Rechazo es lo que ha causado el decreto legislativo 1.015, aprobado el 20 de mayo por Alan García. Este determina que las inversiones privadas en tierras de comunidades indígenas de la sierra y la selva pueden ser autorizadas si se obtienen los votos favorables de la mitad más uno de los miembros de las asambleas comunales. De esta manera se reduce el mínimo de votos antes requeridos de 66,6%.
El rechazo al decreto legislativo 1.015 proviene no solamente de presidentes regionales sino también de parte de la Defensoría del Pueblo así cómo del Congreso. Tanto la Defensoría como 32 Congresistas están en contra de este decreto ya que lo consideran inconstitucional.
Según la Defensoría este decreto es inconstitucional ya que contraviene al artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por Perú en 1993 y ratificado al año siguiente así como los artículos 2, inciso 19, y 89 de la Constitución del Perú. Los Estados adherentes al convenio en mención, Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 1989, están obligados, por el inciso 1 del artículo 2, a
asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.
Los presidentes regionales de Lambayeque y de Junín, Yehude Simon y Vladimiro Huaroc, respectivamente, temen se quiera forzar a los comuneros la entrega de tierras a las grandes empresas. Por su lado los expertos en temas regionales Eduardo Ballón y Javier Azpur creen que esta modificación al Decreto Legislativo 1.015 va a generar conflictos ya que esta no ha sido consultada con los representantes de las comunidades. No hay que olvidar que muchas de las comunidades están ubicadas en zonas que son de conflictos por actividades extractivas.
Con este nuevo decreto el presidente García busca promover la inversión privada en la sierra y la selva ya que de esta manera se permitiría una participación más activa de los comuneros en estas regiones. García sostiene que los comuneros de la sierra y selva estaban siendo discrimados ya que para la costa ya era vigente la norma ahora impuesta.
Este debate deja entrever el conflicto fundamental entre la promoción de la explotación minera y la conservación de los derechos de los comuneros y del medio ambiente. Hasta ahora son muy pocas las grandes empresas mineras que han cumplido con resarcir a los pobladores que habitaban las regiones ahora explotadas. Los ejemplos más conocidos son los de Majaz y Rio Blanco. Tanto en Majaz como en Rio Blanco las empresas mineras ignoraron las consultas comunales que se oponían a la explotación minera y continuaron con las mismas. Esta actitud prepotente de las empresas mineras y la falta de atención del Estado peruano a las demandas de los comuneros crean un ambiente conflictivo que impide cualquier diálogo.
Como señala la revista Bajo la Lupa
la participación ciudadana debe darse en el marco de un proceso de planificación concertado. Esta planificación concertada debe establecer lo que se denomina un „ordenamiento territorial“, que defina si la minería puede convivir con la agricultura, el medio ambiente y el turismo, o si hay que priorizar alguno de estos bloques productivos para el mejor aprovechamiento de nuestros recursos.
Fuentes: Agencia de Noticias Inter Press Service (IPS)
Revista Bajo La Lupa (http://www.bajolalupa.net/)
Resumen Semanal DESCO N° 1490
Realmente creo y estoy seguro que es momento que nosotros como peruanos debemos poner nuestras reglas y proteger lo que es nuestro y mas que todo defender a los pobladores de la sierra y la selva, por esto es injusto, le digo por que he sido testigo en la selva parte de yurimaguas a campesinos que fueron conductores de sus tierras por más de 45 años ahoran quieren despojar de sus tierras y hacer merecedor de esta ley injusta que desea imponer alan garcia sin ninguna consulta popular.
Creo que amigos es hora que nos levantemos y busquemos esta solución y mas que todo proteger a los campesinos.
Quienes desean integrarse a esta causa escribanme a mi correo.
Suerte.
Saludo la pagina por la pluralidad, en verdad creo que existe un miedo logico a que se abuse de la medida pero me pregunto porque creemos desde lima que los de la Sierra o los de la Selva no saben lo que es bueno para sus comunidades, la inversion se concentra en la costa, el hecho de decretar algo, no significa decidir por ellos, si no dar marco legal para futuras desiciones de ambas partes en este caso el poblador o campesino y el inversionista o ellos mismos que pudieran ser los inversionistas.
Creo que no hay que creer que son desvalidos y que no pueden manejar su representatividad, creo que esta norma alentará la participación de los comuneros que muy bien se organizan para sus hermosas fiestas patronales pero para otros quehaceres un poco menos, no hay que ser alarmistas pero si vigilantes y exigir al estado que regule las actividades tanto del inversor como de la sociedad civil.
Porque nosotros los de la Costa no hemos protestado si esta norma se aplica ya en la misma Costa ? y ahora si porque se aplicaría en igualdad para todo el Peru?
Muchas gracias.
Apesar que esats medidas levantan suspicacias, el Peru es uno solo, si eso se da en al costa y ha funcionado, por que no funcionaria en la Sierra, y si no funcionara pues lo revertimos pero hay que darle una chance a mover la economia serrana.
Ahora yo soy hijo de serrano y por enesima vez les digo, dejen pues de ver al serrano como disminuido mental o en una posicion de papa hijo, el serrano es igual de astuto que tu y pa salir adelante no necesita que lo subestimen ni lo traten como disminuido, lo que se necesesita en la sierra son reglas claras donde sepan que se puede hacer y que no se puede asi la gente de la sierra se sacude de tanto maton y coimero que mandan como autoridades a los pueblos andinos y selvaticos. La mejor manera de protejer cultura es dandoles sus titulos de propiedad y ellos veran si los venden o no, sino quieren vender pues nadie los puede tocar, acaso no tenemos poder judicial, si el poder judicial se vendiese pues la ciudadania peruana se debe ir contra ellos, pero la ley debe ser la ley pa todos, el imperio de la ley debe llegar hasta el ultimo rincon del peru, te guste o no te guste.
Ir a la sierra no es como ir al zoologico, entonces dejen de vernos como si fueramos ciudadanos de segunda clase y pensar que los serranos no podemos tomar desiciones por si mismos.
Tomando en cuenta lo expresado por la Defensoria del pueblo, para promulgar una ley de este tipo se ha debido primero revisar la Constitucion.
Analizandolo desde un punto de vista social, sería posible con esta ley
que 51 personas obliguen a otras 49 a variar un destino de vida; para que
ello, claramente injusto, no suceda, se establecieron mayores porcentajes. Alguno podrá esgrimir con que el caso se muestra inverso,
osea que 35 estarian obligando a 65, lo cual suena coherente, pero en realidad lo que se les pide a esa mayoria es mantener las cosas como estuvieron establecidas primigeniamente, y ya si son tantos como 66 (redondeando claro) los que desean variar las cosas se pueda hacer su voluntad y la minoria acatarla.
No creo que acotar esto sea paternalismo, y sin temor a equivocarme pieso que existen muchas diferencias entre costa, sierra y selva, por ello no se pueden replicar las cosas esperando los mismos resultados.
Atentamente
Jose Dellepiane
http://www.partidoecologista.com