El conflicto en Moquegua ha llegado a su fin, pero las aguas siguen movidas. Los moqueguanos han visto sus demandas cumplidas, pues ahora recibirán una porción más equitativa del canon minero. Además, el gobierno se comprometió con la facilitación de proyectos de inversión y proyectos sociales por un monto que bordea los 100 millones de soles.

La buena noticia es la vuelta a la tranquilidad. Pero el conflicto de Moquegua, que ya se ganó el nombre de Moqueguazo, sienta un precedente peligroso para la estabilidad del país. No solamente presenciamos un nuevo bloqueo de la carretera Panamericana. Esta vez también fueron secuestrados unos 60 policías, entre los cuales se encontraba el general Alberto Jordán, ahora destituido jefe de la región Moquegua. El presidente Alan García criticó la pasividad de la Policía Nacional y anunció procesos penales contra los responsables por el secuestro y el bloqueo de vías.

La vía judicial va a ser difícil. García ha dicho que los responsables ya han sido identificados, pero las imágenes televisivas dejaron en claro que los policías no fueron secuestrados por unos pocos, sino por una multitud que simplemente se negó a abrirles el paso. Además, el camino judicial evidencia el fracaso en la prevención de delitos. El gobierno sabía del descontento de los moqueguanos por la distribución del canon minero desde hace por lo menos un año. El año pasado, Moquegua recibió 188 millones de soles, mientras que en el departamento vecino de Tacna se obtuvieron 700 millones de soles por concepto de canon. Y esto a pesar de que la producción de cobre en la mina moqueguana de Cuajone llegó a 187 mil toneladas en el 2007, mientras que en la tacneña Toquepala ascendió a solamente 172 mil toneladas de cobre.

En la crónica de la semana anterior, mi colega Ignazio De Ferrari nos explica que las causas de estas desigualdades se remontan a la ley del canon que establece la distribución de los ingresos en proporción a la materia procesada. Entonces, a Tacna le correspondieron mayores ingresos porque la mina de Toquepala, a pesar de extraer menos cobre, procesó una mayor cantidad de materiales adicionales durante el proceso de producción.

A pesar de conocer de este problema legal, el Ministerio de Energía y Minas, presidido por Juan Valdivia, no supo resolverlo. Así las cosas, la pelota cayó en la Presidencia del Consejo de Ministros. El Primer Ministro Jorge del Castillo afirma que supo del problema el lunes 9 de junio, día en que recibió y dialogó con una delegación de Moquegua. Pero para entonces la mecha ya estaba encendida, pues el miércoles 11, en horas de la noche, estalló el conflicto.

Así las cosas, el conflicto de Moquegua no solamente revela las deficiencias del gobierno a la hora de negociar con los actores regionales quienes se disputan una torta cada vez más apetecible a la luz de la explosión de precios de metales tales como el cobre. El conflicto desnuda, además, las flaquezas de nuestro sistema de inteligencia. Han pasado casi ocho años desde el colapso del régimen fujimontesinista y la consiguiente desactivación del Servicio Nacional de Inteligencia. Pero aún no tenemos un sistema aunque sea medianamente eficiente para la detección de conflictos.

Jorge del Castillo afirmó que nadie lo informó sobre los problemas en Moquegua. Sin embargo, el diario Perú21 tuvo acceso a una nota informativa elaborada por la Dirección Nacional de Inteligencia en noviembre del año pasado. En ese informe, se advierte sobre el descontento en Moquegua y la organización de un “Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Moquegua”. A este informe le siguieron otros, pero nadie en el gobierno parece haber estado dispuesto a tomarlos en serio o siquiera leerlos.

Por lo pronto, el Moqueguazo’nos deja varias lecciones. Primero, el crecimiento económico incita las demandas regionales por una distribución equitativa de los recursos. A más grande la torta, mayor el interés en obtener un buen pedazo de ella. Segundo, la buena gestión de Jorge del Castillo como primer bombero de la Nación no es suficiente. También es necesario que los ministerios estén involucrados con las demandas relacionadas con sus sectores. En este caso, el Ministerio de Energía y Minas se quedó dormido.

Finalmente, el Moqueguazo nos ha servido para constatar una peligrosa falta de coordinación entre los servicios de inteligencia y el gobierno para detectar aquellos actores dispuestos a realizar acciones inaceptables como lo son el bloqueo de carreteras y el secuestro de funcionarios del Estado. En enero del 2005 tuvimos otro “azo” – el Andahuaylazo con Antauro Humala. Este nuevo azo, el Moqueguazo es, sin duda, una advertencia para el futuro que debe ser tomada muy en serio.

Por Bernd Krehoff

Fuente: Resumen Semanal de DESCO N° 1493