La invisibilidad de la sociedad peruana

Para un observador extranjero, lo que más destaca de la vida política y social peruana es la invisibilidad de su sociedad civil. Se llama sociedad civil al “conjunto de instituciones cívicas y asociaciones voluntarias que median entre los individuos y el Estado” (1), o sea, en este caso, entre los peruanos y el gobierno aprista. Dada la ausencia de mediadores, los ciudadanos se encuentran de cara a cara con la clase política, que maneja los asuntos públicos casi sin ningún contrapeso.

La ausencia de una sociedad civil

No es normal que sean los congresistas quienes definan y debatan sobre la interpretación de la Constitución, siendo jueces y parte al mismo tiempo. No es normal que hayan sido ellos quienes decidieran abrir una investigación después de la muerte de cuatro personas en las protestas agrarias. No es normal que todos estén al tanto de los casos de corrupción sin que se haga nada. Tampoco lo es que un ministro esté implicado en un escándalo de corrupción y siga en el puesto, esperando que el caso pase al olvido.

Para interpretar la Constitución hacen falta constitucionalistas y especialistas en derecho. Para apaciguar las protestas hacen falta negociaciones y diálogo entre el Estado y los sectores sociales, en representación de los distintos intereses involucrados. Para luchar contra la corrupción hace falta una justicia imparcial. Y para dar el ejemplo al país hace falta una clase política íntegra, que prefiera marcar distancia de los culpables en vez de compartir la corrupción.

En definitiva, lo que le falta al Perú son unas referencias morales, dignas, intelectuales. Pensadores con los cuales la gente se sienta tan representada como con sus políticos. Los deportistas o los escritores pueden encarnar las aspiraciones de un país, lograr la identificación con el necesario orgullo nacional. Pero es necesario ir más allá. Hay que alimentar la opinión pública para que el debate sea vívido.

La política actual se resume en un monólogo alanista cuyo propósito es acunar las dudas del país. Además, al salir de las “ideologías bloqueantes” y en ausencia de una verdadera oposición, este discurso larguísimo se difunde y ocupa todo el espacio político, y por ende, público. Pero parece que muchos no esperan más que saber lo que el papá gobierno hará para solucionar sus problemas. Se quedan esperando todo de su actuación a corto plazo, de su palabra taumatúrgica, de su discurso tranquilizador: vamos creciendo, vamos avanzando, el país es más rico que nunca y controlamos la inflación; que duerman tranquilos, el gobierno lo vigila todo.

La experiencia francesa

Sin embargo, la política no se limita a los políticos. Estos hombres y mujeres que eligieron entregarse al voto popular no son los únicos que tienen la palabra. Siguiendo el espíritu del Acuerdo Nacional convocado por el ex presidente Toledo, hay que abrir las puertas del espacio público, y en eso la reciente experiencia francesa puede ser útil. Entre las primeras medidas tomadas por el nuevo presidente galo, Nicolas Sarkozy, figura la creación de varias comisiones.

Cada una está encargada de un tema (por ejemplo, el crecimiento económico, la reforma de las instituciones, el medio ambiente o la integración de los descapacitados) y es conformada por varios actores: expertos en su dominio, intelectuales, políticos franceses y extranjeros de varios partidos, presidentes de asociaciones y ONGs, economistas, juristas, periodistas… Cada comisión tiene libertad plena para entregar un informe lúcido, honesto y distinto al habitual maniqueísmo político de los informes destinados a legislar.

La elaboración del informe se hace de forma pública y transparente. Así, los vídeos de las entrevistas hechas por los comisionados están disponibles en la página web de la comisión, y a la fecha pedida el informe es publicado y entregado a los políticos, y son ellos los que tendrán que legislar sobre el tema.

Procurar no repetir los errores clásicos

La creación de comisiones para contribuir a la reflexión política debe procurar evitar dos errores muy habituales en este campo.
Por una parte, y muy a menudo, la creación de comisiones suele servir para enterrar un tema, demorando lo suficiente para que se retire de la actualidad inmediata, y produciendo un informe confidencial que nadie puede leer. Esta vez, el carácter público del trabajo de la comisión, sumado al hecho de que no haya sido creada para responder a la actualidad política sino para reflexionar serenamente sobre problemas generales, parece garantizar el éxito de la empresa.

Por otra parte, solucionar problemas recurriendo a expertos hace temer un régimen tecnócrata, un frío “reino de los expertos” sin legitimidad demócrata. Hay que respetar la separación entre expertos y políticos -generalistas por naturaleza- quienes no persiguen el mismo objetivo. Se dice que los técnicos proponen, y los políticos disponen. Lo podemos ver de otra manera. En este caso, los políticos solicitan, los técnicos responden, los políticos lo asumen y los técnicos podrán hacer la crítica. Así se respeta la justa y necesaria separación entre ellos, y al mismo tiempo se asegura su colaboración para el bien común del país.

No se debe oponer los ciudadanos a los políticos, sino lograr esta colaboración. La nominación de los miembros de las comisiones y las entrevistas de responsables permiten movilizar las energías creadoras de un país, dando la palabra a las autoridades intelectuales y a los ciudadanos no comprometidos en política sino en religión, en justicia, en sindicatos, en ingeniería, en asociaciones u cualquier otro tipo de compromiso público. Esto contribuye a darle vida a la sociedad civil de un país, respetando al mismo tiempo la legitimidad política que es la que convocará y legislará al final.

¿Hacia la aplicación peruana?

Esta estrategia podría aplicarse en el Perú. Son tantos los temas que necesitan un poco más de atención, y tantos, sí, tantos los que podrían aportar soluciones. Los temas de la pobreza y la delincuencia, la informalidad y el cumplimiento de la norma, la seguridad y el transporte público, la descentralización y la unidad nacional permiten nutrir varios debates nacionales.

Los expertos sí existen. Por su apatía política, muchas agrupaciones no participan en el debate a pesar de tener las competencias necesarias. También las tienen las ONGs y las asociaciones, las iglesias y los responsables eclesiásticos, los rectores académicos y los universitarios de renombre: Todos pueden contribuir, sin alienar su libertad de pensamiento ni sufrir instrumentalización política, al desarrollo del país.

Para lograr estas metas, se necesita ante todo una voluntad política fuerte, dispuesta a ir hasta el final para que estos informes no caigan el olvido después de su entrega. Se necesita mucho valor para aplicar una reforma necesaria pero impopular, incluso cuando no queda otra alternativa. Mucho valor político y mucha pedagogía, y en eso puede ayudar el debate público. En el Perú, la sociedad civil puede influir en el cumplimiento de las reformas, ya que no es sólo el partido mayoritario quien debe definir el calendario político.

Por François Rambaud*, escritor invitado

* Estudiante de Ciencia Política en el Institut d’études politiques de Paris (Sience Po). De intercambio por un año en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

(1) Gonzalo Gamio, ¿Qué es la sociedad civil? Disponible bajo: http://palestra.pucp.edu.pe/index.php?id=31&num=1

Imagen tomada de: http://www.alanperu.blogcindario.com