Crónica semanal (17 al 23 de setiembre)

“¡Si no hay solución, la huelga continúa!”. Por el momento, los médicos del sistema de salud pública peruano se mantienen obstinados en mantener la interrupción de actividades pese a los pedidos, no sólo del gobierno, sino también de gran parte de la opinión pública de levantar la medida de protesta que mantienen desde hace 12 días. El 20 de julio parecía que se alcanzaría un acuerdo cuando los médicos decidieron suspender las medidas de radicalización por 72 horas. Estas consistían en dar de alta a los pacientes y en entregar las salas de emergencias de algunos hospitales del país. Finalmente, el humo blanco no se vió.

El 20 de julio, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, se vió obligado a retomar el diálogo con los galenos, luego de que a finales de la semana anterior, del Castillo pareciera haber tirado la toalla. La dirigencia de la Federación Médica Peruana (FMP) anunciaba la radicalización de la huelga si las dos partes no se sentaban nuevamente a negociar. Entonces, se instaló una mesa de diálogo integrada por el propio Del Castillo, el monseñor Luis Bambarén; el secretario técnico del Acuerdo Nacional, Max Hernández; el decano del Colegio Médico, Julio Castro, y el presidente de la FMP, Julio Vargas.

El mismo día, en conferencia de prensa, Vargas afirmó que estarían dispuestos a ceder parte de su demanda monetaria. Como se recuerda, la FMP exige 300 millones de soles para homologar el sueldo de los médicos del ministerio de Salud con sus pares de Essalud, nivelar las pensiones de los cesantes y jubilados, y pagar las asignaciones extraordinaria (Aetas) para los médicos que trabajan en provincias (fuente: Perú 21, 21/09/08). Sin embargo, la ligera moderación de los médicos no logró facilitar un acuerdo.

En la reunión del día 22, las partes negociaron las demandas de los galenos que no requieren de un financiamiento extraordinario. Entre estos puntos se encontraban la reasignación de médicos destacados, la inclusión del cuerpo médico en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Salud, y el establecimiento de un concurso para designar a los directores de hospitales. Sin embargo, ni siquiera en estos temas las dos partes llegaron a un acuerdo (La República, 23/09(08).

La tensión entre el gobierno y los médicos tras varios días de huelga no fue impedimento para que el presidente Alan García entrara a tallar en el debate con declaraciones poco afortunadas. Tras calificar las paralizaciones de los galenos de “semihuelga”, García propuso la realización de un referéndum para que la población se pronuncie sobre qué es más conveniente para el país, la ejecución de programas sociales o el incremento de los sueldos a los médicos del sector salud y en general, a los empleados estatales.

Mientras la huelga se extiende sin visos de solucionarse, los sondeos revelan que la desaprobación de la opinión pública a las paralizaciones de los médicos es mayoritaria. Según una encuesta de Apoyo publicada por el diario El Comercio el 21 de setiembre, el 54% de encuestados en el país rechaza la medida de fuerza, frente a un 42% que la aprueba. Si bien la desaprobación está lejos de ser unánime, el estudio deja en claro que la ciudadanía no siempre se solidariza con las demandas salariales de algunos sectores. A diferencia del “Moqueguazo” y al igual que en el caso de la huelga del SUTEP del año pasado, la gente no se adhiere a las protestas que la afecta directamente. Tanto la educación como la salud, son servicios que provee el Estado a la gran mayoría de peruanos, de modo que cuando estos servicios son interrumpidos, la gente hace saber su descontento. La escasa aceptación de la huelga significa un respiro para el gobierno.

Ignazio De Ferrari

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