La democracia tutelada
Sunday, 18 May 2008
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El Congreso ha estado en el centro del escrutinio público en los últimos años. Lamentablemente, ha sido por razones poco felices que los legisladores han ocupado los titulares de la prensa. Como se recuerda, en la legislatura pasada, un congresista de Perú Posible (PP) juró por “Dios y por la plata†y otro fue desaforado acusado de violar a una menor de edad. Poco antes de iniciar la legislatura actual, dos parlamentarias elegidas irrumpieron violentamente en el hemiciclo para protestar contra la aprobación del TLC con los Estados Unidos.
Si bien los bochornos de los últimos tiempos han contribuÃdo a enlodar la imagen del Congreso y han afectado, probablemente de manera irreversible, su credibilidad, el verdadero problema del Parlamento pasa por la baja calidad legislativa. Ante esta realidad, las medidas que se han propuesto han consistido en reformar el sistema electoral en su sentido más amplio. Una de las propuestas que tuvo más acogida fue la de exigir un tÃtulo profesional a los candidatos. Según sus propulsores, esta medida permitirÃa alcanzar una mayor especialización entre los legisladores que, de esa manera, redactarÃan leyes de mayor calidad. En la misma lÃnea, el legislador Javier Valle Riestra propuso restablecer el bicameralismo con una cámara alta elegida indirectamente y a la que sólo accedieran personajes de la sociedad civil, como representantes de los colegios profesionales, de los gremios empresariales y de los sindicatos.
Los “guardianes†de la democracia
Con diferentes matices, ambas propuestas plantean el establecimiento de una democracia tutelada. Esto no significa, como en el pasado, que sólo unos pocos ciudadanos tienen derecho al voto, pero sà que no todos los ciudadanos que alcanzan la mayorÃa de edad tienen derecho a ser elegidos.
Como explica Robert A. Dahl en On Democracy (1998, p. 69-70), el argumento central de los defensores de la democracia tutelada es que no todos los miembros de la sociedad son los suficientemente competentes para gobernarse a sà mismos y que, por tanto, el poder debe ser entregado a aquellas personas que están en condiciones de desempeñar esa tarea con mejor juicio. Los defensores de ese modelo parten de la suposición de que esos “tutores†(aquellos con tÃtulo profesional o los representantes gremiales, por ejemplo) tienen un mejor conocimiento de dónde radica el bien común y de cómo alcanzarlo. No sin cierto cinismo, asumen que esos tutores no priorizarán los intereses de ciertos grupos sociales sobre otros. Precisamente en este último punto, alegan, radica la naturaleza democrática de su modelo. Sobre eso volveremos más adelante.
El razonamiento de los valedores de la democracia tutelada puede ser mejor explicado con algunas analogÃas sobre las competencias de los expertos. Suponemos, por ejemplo, que un médico cuenta con las competencias necesarias para tomar decisiones en materia de salud, el abogado en cuestiones legales, el piloto para llevarnos a buen puerto a nuestro destino, etc. Si en todos esos casos recurrimos a la guÃa de los expertos, ¿por qué no hacer lo mismo en materia de gobierno?
