“Delincuencia narcoterrorista” y derechos ciudadanos: un gran reto para las FF.AA.
Friday, 10 October 2008
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La tranquilidad no llega al Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE). Los medios ya se han acostumbrado a comunicar la muerte de agentes del Estado a manos de “delincuentes narcoterroristas”. El término es empleado por las Fuerzas Armadas y muestra las dificultades en clasificar a los agresores (¿delincuentes?, ¿narcotraficantes?, ¿terroristas?, ¿las tres cosas a la vez?). Como si fuera poco, ahora han surgido denuncias de asesinatos de civiles a manos del Ejército. Un breve resumen de los hechos.
El Ejército ha dado cuenta de un operativo militar, realizado en la comunidad del Río Pichis el 14 de setiembre último, durante el cual aproximadamente cuatro narcoterroristas habrían sido abatidos. Sin embargo, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) asegura que los fallecidos serían personas civiles. Yuber Alarcón, abogado de la APRODEH, fue testigo de la ubicación de los cadáveres, la cual se realizó en presencia de la fiscalía y de un equipo forense. Se esperan los resultados de una investigación para determinar la identidad de los cuerpos. Alarcón sostiene que
a pesar del avanzado estado de descomposición [de los cuerpos], se les reconoció por las prendas que vestían. Evidentemente serían pobladores de la zona y no terroristas (fuente: Reuters).
El tema cobró notoriedad mediática a raíz de la denuncia formulada por la ciudadana Lucy Pichardo, quien asegura ser sobreviviente del ataque militar. Ella ha dado los nombres de seis personas que habrían fallecido durante el ataque del 14 de setiembre.
Se trata de su hermano Maximiliano Pichardo Fernández, su cuñada Rosa Chávez Iguncha, su sobrina Fresia Pichardo Conde, sus primos Moisés Pichardo Conde y Jesús Pichardo Fernández, además de Félix Canchaya Limache. También existe una denuncia por la desaparición de cinco personas que trabajarían en negocios madereros.
El Ministro de Defensa, Ántero Flórez Aráoz, negó cualquier responsabilidad de los hechos:
Ha habido quema de pozas de maceración, pero no atentados contra poblaciones pacíficas. No existe ningún civil herido o desaparecido (fuente: La República).
Por su parte, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas explicó, en un comunicado difundido el 30 de setiembre (presione aquí para leerlo), que los cuerpos de los presuntos terroristas abatidos el 14 de setiembre no fueron levantados por falta de seguridad. Además, informó sobre la detención de 18 personas en la zona, de las cuales cinco no habrían poseído documento de identidad. La lista de nombres no incluye a los familiares de Pichardo. Cabe esperar la identificación de los cuerpos abatidos para esclarecer la situación.
Hace bien el Comando Conjunto en apostar por la transparencia al publicar los nombres de todas las personas detenidas e informar al Ministerio Público de cada detención. Es importante marcar una clara diferencia con los años 80 y 90, en los cuales los derechos básicos de los ciudadanos fueron vulnerados sistemáticamente bajo el manto de la desinfomación.
La transparencia es aún más importante en un contexto de incertidumbre con respecto a las características del enemigo. Ya no estamos frente al Sendero Luminoso de hace 20 años, pero tampoco se trata de simples delincuentes. La innegable influencia del narcotráfico añade un importante componente financiero, mientras que los intereses de los cocaleros hacen que el problema sea también social. Bajo estas condiciones, tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional tienen la difícil tarea de actuar con decisión y precaución a la vez, enfrentando el problema sin vulnerar los derechos básicos de los ciudadanos.
Ántero Flórez Aráoz ha pedido a la ciudadanía más confianza en las Fuerzas Armadas, mientras que el presidente García habló de una “persecución” legal contra los militares. Ambos deben entender que la historia reciente nos da más de una razón para estar vigilantes. La existencia de instituciones como la APRODEH o el Instituto de Defensa Legal (IDL) es vital para el funcionamiento de una sociedad civil capaz de interactuar con el Estado y el gobierno de turno. No se trata solamente de vigilar y de acusar, sino también de dialogar en busca de mejores políticas. Haría bien el gobierno en comprender que las ONGs no son solamente piedras en el zapato. También sirven para tomarle pulso al sentir de buena parte de la sociedad y así lograr una mejor representatividad.
Por Bernd Krehoff
