Crónica semanal (28 de mayo al 3 de junio)
Friday, 6 June 2008
(Aún no hay votos.)
Loading ...Rechazo es lo que ha causado el decreto legislativo 1.015, aprobado el 20 de mayo por Alan GarcÃa. Este determina que las inversiones privadas en tierras de comunidades indÃgenas de la sierra y la selva pueden ser autorizadas si se obtienen los votos favorables de la mitad más uno de los miembros de las asambleas comunales. De esta manera se reduce el mÃnimo de votos antes requeridos de 66,6%.
El rechazo al decreto legislativo 1.015 proviene no solamente de presidentes regionales sino también de parte de la DefensorÃa del Pueblo asà cómo del Congreso. Tanto la DefensorÃa como 32 Congresistas están en contra de este decreto ya que lo consideran inconstitucional.
Según la DefensorÃa este decreto es inconstitucional ya que contraviene al artÃculo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por Perú en 1993 y ratificado al año siguiente asà como los artÃculos 2, inciso 19, y 89 de la Constitución del Perú. Los Estados adherentes al convenio en mención, Sobre Pueblos IndÃgenas y Tribales en PaÃses Independientes de 1989, están obligados, por el inciso 1 del artÃculo 2, a
asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.
Los presidentes regionales de Lambayeque y de JunÃn, Yehude Simon y Vladimiro Huaroc, respectivamente, temen se quiera forzar a los comuneros la entrega de tierras a las grandes empresas. Por su lado los expertos en temas regionales Eduardo Ballón y Javier Azpur creen que esta modificación al Decreto Legislativo 1.015 va a generar conflictos ya que esta no ha sido consultada con los representantes de las comunidades. No hay que olvidar que muchas de las comunidades están ubicadas en zonas que son de conflictos por actividades extractivas.
Con este nuevo decreto el presidente GarcÃa busca promover la inversión privada en la sierra y la selva ya que de esta manera se permitirÃa una participación más activa de los comuneros en estas regiones. GarcÃa sostiene que los comuneros de la sierra y selva estaban siendo discrimados ya que para la costa ya era vigente la norma ahora impuesta.
Este debate deja entrever el conflicto fundamental entre la promoción de la explotación minera y la conservación de los derechos de los comuneros y del medio ambiente. Hasta ahora son muy pocas las grandes empresas mineras que han cumplido con resarcir a los pobladores que habitaban las regiones ahora explotadas. Los ejemplos más conocidos son los de Majaz y Rio Blanco. Tanto en Majaz como en Rio Blanco las empresas mineras ignoraron las consultas comunales que se oponÃan a la explotación minera y continuaron con las mismas. Esta actitud prepotente de las empresas mineras y la falta de atención del Estado peruano a las demandas de los comuneros crean un ambiente conflictivo que impide cualquier diálogo.
Como señala la revista Bajo la Lupa
la participación ciudadana debe darse en el marco de un proceso de planificación concertado. Esta planificación concertada debe establecer lo que se denomina un „ordenamiento territorial“, que defina si la minerÃa puede convivir con la agricultura, el medio ambiente y el turismo, o si hay que priorizar alguno de estos bloques productivos para el mejor aprovechamiento de nuestros recursos.
Fuentes: Agencia de Noticias Inter Press Service (IPS)
Revista Bajo La Lupa (http://www.bajolalupa.net/)
Resumen Semanal DESCO N° 1490
