Crónica semanal (10 al 16 de setiembre)

Esta semana, Luis Valdivieso, tuvo su primera prueba de fuego al frente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El aún novel ministro tuvo que acudir al Congreso a sustentar un proyecto de presupuesto público para el 2009 que es más conservador que el del año anterior y debió hacer frente a una huelga médica sumamente compleja. El presupuesto antiinflacionario de Valdivieso fue calificado de “antipobre” por la oposición mientras que los médicos se mantuvieron tercos en sus demandas salariales. Los planes de contricción del gasto se ven ahora seriamente amenazados.

El 11 de setiembre, Valdivieso presentó el plan de presupuesto en el Congreso. Anunció que uno de los objetivos principales del presupuesto era aumentar la eficiencia del gasto social para que la acción estatal llegara realmente a los que más la necesitaran. El presupuesto de Valdivieso es de S/.72 mil 355 millones de soles, sólo 2% mayor al del año anterior. Entre 2007 y 2008, el presupuesto había crecido en 15%.

El presupuesto del año que viene plantea una novedad importante con relación a la asignación de recursos. Para reducir la ineficiencia en el gasto social, 3 mil 66 millones de soles de los más de 72 mil millones del presupuesto total, serán asignados para proyectos por resultados. Para eso, se reducirán las partidas para programas sociales asignadas a los gobiernos locales. Esos recursos serán destinados a un fondo administrado por el MEF. Las municipalidades tendrán acceso a esos recursos en la medida en que sus propuestas sean viables y estén bien sustentadas. Además, serán sometidos a una evaluación general de nueve meses todos los programas sociales del Estado.

Si bien las críticas de los delegados de las municipalidades no se hicieron esperar, los cuestionamientos que más sonaron fueron los de los propios colegas ministeriales de Valdivieso y de los representantes del Poder Judicial que han visto cómo las partidas de sus dependencias se reducen considerablemente. El titular de Defensa, Ántero Flores Aráoz, dijo sentirse “tan confundido como Adán en el Día de la Madre” debido al recorte de 600 millones de soles que, dijo, “afectaría las acciones de las Fuerzas Armadas” (La República, 14/09/08). Más dramáticas fueron las críticas del presidente del Poder Judicial, Francisco Távara, quien se enfrenta a un recorte de 30% en 2009 que dejaría a las dependencias judiciales sin recursos para pagar luz agua, teléfono y comprar papeles (La República 13/09/08).

Como si el juego de pulseadas con los diferentes sectores del Estado afectados por las reducciones no fueran suficientes, el 15 de setiembre se desató una huelga médica. Los galenos presentaron un pliego de reclamos de 15 puntos, de los cuales tres, el pago de las Aetas, la nivelación con los médicos de Essalud y la pensión de los galenos cesantes, dependen del MEF. Según la cabeza visible de la Federación Médica Peruana (FMP), Julio Vargas, las demandas de los galenos podrían ser satisfechas con 300 millones de soles. Si bien el gobierno accedió al diálogo, encabezado por el premier Jorge del Castillo, no está dispuesto a ceder tan fácilmente a las demandas de los galenos. En los últimos tiempos, el gobierno ha tenido que transigir cada vez que se ha desatado un conflicto de importante magnitud. Hasta dónde pueda llegar en su intento de recuperar la autoridad va a depender, en gran medida, de la obstinación de los médicos.

La pregunta que ha surgido en el debate político esta semana a raíz de los planes del MEF de restringir el gasto fiscal es si el gobierno aplica realmente la estrategia correcta para reducir la inflación. Valdivieso ha reconocido las implicancias políticas de los recortes pero ha señalado que complacer a todos los sectores hubiera implicado una alta tasa de crecimiento de gasto y no habría contribuido a desacelerar el crecimiento de la demanda (El Comercio, 14/09/08). Sin embargo no todos comparten atacar los brotes inflacionarios por el lado del presupuesto público. Para el economista Humberto Campodónico, lo que debería hacerse es ajustar en el sector privado con la restitución de los aranceles a las importaciones o un impuesto a las sobreganancias mineras (La República, 14 /09/08). Sin embargo, medidas de ese tipo le restarían competitividad a la economía nacional.

Mientras el gobierno hace esfuerzos para lograr consensos en su intento de reducir el gasto público, cabe preguntarse hasta qué punto estas medidas antiinflacionarias de alto impacto político y social son necesarias en la coyuntura actual. En las últimas semanas, la crisis financiera mundial ha llevado a un rápido deterioro de las economías de los países desarrollados, de los cuales algunos ya han entrado en recesión. Los precios de las materias primas han empezado a bajar debido a la reducción de la demanda de las economías avanzadas. Ante esa realidad no era de esperarse un enfíamiento natural de la economía peruana tan dependiente del mercado de las materias primas?

El gobierno ha preferido ser más conservador en esta ocasión y ha decidido atacar una inflación que le estaba costando mucho en los índices de las encuestas. No queda claro, sin embargo, si es que el remedio es mejor que la enfermedad. El debate del presupuesto, que continuará en las próximas semanas, y la huelga médica han demostrado que el gobierno deberá pagar alguna factura política de todas maneras.

Ignazio De Ferrari