Bolivia, una vez más, en el ojo de la tormenta

Esta semana, las calles de El Alto y La Paz se vieron, una vez más, desbordadas por manifestantes contrarios a la recientemente promulgada ley de hidrocarburos. En su mayoría campesinos cocaleros, los manifestantes, dirigidos por el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, demandan la nacionalización de la industria energética.

Luego de un silencio prolongado, el presidente Carlos Mesa, anunció el martes que culminará su mandato constitucional que finaliza el 6 de agosto de 2007. De esa manera buscó calmar los ánimos de la población ante rumores de un posible golpe de estado liderado por el presidente del Congreso, Hormando Vaca Diez, y las Fuerzas Armadas.

En un país que ha vivido cerca de 200 golpes militares en sus 180 años de historia republicana, un nuevo resquebrajamiento del orden constitucional tendría consecuencias nefastas. El ejército parece entenderlo así y ha negado cualquier posibilidad de golpe. Sin embargo, su comandante, el general César López, ve con preocupación el espiral de caos en el que se ha caído y siente que “el país está en el camino de la desintegración”.

La tesis de López no es descabellada. Por lo pronto, la próspera región oriental de Santa Cruz ha anunciado la convocatoria a un referéndum con el fin de sellar su autonomía. Su pedido se sustenta en las firmas recolectadas en los últimos meses con el fin de llamar a dicha consulta. A Santa Cruz se le han sumado en los últimos días otras tres regiones: Beni (noreste), Tarija (sur) y Pando (norte).

Las regiones occidentales del país, entre las que se encuentra La Paz, se oponen a esa medida. Temen perder los beneficios derivados del principal recurso natural del país, el gas, que se extrae de las provincias independentistas.

Para la segunda mitad del año está prevista la instalación de una Asamblea Constituyente que reforme la Constitución. Según Mesa, la Constituyente debe solucionar el tema de las autonomías con una Carta Magna que establezca un modelo que incluya componentes federales. “No hay en consecuencia, ni debe haber, exclusión entre referéndum autonómico y Asamblea Constituyente”, señala el presidente.

El margen de maniobrabilidad política de Mesa es, sin embargo, limitado ya que no cuenta en el Congreso con un partido político que lo respalde. A su débil posición en el sistema de partidos se suma las críticas constantes que recibe de parte de los cocaleros, de los criollos de Santa Cruz y de los empresarios. En los tres frentes sienten que Mesa los ha traicionado. Los primeros consideran que se ha aprobado una ley de hidrocarburos que favorece al capital extranjero. Los empresarios, critican igualmente la ley, la que consideran ahuyentará cualquier inversión en el sector. Los cruceños se quejan de la pasividad de Mesa frente a la cuestión autonómica.

Ante esta situación, las voces de aquellos que demandan la renuncia de Mesa y la convocatoria inmediata de elecciones presidenciales empiezan a cobrar fuerza en la opinión pública. Coinciden en que sólo de esa manera se saldrá del entrampamiento político. La composición actual de la cámara no refleja las verdaderas relaciones entre las fuerzas políticas. El Congreso está dominado por cuatro partidos: el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), con el que Sánchez de Lozada ganó las elecciones de 2002, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) del ex presidente Jaime Paz Zamora, Nueva Fuerza Republicana (NFR) y el MAS. Los primeros tres son partidos tradicionales cuya credibilidad se encuentra por los suelos. De adelantar las elecciones, quedarían marginados del poder dos años antes de lo previsto.

La sociedad boliviana y la comunidad internacional se preguntan por estos días si es que Bolivia es verdaderamente un país viable. A la polarización ideológica entre la izquierda recalcitrante del MAS y la derecha neoliberal que perdió la primera pulseada con la huida de Sánchez de Lozada, se suma el conflicto étnico.

Futuro incierto el de los vecinos del sur.

Ignazio De Ferrari