Esta semana se ha abierto un nuevo frente de combate regional en el sur del país. A diferencia de la mayoría de conflictos, que enfrentan al gobierno central con las regiones, esta vez, la disputa es entre dos regiones vecinas: Tacna y Moquegua. La razón del enfrentamiento es la repartición del canon minero.

Para entender la raíz del conflicto, es necesario repasar cómo opera el canon. El canon minero es el monto que recibe cada región en que opera una mina por concepto de impuesto a la renta. En el caso de la minería, el 50% del impuesto a la renta que abona cada empresa minera al Estado queda en la región en que está afincada. El problema se ha sucitado porque la Southern Peru, que extrae cobre, opera en dos departamentos: la mina de Cuajone se ubica en Moquegua y la de Toquepala en Tacna. ¿Cómo se debe repartir entonces el dinero entre ambas regiones?

El decreto supremo 005-2002 que reglamenta la Ley de Canon contempla en su cuarto artículo que cuando una empresa minera posea “concesiones mineras o unidades económicas administrativas en explotación ubicadas en circunscripciones distintas, la distribución se realizará en proporción al tonelaje de mineral beneficiado”. El gobierno ha interpretado todos estos años que “el tonelaje de mineral beneficiado” es el material explotado (incluidos tierra y material sin procesar), es decir, la cantidad de toneladas movidas para extraer el mineral. Durante el año pasado en la mina de Toquepala se movió mayor cantidad de material que en Cuajone debido a una menor concentración de mineral. Sin embargo, en cuanto a producción, Cuajone obtuvo mejores resultados.

Por supuesto, en Moquegua discrepan de los criterios del gobierno y consideran que la asignación del canon debe calcularse en base a las toneladas de cobre que se producen en cada una de las dos minas. En 2007, Southern produjo 359 mil toneladas de cobre. De este volumen, 189 mil toneladas correspondieron a lo extraído de Cuajone (52%), de modo que si Moquegua hubiese obtenido el 52% del canon, habría recibido más de 468 millones de soles, en vez de los 188 millones que llegaron a su cuenta bancaria.

Sin embargo, no son solamente los moqueguanos los que han advertido un posible error en la interpretación del decreto supremo. La legisladora por Cajamarca, Cecilia Chacón, presidenta de la Comisión de Energía del Congreso, envió un oficio al premier Jorge del Castillo y los ministerios de Energía y Minas y de Economía, indicando que el Ejecutivo está malinterpretando las normas en el reparto del canon. El propio Pedro Pablo Kuczynski, uno de los que rubricó el decreto supremo 005-2002 como ministro de Economía del toledismo, dijo no estar de acuerdo con ese dispositivo porque “las utilidades se generan del cobre y no del material removido” (fuente: Caretas).

Ante el escalamiento del conflicto, la minera anunció que estaba dispuesta a llevar dos contabilidades distintas para cada una de las minas, de modo que, en la práctica, el canon ya no se calculara como si fuera una sóla empresa. Pese a algunas reticencias iniciales, el gobierno aceptó la propuesta de Southern (fuente: El Comercio, 14/06/08). Se trata, sin duda, de la solución más fácil y más lógica y sorprende, por tanto, que los diferentes gobiernos esperaran cinco años y una paralización de nueve días para llegar a esa conclusión, en especial si se tiene en cuenta que Southern es la única empresa que opera en más de una región.

La paralización de los últimos nueve días tuvo un costo económico y social altísimo. Sólo en los tres primeros días del conflicto se perdieron 20 millones de soles. Los moqueguanos bloquearon la carretera Panamericana Sur a la altura del puente Montalvo, con lo que impidieron el ingreso a Tacna por el norte, dejándola desabastecida. Ironías de la historia, el premier Jorge del Castillo anunció que se establecería un puente marítimo con Tacna y que el barco fletado con el cargamento desembarcaría en Arica (fuente: Perú 21, 14/06/08).

El intento de la policía de recuperar el puente Montalvo tuvo un final desastroso. En un hecho inédito, el general Alberto Jordán, encargado de la operación, fue tomado como rehén junto a 59 policías más por un grupo de manifestantes que apedrearon a los efectivos policiales. Jordán, había ordenado a sus subalternos acudir sin armas de fuego a la recuperación del puente. Jordán alude que la decisión se debió al temor de que se repitieran los sucesos del para agrario de Ayacucho en que murieron dos campesinos por una mala utilización de las armas de fuego por parte de la policía. Pero luego de que las imágenes del rendimiento de Jordán ante los ocupadores del puente fueran televisadas, tuvo que aceptar ser dado de baja. Los demás policías ya habían sido liberados para ese entonces (fuente: Caretas)

El martes 17 llegó a Lima una comisión negociadora proveniente de Moquegua. El gobierno esperaba que el acuerdo de dividir la contabilidad a partir del año que viene bastara para aplacar los ánimos de los representantes moqueguanos. Sus demandas eran, sin embargo, muchos más extensas. Además de la separación de cuentas, exigían el diferencial de los 468 millones que deberían haber percibido por concepto de canon en 2007. Al final, el gobierno acordó entregar 442 millones.

Ante la magnitud del conflicto de estos últimos días, queda la percepción de que se trató de un enfrentamiento estéril. Como observó un analista esta semana, se trató de una “pelea para poner más plata en el banco”. Y es que, como ha reportado Caretas, el grado de ejecución del canon en Moquegua es de apenas 40% y el de Tacna de 25%. Se trata, en definitiva de dos regiones que se pelean por un dinero que no saben cómo invertir. Paradojas del subdesarrollo: mientras las tomas de carreteras dejan millonarias pérdidas en esas regiones, el dinero de los moqueguanos y tacneños descansa impasible en las arcas del Banco de la Nación a la espera de mejores administraciones.

Ignazio De Ferrari