Cuando el silencio delata: Violencia contra mujeres en el Perú
Thursday, 17 April 2008
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Hay silencios buenos y silencios malos. Silencios que señalan el fin de un problema y silencios que encubren un tabú. En el Perú, el problema de la violencia de género aparece poco en los medios. Y cuando aparece, lo hace de forma casi rutinaria, al igual que los accidentes de tránsito. España se encuentra en plena campaña contra la violencia de género. DeberÃamos seguir el ejemplo.
Los datos
Un estudio reciente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala que la violencia doméstica constituye la forma más frecuente de violencia contra las mujeres a nivel mundial (fuente: presione acá, pág. 7). Resulta muy difÃcil cuantificar el nivel de violencia doméstica en el Perú, pues muchos casos no son denunciados. Según la Organización No Gubernamental (ONG) Manuela Ramos, que viene trabajando el tema desde hace 30 años, se registraron más de 57 mil denuncias por violencia familiar entre enero y agosto del 2007. Esto equivale a 238 denuncias por dÃa. Las cifras revelan, además, que en el 90% de estos casos las vÃctimas son mujeres. La mayorÃa de casos se encuentran en Lima, Cusco y Arequipa (fuente: presione acá).
La violencia contra la mujer se puede manifestar de forma fÃsica o psicológica. El maltrato fÃsico ocurre a través de golpes o violencia sexual, mientras que la violencia psicológica se basa en amenazas, aislamiento o insultos graves. Se suele pensar que la violencia fÃsica es siempre la peor, pero un maltrato emocional prolongado puede causar graves daños, incluyendo depresiones, deseos de venganza y de suicidio. Por ello preocupa que los casos de violencia psicológica o no son denunciados, o no son aceptados por la PolÃcia Nacional como motivo para sentar denuncia (fuente: DefensorÃa del Pueblo, págs. 117-118).
Si bien la violencia doméstica es el caso paradigmático de violencia contra la mujer, no es el único ámbito, ni mucho menos. Los insultos del jugador uruguayo Mario Leguizamón contra el árbitro femenino Silvia Reyes son solamente la punta del iceberg. Ahà están las denuncias de las cadetes femeninas contra sus superiores en la PolÃcia Nacional por acoso sexual (fuente: presione acá). Ahà están los repetidos casos de violencia contra mujeres policÃas. El Ministerio del Interior señala que diariamente se producen 40 casos de agresiones fÃsicas y verbales contra las mujeres policÃas de tránsito (fuente: presione acá).
Se trata, pues, de un problema sistémico que asoma cual monstruo de mil cabezas desde las distintas esferas de la sociedad peruana. En la mentalidad de muchos, la mujer aún no es vista como persona con los mismos derechos y la capacidad de asumir las mismas responsabilidades que los hombres. De acuerdo al informe del UNICEF antes mencionado, en el año 2000 el 73% de los terrenos privados del Perú estaban en manos de hombres, mientras que un 13% pertenecÃa a mujeres y otro 13% a hombres y mujeres en conjunto (pág. 42).
Datos tan simples como estos muestran la situación de dependencia en la que se encuentra la mayorÃa de mujeres. Si a ello le sumamos el hecho de que muchas mujeres no perciben salarios, y que las que tienen ingresos suelen ganar menos que los hombres por más que se trate del mismo puesto (pág. 40), resulta fácil imaginar la situación de dependencia en la cual muchas mujeres se encuentran.
La estrategia
El Estado peruano no se ha quedado con los brazos cruzados. Mi colega Ignazio De Ferrari nos explica que las primeras comisarÃas especializadas en defender a mujeres maltratadas se instalaron en 1988. Siguiendo el ejemplo de Brasil, las comisarÃas contaban con oficiales mujeres para asegurar un trato adecuado y que las denuncias de las vÃctimas fueran tomadas en serio.
Bajo el régimen de Alberto Fujimori, el Congreso Constituyente Democrático aprobó en 1994 la ley 26260 que condenaba la violencia familiar, pero sin especificar qué casos constituyen maltratos fÃsicos y psicológicos. A partir de 1997, la ley obligaba a las partes en conflicto a usar la conciliación antes de recurrir a un juicio. De esta manera, se impedÃa el acceso directo a la justicia para las mujeres.
¿Qué sentido tiene obligar a una mujer a sentarse a dialogar con su marido cuando este seguirá maltratándola cuando vuelvan a casa? El proceso de conciliación para casos de violencia familiar fue eliminado en el 2002, pero la DefensorÃa del Pueblo señala que muchos jueces e incluso policÃas aún la aplican (fuente: presione acá, pág. 120).
Lamentablemente, el problema no es solamente legal. En su artÃculo, De Ferrari narra cómo las barreras culturales y una mentalidad misógina pueden hacer del acceso a la justicia una tarea virtualmente imposible.
En España, el gobierno de José Luis RodrÃguez Zapatero emitió en el 2004 la Ley Integral contra la Violencia de Género. Esta ley tiene como objetivo mejorar la gestión judicial, la protección de las vÃctimas y facilitar su reinserción a la sociedad.
La ley dispone la creación de 400 juzgados especializados en casos de violencia doméstica, un fiscal contra la violencia de género y el endurecimiento de las penas para los agresores. Además, se decidió crear un delegación adjunta a la DefensorÃa del Pueblo encargada de hacer un seguimiento a los casos de violencia de género y de evaluar la gestión del Estado. Se creó una asignatura especial en los colegios para conscientizar a los niños y adolescentes sobre el problema.
Las vÃctimas de la violencia de género pueden participar de un programa de reinserción laboral que les brinda ayuda económica e incentivos laborales para los empleadores (fuente: El PaÃs).
Los medios españoles han asumido la violencia doméstica como un tema de primera plana. Se trata de un problema que gran parte de la sociedad española ya no está dispuesta a tolerar. Ese nivel de conscientización aún no existe en el Perú. Las leyes pueden prometer mucho, pero sirven poco si la sociedad sigue marginando la violencia de género como un tema del cual es mejor no hablar demasiado.
En un excelente informe, la DefensorÃa del Pueblo ha analizado casos de violencia familiar que llegaron al Poder Judicial. En los casos en que el juez ordenó el pago de una indemnización, esta osciló (salvo contadas excepciones) entre 40 y 200 soles (fuente: presione acá, pág.120). El informe critica, además, la ausencia de protección policial para evitar que las vÃctimas vuelvan a ser agredidas (a pesar de que las leyes les confieren este derecho). Al parecer, el sufrimiento de las mujeres maltratas no vale mucho.
Por Bernd Krehoff
También en Perú PolÃtico:
Ignazio De Ferrari: Violencia Doméstica en el Perú
Otras fuentes:
Imagen tomada de: http://www.fiscaliadn.gob.do/
