo lo promulga. En realidad, el senador Juan Manuel Peña Prado buscaba que su empresa explotara esas minas y fuese la Natomas quien pague regalías. Su tío, Manuel Prado, era el Presidente de la República. Al final, los Peña Prado mandarían rodar a la Natomas y a los puneños para beneficiarse solitos.

Hay otro ejemplo: en 1952 varios adinerados peruanos formaron Petrolera Peruana S.A. para explotar pozos petrolíferos del zócalo continental en Piura. La dictadura del general Manuel Odría les otorga la concesión en hidrocarburos con bajísimas regalías mientras el capital sea peruano. No obstante, en 1959 Petrolera Peruana S.A. vendió la concesión a la Belco Petroleum Corporation, empresa de capitales estadounidenses.

En 1967 una comisión de la Cámara de Diputados descubrió la verdad: cuando la concesión dejó de serles rentable, los dueños de Petrolera Peruana S.A. fueron “dolarizando” el capital social para poder vender la concesión tan pronto aparezca un interesado. La Belco quería explotar yacimientos de petróleo bajo ese ventajoso régimen y estos inversionistas “patriotas” no dudaron en venderle la concesión.

Por último, en 1985 el gobierno de Acción Popular y la Superintendencia de Banca y Seguros intervinieron el Banco de la Industria de la Construcción, propiedad del magnate Luis León Rupp. El Banco Central de Reserva asumió los pasivos (deudas). Tres años después, el gobierno del APRA deja caer el banco sin cobrar nada al dueño. La Cámara de Diputados pidió al Poder Ejecutivo la nacionalización de las empresas de Rupp como compensación, pero éste nunca presenta el proyecto de ley.

Doña Nadine no cree que todos los empresarios son de carne y hueso y que es mejor no discriminar si son peruanos o extranjeros.

Por Gian Carlo Orbezo Salas, columnista invitado

Foto: Manuel A. Odría (imagen tomada de http://www.wikimedia.org/)