Las primeras semanas al mando del gabinete ministerial no han estado exentas de sobresaltos para Yehude Simon. Como parte del rito de iniciación, el flamante premier ha tenido que hacer frente a una crisis en el entramado de la Policía Nacional y ha sido blanco de las críticas de sectores conservadores como el fujimorismo, que no aceptan el nombramiento de un ex condenado por apología al terrorismo. Pero, ante todo, Simon ha tenido que plantar cara ante la nueva ola de protestas sociales que han arreciado en el interior del país.

Los cínicos dirán que Simon simplemente está cumpliendo su destino. Después de todo, había sido puesto en el cargo por el presidente García para que dé una nueva dinámica a la relación del gobierno con los movimientos sociales. El abnegado Del Castillo había fracasado en los últimos tiempos, incapaz de congeniar un discurso duro frente a la protesta con la implantación del orden social. Cuando Del Castillo dialogaba, lo hacía luego de haber sido acorralado por el oponente. La imágen de los policías rendidos durante el “Moquegauzo” resume, en buena medida, su gestión de los conflictos sociales.

Tras los últimos pasos en falso de Del Castillo, García decidió cambiar de estrategia e ir en pos de una de las figuras políticas que mejor encarna el diálogo en el país. Como jefe de Lambayeque, Simon ha sido la cabeza visible de la asamblea de presidentes regionales, foro que negocia directamente con el gobierno central. Su procedencia provinciana y su imágen de negociador eficaz son sus mejores cartas de presentación.

Esta semana, Simon ha podido poner en práctica sus dotes de conciliador en Sicuani, donde acudió con una comisión integrada por seis ministros para dar fin a diez días de paralizaciones y bloqueos de carreteras. Esas medidas de protesta habían sido tomadas, fundamentalmente, en rechazo a las concesiones mineras y a la instalación de la hidroeléctrica de Salcca Pucara. Las negociaciones encabezadas por Simon permitieron llegar a un buen punto de entendimiento: Se acordó realizar un estudio de impacto ambiental para determinar la viabilidad de la central hidroeléctrica, y el Ejecutivo se comprometió a promulgar un decreto supremo para que los dueños de los terrenos concesionados autoricen las explotaciones mineras.

Sin embargo, la herencia de severos conflictos latentes dejada por el anterior gabinete augura meses complicados para Simon y su equipo. Algunos de esos conflictos llevan mucho tiempo de gestación. En ese sentido, esta semana ha sido una verdadera prueba de fuego para el premier. Mientras Simon sellaba acuerdos en Sicuani el lunes 3 de noviembre, en Tacna continuaba la ola de violencia desatada tras la aprobación de las enmiendas a la ley del canon. Volvía a estallar un conflicto de larga data.

El enfrentamiento explotó el 28 de octubre, cuando la región Moquegua inició una huelga indefinida para demandar al Congreso la modificación de la Ley del Canon Minero. Policías y civiles heridos y la toma del puente Montalvo hicieron recordar los sucesos de junio pasado. Ante el posible escenario de un nuevo “Moqueguazo”, el 30 de octubre, el Legislativo aprobó las enmiendas al quinto artículo de la Ley del Canon Minero. Producto de ello, estalló el “Tacnazo”.

Las enmiendas al proyecto señalan que cuando una empresa posea minas en regiones distintas, deberá llevar cuentas separadas para cada una de ellas y el canon se cotizará en base al valor de venta del concentrado extraído y no de la tierra removida para su extracción. Las enmiendas son correctas, ya que el canon proviene del impuesto a la renta que pagan las empresas, para lo cual el material extraído no cumple papel alguno.

Los tacneños consideran ilegal la maniobra del Congreso puesto que los privaría de 358 millones de soles, ya que en su mina, en Toquepala, se remueve más tierra pero se extrae menos mineral que en Cuajone, que se ubica en Moquegua. Por eso, exigen que el presidente García revise el proyecto antes de su aprobación. Consideran también que la mejor manera de que se escuchen sus pedidos es a través del uso de la violencia. Los manifestantes quemaron la sede de la gobernación de Tacna, apedrearon la sede de Radio Uno, el local del Partido Aprista y el Poder Judicial, bloquearon carreteras e intentaron invadir territorio chileno. Producto de los enfrentamientos entre la Policía y los revoltosos, 18 policías y cuatro civiles resultaron heridos y un ciudadano perdió la vida.

La calma sólo volvió a la ciudad luego de que el Frente de Defensa de los Intereses de Tacna acordara una tregua para que se formara una mesa de diálogo entre las autoridades tacneñas y el gobierno central. En ese contexto, Simon parece la persona idónea para liderar al Ejecutivo en esta negociación, ya que tendrá al frente a un ex colega, el presidente tacneño Hugo Ordoñez.

Para Simon, la mesa de diálogo con los dirigentes tacneños no es la única rueda de negociaciones que mantendrá en estos días. El “Tacnazo” se produce en momentos en que Simon última los detalles de su presentación ante el Congreso. Para asegurar la confianza del Parlamento, el premier necesita 61 votos. Y aunque se espera que supere la prueba, un extenso apoyo multipartidario significaría un mandato claro para hacer frente a la protesta social de esta hora. Los votos del Partido Nacionalista serían especialmente bienvenidos.

Ignazio De Ferrari